Respuesta de la UGTE al Ministro de Relaciones Laborales

CARTA A LA OPINION PÚBLICA

Pobrísima la perfomance del flamante Ministro de Relaciones Laborales en periódicos y TV, al punto de que sus lánguidas explicaciones reflejan desconocimiento supino de competencias, normativa, estadística y por sobre todo, la realidad nacional. A lo largo de sus decires, queda claro que no se encuentra entre los propósitos de la cartera del derecho humano del trabajo, el respeto a la Constitución y el Derecho Social. Si, así se obra en el M de R. L. obviando la Constitución y atropellando a veces con ignorancia y otras con mala fé los principios e instituciones, que para el Ministro pasan de largo en su apreciación que no es ni técnica ni mucho menos.

Ignora el Ministro, que las figuras legales, no son cromos de álbum, si no consecuencia de un sistema legal hilvanado en prioridades desde lo constitucional, siempre. Se observa con que obstinación en sus declaraciones insiste en los de “nueva figura”, claro, las que él y su antecesor se inventaron por encima de la Constitución y la ahora letra muerta del Código del Trabajo.-

Entre consternación y asombro nos ha causado a quienes hacemos laboralidad, escuchar y leer que LA FIGURA EL DESPIDO SIEMPRE EXISTIÓ, no sabe el jefe de la cartera del trabajo, la barbaridad que expresa ese hecho, siempre anotado en las aulas universitarias, como violación a la ley, que lleva a CASTIGAR EL DESPIDO CON INDEMNIZACIONES, Que tal la figura hoy te mato y mañana con la cárcel y la indemnización date por servido.

No conoce el Ministro lo que dice en materia de demandas contencioso administrativa, estas se tramitan en Tribunales de lo Contencioso Administrativo, los sumarios administrativos, que son otra cosa, siempre los gana el Ministerio porqué es el que los tramita y resuelve.-

Ignora el Ministro, como se hace la limpieza y la alimentación en hospitales, allí esos servicios son permanentes, son fundamentales, no son complementarios, por el tipo de desechos que se manejan, porqué no es complementario alimentar a enfermos y trabajadores de la salud, de allí que el remoquete de externalización suena igualito a tercerización y precarización, primas hermanas de la flexibilización laboral y el nuevo neo liberalismo que se impulsa desde el gobierno.

Ignora el Ministro los dramas del desempleo , el comercio informal, y ahora de los despidos de millares de jefes de hogares, parapetado como está en el edificio inteligente.-

Si conoce el Ministro, como se ganan los concursos para cargos públicos en el Ecuador actual, simplemente estando en la clientela del movimiento de gobierno, que lo digan todos los “concursos” hasta ahora dados.

Si conoce el Ministro, que ahora es imposible aprobar estatutos de nuevo sindicatos si estos no se arrodillan al régimen, lo que es más no e registran directivas, los vistos buenos contra los trabajadores rompen records, el derecho a la reclamación colectiva y contratación colectiva se encuentran anulados, eso si lo conoce porqué ha sido el ejecutor de la política anti obrera del régimen.-

Si conoce el Ministro que no hay mentiras ni atropellos que duren cien años

Cuantas cosas ignora el Ministro, y cuantas a ejecutado en contra de los trabajadores.-

NELSON ERAZO HIDALGO

PRESIDENTE DE LA UGTE

Masiva marcha de oposición en Guayaquil PRIMERO DE MAYO

CANTIDAD. La principal marcha en el Puerto Principal fue para rechazar al oficialismo.

GUAYAQUIL

La clase obrera sindical de Guayas protagonizo una colorida y nutrida marcha en honor al Dia de los Trabajadores. La jornada estuvo marcada por la inconformidad de los trabajadores por los despidos masivos que auspicia el Gobierno en el sector publico.

El desfile, que congregó a la mayoria de las centrales sindicales del Guayas, se concentró en el sector del Parque Chile, en el sur de Guayaquil. Ahí se juntaron gremios profesionales, maestros, estudiantes y los representantes sindicales.

El MPD y su dirigencia, en compania del prefecto del Azuay, Paúl Carrasco, el asambleista Cesar Rodriguez y representantes de Pachakutik, confluyeron en el acto.

Más voces

Los médicos y los estudiantes de la Facultad de Medicina, junto al gremio que preside Luis Serrano, marcharon en demanda de la reapertura de los posgrados de especialización que están suspendidos desde hace 5 años por orden del Gobierno.

La marcha recorrió el Malecon, siguió por la avenida 9 de Octubre para llegar hasta el Centenario, donde se elevaron varios discursos. La gobernadora, Viviana Bonilla, tambien desfiló junto a un pequeño grupo afín al Régimen.

Marcela Miranda, presidenta de Participación Ciudadana, observó la marcha desde una vereda de los bajos del Banco Central. Otros manifestantes presentaron su rechazo al Gobierno en los bajos de la Gobernación, en medio del resguardo de la Policia.

EL DATO

Hubo dirigentes que denunciaron la presencia de agentes del Gobierno entre los manifestantes opositores. También hubo cámaras del Ministerio del Interior.

Correa no recibirá a excombatientes del Cenepa

El presidente de la República, Rafael Correa, no recibirá los excombatientes del Cenepa que piden la derogatoria de la Ley de Héroes y Heroínas, según indicó el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera.

“Que analicen y se evalúe (…) pero no vamos a ceder a las presiones”, puntualizó Mera.

Los manifestantes protestan en los exteriores del Palacio de Carondelet desde el lunes.

Secretaría de Pueblos pagó más de $ 200.000 en acto del 8 de marzo

El contrato especificaba la movilización de 11.840 personas, pero según el acta de entrega-recepción, se transportó a "10.840 personas a través de 271 buses” desde diferentes provincias.

La Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, entidad adscrita al Ejecutivo, fue la encargada de financiar el transporte, la alimentación y la logística para 11.840 personas que llegaron a Quito el 8 de marzo pasado para celebrar el Día Internacional de la Mujer y contrarrestar la marcha indígena que se iniciaba en Zamora Chinchipe.

Justamente esa fecha, miles de indígenas agrupados en la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) partieron desde esa provincia oriental y llegaron a Quito catorce días después. A su marcha la denominaron “Por el agua, la vida, y la dignidad” y tenía como objetivo expresar su rechazo a la minería, entre otros 19 puntos, como la no criminalización a la protesta social.

Bajo la modalidad de régimen especial, la Secretaría de Pueblos suscribió un día antes un contrato con la empresa Maxiaudio Sonido e Iluminación, de propiedad de Hernando Bayardo Muñoz, para la realización del denominado Encuentro artístico cultural en homenaje al Día de la Mujer y por los derechos de la mujer ecuatoriana, a un costo de $ 249.800, sin contar el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Así consta en el acta de entrega-recepción del 28 de marzo del 2012, firmada por Byron Obando Pazmiño, miembro de la Comisión que integró la Secretaría para la organización de este contrato; Ángel Mena Maldonado, técnico de la entidad; y Gabriela Muñoz Real, representante de Maxiaudio.

Excomisaria Jacqueline Hurtado ya salió del Ecuador

Jacqueline Hurtado, excomisaria, estaría en Bogotá.

Mañana, probablemente vía Skype, la excomisaria tercera de Policía, Jacqueline Hurtado, volverá a tener contacto con la prensa del Ecuador, con la que no ha dialogado desde el pasado 11 de abril, cuando renunció a su cargo tras el escándalo por supuestos hechos de corrupción cometidos en su despacho y los de sus colegas César Hurtado, Lorena Alarcón, Estela Narváez y Ester Ansuástegui.

Así lo dio a conocer ayer su abogado defensor, Mayquel Godoy, quien mañana dará una rueda de prensa en su despacho para, asegura, demostrar la inocencia de la excomisaria, contra quien se emitió injustamente una orden de detención.

Los cuatro comisarios, de entre quienes solo está detenido César Hurtado, están procesados por el supuesto delito de extorsión a dueños de locales de diversión nocturna y restaurantes, y se les abrió una indagación previa por el presunto uso doloso de documentos públicos, después de que la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión (SNTG) descubriera irregularidades en la emisión de boletas de libertad.

“Tenemos soporte documentado de que las denuncias son mentira; por ejemplo, no existe un video que supuestamente Transparencia tenía, que solo presentan lo que les conviene. Vamos a ver si tenemos una entrevista con ella, para que desde el exterior (estaría en Colombia) pueda decir su verdad”.

Godoy asegura que todo es político y que gente de la cúpula de Alianza PAIS, que ostenta cargos públicos como el ministro del Interior, José Serrano; y Gustavo Jalkh, secretario privado del presidente Rafael Correa, han sido quienes han buscado la forma de “hacer caer” al exgobernador Roberto Cuero, quien –según él– iba a ser el candidato a vicepresidente en reemplazo de Lenin Moreno.

En cuanto a la supuesta actitud prepotente de la excomisaria Hurtado, Godoy dice que los seres humanos cometemos errores, pero todo es un asunto político contra Cuero y la excomisaria, quien también habría recibido una propuesta para ser candidata a las elecciones.

En términos generales, detrás de todo (las denuncias contra las comisarías y el exgobernador) hay intereses políticos para ganar espacio en el camino a las próximas elecciones, sostiene el profesional. “Lastimosamente su exabrupto y su exhibición pública terminó enterrándolos a ambos (Cuero y Hurtado), eso se llama cálculo político”, comentó Godoy.

Buscan montar pruebas a los 10 del Luluncoto

por Rolando Castro 

El brutal allanamiento de los domicilios de los 10 líderes sociales, profesionales y estudiantes realizadas en la madrugada del jueves 26 de abril constituye un nuevo acto de violación de los derechos humanos, del derecho a la intimidad y a las libertades democráticas, que se inició el 3 de marzo cuando ilegalmente apresaron a las 10 personas que realizaban una reunión en el barrio de Luluncoto, previo a la Marcha por el agua, la Vida y la dignidad de los pueblos. 

Esta absurda y desmedida acción de fuerza, realizada a los dos meses de la detención, corresponde a la desesperación de la fiscal Diana Fernández, quien sin saber cómo probar el supuesto delito de atentado a la seguridad del estado, busca con esta medida crear las “pruebas” que durante estos dos meses de detención no encontró en las libertas, chips, billetes y celulares, que fueron la evidencias encontradas. Cabe recordar que a los 10 presos políticos se les pretende ligar con el estallido de bombas panfletarias y con una supuesta vinculación con el Grupo de Combatientes Populares GCP. 

Esta violenta acción dejó como resultado niños aterrorizados, mujeres y ancianos que entraron en estado de shock, que miraban absortos e indignados, como su intimidad era vulnerados, sus habitaciones y sus cosas revueltas por los miembros de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado ULCO, en busca de “otras pruebas”, mientras entre 20 y 25 efectivos del GOE los resguardaban. Con esto también se busca acallar y amedrentar a los familiares de los detenidos que sostienen junto con sus abogados una férrea defensa y frenar la solidaridad que va generando este caso. 

Por ridículo que parezca las “nuevas evidencias incriminatorias” ahora son las tareas escolares de una menor de edad que escribió un trabajo sobre el Primero de mayo, así como los recortes de la revista “Vanguardia”, de los diarios “la Hora”, “Hoy”, el “Universo” Ecuadorinmediato” que hablan de este caso y que había sido acopiados por la hija de Hugo Vinueza, estudiante de comunicación social, para realizar un trabajo académico sobre análisis de mensajes. O aún más ridículo: se llevaron la película ‘El último rey de Escocia’ (ganadora de un Oscar en 2006), la Enciclopedia sobre la Historia Universal del Siglo XX, un disco de Jaime Guevara, así como una foto de la joven en la consta la imagen del Che Guevara y su computador personal con el que realizaba sus tareas universitarias. 

Si a esto se lo cataloga como un material altamente peligroso no cabe duda que no encontramos frente a la Inquisición del Siglo XXI donde cualquier material de carácter científico, artístico y de cultura general, es considerado evidencia para la desestabilización del Estado. 

En ninguno de los lugares allanados se dejó un acta o constancia de lo que se llevaban, por lo que se puede suponer que cualquier cosa puede aparecer para satisfacer la persistente condena que se realiza desde el gobierno contra estos líderes sociales, profesionales y estudiantes a quienes se les cogió como recurso para justificar el discurso gubernamental de que había “desestabilizadores de la democracia”. Es un escenario de persecución al pensamiento que difieren con las posturas oficiales para lo cual se está armando una estructura policial para intentar controlar cada vez más a los ciudadanos, para silenciar las críticas y las denuncias de corrupción, para continuar criminalizando la lucha social y a los líderes sociales. 

Este y otros hechos que violentan las garantías constitucionales, los derechos humanos, el debido proceso deben ser denunciadas y enfrentadas con al unidad y lucha de pueblo. Estamos frente a un gobierno que conforme se debilita busca imponerse por la fuerza, a esto corresponde el anuncio del presidente Correa de que la Fuerzas Armadas entraran en la “guerra” por la seguridad ciudadana.

Punto de vista del FRIU frente al cierre de las Universidades de Categoría “E”.

• El Frente Revolucionario de Izquierda universitario siempre ha sido fiel defensor de la educación laica, gratuita y de calidad, así lo hemos defendido desde la creación de nuestro frente.

• Hemos cuestionado de manera permanente la privatización y mercantilización de la educación, en particular de la educación superior, de las famosas Universidades de garaje que lucran con el derecho del pueblo a educarse. Defendemos el derecho del pueblo consagrado en el art. 26 de la Constitución “la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.”…

• Es una responsabilidad de los gobiernos de turno haber permitido este atentado a la educación, incluso este gobierno es responsable de esta problemática, porque son cinco años de gestión y recién se toman medidas, las mismas que no responden a garantizar el derecho a la educación y mucho menos a elevar la calidad de la educación. El gobierno de Correa si fuera coherente con los estudiantes en primer lugar hubiera empezado el estudio antes, invertir en infraestructura y con mayor presupuesto a las Universidades públicas de tal manera que ellas puedan recibir a los jóvenes que tienen el problema, sin embargo como una evidencia más del doble discurso de Correa que por un lado habla de elevar la calidad de educación y por otro lado disminuye el presupuesto de la Universidad pública. En esencia lo que busca el gobierno no es calidad sino elitización

• Qué planteamos: 

1. Nuestra solidaridad con los estudiantes perjudicados por el cierre de las Universidades de categoría E

2. El gobierno, el CES deben garantizar el derecho de los estudiantes perjudicados a estudiar en cualquier Universidad pública o privada, buscando una homologación de mallas curriculares que beneficie a los estudiantes

3. Que se respete la carrera que los estudiantes seguían y no imponiendo unas pocas carreras que tendrían opción de tomar, por eso es necesario que las Universidades contemplen la creación de esas carreras y de otras, para lo cual se requiere mayor infraestructura para la Universidad pública y más presupuesto

4. Facilidades para que los jóvenes puedan acceder a créditos y becas para que puedan costear el gasto de su educación si optan por ingresar a una Universidad Privada. A los estudiantes que aspiren ingresar a una Universidad privada el Estado debe cubrir la diferencia de la colegiatura en relación con la de su anterior Universidad

Carta de los familiares de los diez detenidos el 3 de marzo en el operativo "Sol rojo"

Entre sobresaltos y con el corazón partido aun no nos acostumbramos a esta realidad, nos cambió la vida, somos 9 familias a las cuales nos hace falta un padre, una madre, un esposo, una esposa, un hijo, una hija, un nieto, una nieta, un hermano, una hermana, esos espacios vacíos sólo se llenan de esperanzas sin poder explicar a los más pequeños el porqué de su ausencia y una familia que aprende a convivir con la fuerza pública en su casa, viendo cómo crece su nuevo miembro , el o la bebé de su hija adolescente en medio de la presión, viendo impotentes cómo le cortan su derecho a un periodo de gestación tranquilo y feliz.

Nuestra fuerza: La verdad, SU INOCENCIA, el coraje en su mirada, su franca sonrisa, su abrazo siempre solidario nos permite seguir adelante, EXIGIENDO SU LIBERTAD.

¿Qué daño a la sociedad? ¿Cómo pueden atentar contra el Estado?

Profesionales. Jóvenes estudiantes, hombres y mujeres con una vida normal, trabajadores responsables, pensadores, soñadores, gente humilde, personas que se solidarizan con los demás porque han sentido la necesidad, saben lo que es llevar a la mesa comida con esfuerzo, que conocen que el estudio, el conocimiento ayudan al desarrollo, que sueñan y buscan aprender cómo vivir mejor, como aportar a la colectividad; a los que se les están despojando sus derechos que están contemplados en la Constitución de Montecristi: al trabajo, la educación, a la salud, a la libertad de credo y pensamiento, a la libre asociación; ¿dónde está la reorganización de la función judicial tan defendida por el gobierno?, ¿dónde está la imparcialidad de la justicia?, ¿dónde está el Estado de Derecho?.

¿Dónde están las pruebas de su delito?, más bien hay que preguntar ¿cuál es el delito? NO existen, no hay pruebas, no hay delito. Entonces ¿por qué siguen presos? Por que al momento de su detención no se respetaron sus derechos, por que tenerles alrededor de siete horas incomunicados, por qué confirmar la prisión preventiva y arresto domiciliario de 90 días plazo pedido por la Fiscalía para la Instrucción Fiscal, la respuesta es simple:

POR QUE NO TIENEN NADA CON QUÉ Y POR QUE ACUSARLOS.

¡EXIGIMOS SU LIBERACIÓN!, ¡PERMITANLES DEFENDER SU INOCENCIA EN LIBERTAD!

No son asesinos, no son peligrosos delincuentes, no son ladrones de cuello blanco, no son gente de dinero.

Son personas que necesitan trabajar, padres y madres de familia, jóvenes trabajadores, estudiantes, permítanles continuar con sus vidas, que no pierdan sus trabajos, sus estudios por intereses ajenos a ellos.

Denuncian irregularidad en varios contratos de Ecuador tv que superan los 6 millones de dólares

Los medios de comunicación públicos solo han servido para defender los intereses del gobierno, para atacar las posiciones de la izquierda revolucionaria, pero lo que es aún más penoso, para generar una ola de corrupción que se ha implantado desde la creación de los mismos, advirtió el asambleís del MPD, Jorge Escala, en el marco de una denuncia de actos de corrupción existentes en EcuadorTV.

Según Escala existen millonarias adjudicaciones otorgadas a dedo por parte de ECTV a la compañía PEUCRO S.A., que llegan a la cifra de USD 4'242.835 para la compra de equipos de transmisión. Dicha empresa con domicilio en el cantón Saraguro nunca ha vendido equipos de transmisión de radio y TV según certificación de la propia Superintendencia de Compañías, que aclara que su razón social es la compra y venta de madera y farmacéuticos; en el historial de negocios de esta empresa con el Estado podemos encontrar que se ha efectuado contratos con el Ministerio de Salud para la construcción de infraestructura hospitalaria. ¿Qué hace una empresa que se dedica a la compra y venta de madera y farmacéuticos y la construcción de centros de salud, como experta en la comercialización de transmisores y equipos sofisticados de radio y televisión? cuestiona el legislador Jorge Escala.

Las irregularidades con PEUCRO van más allá, puesto que esta empresa ha sido deshabilitada por varias ocasiones desde el 2008 en el Instituto Nacional de Compras Públicas por incumplimientos de sus obligaciones legales, pero aún así ha sido beneficiada con varias adjudicaciones directas a través de la figura de “giro de negocio”; estos hechos de corrupción se generalizan y hasta tienen un asidero legal, por ello es fundamental que se derogue este sistema especial de contratación que tienen las empresas públicas conocido como giro de negocio, que les permite esquivar los procedimientos normales, avalado según el Art. 104 del Reglamento a la Ley de Contratación Pública, aprobado por el Presidente de la República, aseveró el Asambleísta Escala.

Directivos del canal estarían involucrados

Escala denunció además que directivos de Ecuador TV se verían involucrados en un tráfico de influencias; señaló que el 17 de diciembre de 2008 se le adjudicó un contrato de USD 457.760 al “proveedor de equipos” Marcelo Vélez quien incumplió con la entrega de los mismos, pero paradójicamente a ello fue “premiado” por el Gerente del canal público, Enrique Arosemena, otorgándole un contrato de servicios profesionales desde el 15 de febrero del 2009 al 15 de octubre del 2010, en lo que denominaron “servicio de ingeniería de proyectos”, a pesar de que Vélez no registra ningún título de ingeniero en la SENESCYT. Pero eso no es todo, el 12 de octubre del 2009, Arosemena adjudica a Vélez otro contrato para la provisión de equipos de transmisión por USD 1'072.580, a pesar de que no podía hacerlo por tratarse de un funcionario público.

Lo más grave es la vinculación de Vélez y Walter Giovanni Merizalde, actual Gerente Técnico y de Operaciones de ECTV, cuya esposa, Sandra Orellana de Merizalde, era quien proveía de los equipos desde una de las empresas de los esposos Merizalde con sede en Miami, denominada ITALCAST.

Finalmente, el legislador denunció el caso del mexicano Jaime Palavicini Esponda, que también registra negocios irregulares entre su compañía CENCADEMOR y ECTV por el valor de USD 332.718. Resulta que esta empresa no existe en el Ecuador, pero además, de acuerdo a los datos proporcionados por el departamento de Migración de la Policía Nacional, Palavicini no se encontraba en el país al momento de la firma de dichos contratos. Estos hechos solo demuestran que la corrupción del siglo XXI está campante. Estaremos vigilantes para que estos negociados que suman un total de USD 6'105.893 sean investigados y se castigue a los responsables por parte de la Fiscalía y demás entidades de control, anunció el Profesor Jorge Escala.

Universidad Popular con orden de cierre definitivo

El Consejo Universitario de la Universidad Central del Ecuador UCE, en sesión realizada el pasado 10 de abril, resolvió el cierre definitivo de la Universidad Popular, institución de servicio a la comunidad dependiente de la UCE, que forma, capacita y tecnifica a los trabajadores del país. Según la resolución del HCU la Universidad Popular carece de técnico y legal, no obstante haber funcionado desde hace 75 años. En ella estudian trabajadores interesados en calificar sus capacidades de trabajo y elevar sus conocimientos culturales; a través de la Universidad Popular la UCE podido cumplir con el precepto universal de “LA UNIVERSIDAD AL SERVICIO DEL PUEBLO.

Desde 1938 la UP ha otorgado títulos técnicos en diferentes especialidades a quienes culminan sus estudios tras aprobar 5 semestres y una tesis de grado, sin embargo aquello también ha sido negado por Consejo Universitario denuncia Edwin Carvajal, presidente del Consejo Estudiantil de la UP, por lo que pide que se deje sin efecto esas resoluciones que atentan a derechos constitucionales de quienes tienen el interés de educarse. 

A pesar de las gestiones realizadas ante las autoridades universitarias los estudiantes no han obtenido respuesta favorable, por lo que se han visto en la necesidad de presentar una acción de protección, para impedir que se atropellen sus derechos que como estudiantes y parte de este pueblo.

Organizaciones sociales preocupadas ante posible suscripción de TLC

Las organizaciones sociales abajo firmantes en coherencia con la lucha histórica en defensa de la soberanía del Ecuador cuando se intentó firmar el ALCA y luego el TLC con los Estados Unidos, ratificamos nuestra adscripción a la creación de una sociedad plurinacional e intercultural en sintonía con el Sumak Kawsay, y exigimos lo siguiente, al Presidente de la República, sus ministros, los y las asambleístas y demás entidades del Estado vinculadas con el reinicio de las negociaciones comerciales con la Unión Europea:

Respetar la Constitución del Ecuador y no proseguir con las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio (TLC), ni comenzar a negociar un Tratado de Inversiones el cual implica el sometimiento a arbitrajes internacionales.

No negociar con ningún país Acuerdos Comerciales multipartes sin antes convocar a un proceso de plena participación social y haber realizado y socializado los posibles impactos de estos Acuerdos o Tratados, a sectores estratégicos como compras públicas, patrimonio biogenético, propiedad intelectual, agricultura, acceso a medicamentos, soberanía alimentaria, economía popular y solidaria, derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas, entre otros.

Cumplir con el compromiso histórico adquirido en campaña electoral de no firmar Tratados de Libre Comercio y no someter la soberanía del Ecuador a arbitrajes internacionales, ya que estos instrumentos comerciales benefician solo a las transnacionales europeas y a un reducido grupo de agroexportadores ecuatorianos, mientras vulnera derechos fundamentales como son el derecho a la salud, al agua, a la alimentación, a la seguridad social, a un hábitat sano sin transgénicos ni residuos tóxicos, el derecho al trabajo sin maquilas ni competencia desleal, etc.

Estamos vigilantes ya que pese a que el Presidente ecuatoriano ha afirmado reiteradamente que no se firmará un Tratado de Libre Comercio sino inicialmente un Acuerdo de Asociación y ahora un Acuerdo Comercial para el Desarrollo, denunciamos que el cambio de nombre no cambia los contenidos de los temas tratados en las mesas de negociación que siguen siendo las mismas y con los mismos parámetros que tenían cuando Ecuador se retiró de la negociación exigiendo a la Unión Europea respuestas concretas en el tema migratorio de la Directiva de Retorno y en el cumplimiento del dictamen de la OMC sobre el arancel del banano.

Advertimos que a pesar de las afirmaciones del Presidente de la República y a su convicción de no firmar TLCs según lo ha manifestado incluso en el libro “El rostro oculto del TLC”, son preocupantes las contradicciones y declaraciones de sus subalternos, principalmente del Ministro de la Producción y, sobre todo, con las declaraciones enfáticas de los funcionarios de la Unión Europea de que el Acuerdo Comercial con Ecuador debe ceñirse a lo firmado con Colombia y Perú, según lo estipula el artículo 329 del texto final del TLC que está en proceso de ratificación con estos países a pesar de la amplia oposición de sectores sociales, quienes han realizado con esfuerzos propios, los estudios que comprueban los graves impactos de estos tratados a sus derechos e iniciativas de vida digna.

Dejamos en claro la negativa del equipo negociador, desde la Cancillería, a permitir la participación de representantes de las organizaciones sociales y demandamos se transparenten, sin ocultamiento alguno, los contenidos de los acuerdos que se pretenden firmar y los términos de las conversaciones que los funcionarios del gobierno nacional sostienen en Europa.

Quito, 9 de abril del 2012 

Siguen firmas…

La corrupción en la revolución ciudadana

por Remo Cornejo Luque

...el año anterior Transparencia Internacional afirmó que el Ecuador ocupa el "7 lugar de los más corruptos de América Latina", y que "una de las cualidades del Régimen ha sido dejar en la impunidad casos de corrupción"...

Todo modo de producción que crea desigualdad, pobreza, exclusión e inequidad social es fomentador de corrupción. Dicho de otra manera, la corrupción es inherente, consustancial, a la sociedad capitalista que se erige sobre los hombros del individualismo, la explotación laboral y la injusticia social. Por lo tanto no tiene nada de extraño que el gobierno de Correa tenga como uno de sus rasgos distintivos a la corrupción, aunque haya jurado "por la revolución ciudadana" combatirla.

De hecho, solo para entender este fenómeno, el año anterior Transparencia Internacional afirmó que el Ecuador ocupa el "7 lugar de los más corruptos de América Latina", y que "una de las cualidades del Régimen ha sido dejar en la impunidad casos de corrupción". Señaló, además, en su informe que "algunos gobiernos no protegen de forma adecuada a sus ciudadanos de la corrupción, que principalmente se manifiesta con: abuso de recursos públicos, sobornos o el hermetismo en la toma de decisiones"[1]. Dicha aseveración, realizada por esta organización no gubernamental alemana, no solo que ha existido y perdura sino que se ha ido agravando con cada política impulsada desde los diversos poderes concentrados que obedecen a Correa, pero se debe, esencialmente, a su naturaleza de clase como sostenedor del capitalismo.

Así por ejemplo, recordemos, que los inolvidables pativideos, donde se evidencia al ex ministro de Economía, Ricardo Patiño, con delegados de una empresa de seguros de deuda soberana en una conversación sobre una eventual manipulación del mercado de bonos, fue uno de los primeros escándalos y la respuesta gubernamental fue de que se mandó a grabar para un investigación sobre presuntas prácticas corruptas en el manejo de la deuda y quienes difunden esos vídeos tienen la intención de desestabilizar la "revolución ciudadana".

A renglón seguido aparecen los bullados casos del "come cheques" y del "gran hermano". En el primer caso se evidenció que Raúl Carrión, ex Ministro de Deportes, tenía una red mafiosa que operaba en ese ministerio y que al ser descubiertos, escandalizaron al intentar comerse los cheques de las evidencias, estas irregularidades se cometieron de abril del 2006 a noviembre del 2007 y comprueban el delito de enriquecimiento ilícito, concusión y cohecho. En el segundo caso, el escándalo de los contratos millonarios a favor de Fabricio Correa, desenmascaró al tráfico de influencias como gestión de Alianza País, pero dado el costo político que esto le significó, se procedió a terminar unilateralmente dichos contratos (cuestión que benefició a Fabricio pues no tuvo que devolver ningún anticipo, cosa que si tenía que hacer con la declaratoria de nulidad) desatando una confrontación de intereses entre los hermanos.

Otro escenario de escándalos ha sido el Ministerio de Salud, a cargo primero de Caroline Chang, donde existen muchas acusaciones de sobreprecios en las adquisiciones que van desde medicamentos, como el tamiflú, hasta la compra de camas hospitalarias, ambulancias y equipos médicos. Algunas denuncias giraron alrededor de que se hace un contrato "bajo el sistema de adjudicación directa con Drager Medical Netherlands BV Zoetermeer, un consorcio holandés, cuya distribuidora en el país es la empresa Alem (en el 2005, el Comité Cívico Contra la Corrupción la incorporó en la lista negra de empresas, por negociar con sobreprecios), contrato en el que habría un presunto sobreprecio de 20 millones de dólares en la adquisición de equipos médicos para los hospitales públicos"[2]. En esta misma cartera de estado, al amparo de un estado de excepción sanitaria, se produce un atraco al país al adquirir 2 hospitales móviles por 35'120.622 dólares, a la compañía quiteña Soluciones y Suministros (Solysum), solitaria oferente y única invitada a esta adjudicación[3].

Luego, por pedido de Correa, durante la Asamblea Constituyente se amnistió al ex presidente Gustavo Noboa, implicado en negociados de deuda externa y petróleo; también se levantó la orden de prisión contra el ex presidente Jamil Mahuad, que fue responsable del feriado bancario en 1999 y de un perjuicio de 8 mil millones de dólares, sin contar con las pérdidas humanas por ese terrible hecho. Más adelante, en el informe a la Nación, pidió amnistía para Alberto Dahik uno de los más altos representantes del neoliberalismo y quien tiene un juicio por mala utilización de los fondos reservados, pero no tuvo apoyo en la Asamblea Nacional, por lo que se vio en la obligación de ejecutar sus influencias en la función judicial. Así entonces, la Primera Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (la misma que absolvió al ex ministro de finanzas Jorge Gallardo en el 2010, acusado de enriquecimiento ilícito por la negociación de un tramo de la deuda externa) levantó la orden de prisión preventiva que pesaba contra Dahik, aunque después haya reculado el gobierno, a través del fiscal-pariente, por la afectación que provocó esa decisión, en los rangos de popularidad de Correa.

Más adelante, en el caso de las exportaciones ficticias a Venezuela, se descubren en un contendedor 120 kilogramos de pimienta negra, que la empresa Privatum Management Primage S. A. envió a Venezuela. Según dicha empresa se estaba realizando una exportación de 100 toneladas de ese producto por lo que recibiría USD 685 000 como pago. En los cuatro contenedores denunciados en la venta apenas había 340 Kg. No es la única venta realizada por la empresa a Venezuela, en el 2010 ha realizado una docena de ellas (de pimienta negra) por un monto total de 14 millones 362 mil 800 millones de dólares[4]. Estas operaciones fraudulentas, bien pueden favorecer al lavado de dinero, con la patente de corso de la podredumbre aduanera.

El Ministerio de Relaciones Exteriores es otro foco de corrupciones. Primero se nacionalizó de forma irregular a 1.436 cubanos que ingresaron al país con la complicidad de notarios, abogados y funcionarios de esa cartera de Estado[5]. Segundo, y el más fresco, es el caso de la "narcovalija" donde se descubren 40 kilogramos de cocaína en su arribo a Italia, por lo que se viene exigiendo la destitución de Ricardo Patiño, pero además se debe responder ante el país y sancionar a los responsables por haber utilizado la valija diplomática para fines no oficiales, irrespetando lo señalado en la Convención de Viena.

Y así la lista de la corrupción sigue y sigue, con el acoso sexual del subsecretario de gobierno; las vinculaciones y los aportes de las FARC; Angostura y Chauvin; las más de 245 declaratorias de emergencia; los sobreprecios del ministerio de obras públicas; la granola con gusanos en el desayuno escolar; el despido indiscriminado de servidores públicos; la venta anticipada del petróleo a China; las hidroeléctricas inconclusas; la sobreexplotación laboral al magisterio; los concursos amañados en el CPCCS; la compra de votos en la Asamblea Nacional para mantener la dirección y mayoría legislativa; la compra excesiva de chalecos de mala calidad para los motociclistas; etc., etc. Pero el último, y que sirve de base para la reanimación de la lucha social, es el contrato firmado con EcuaCorriente S.A. para la explotación del proyecto Mirador, en Zamora Chinchipe, sin resolver las 17 dudas que la Contraloría General tiene sobre la concesión que van desde errores geográficos en la delimitación de la concesión hasta problemas administrativos que involucran a los ministerios del Ambiente y de Recursos no Renovables.

Todo este impudor asociado a la característica de un gobierno que mientras defiende los intereses de ciertos grupos económicos nativos y de las transnacionales petroleras y mineras, que judicializa y encarcela a los luchadores populares, utiliza un lenguaje populista, demagógico y con frases de izquierda, viene generando la unidad y repulsa popular. Esta cuestión, de seguro, será bien canalizada para que se produzcan los auténticos cambios estructurales que demanda el Ecuador de nuestros días. Sólo de esta manera, edificando una sociedad equitativa, de igualdad social, dirigida por los trabajadores, los pueblos, nacionalidades y etnias, se exterminará el mal endémico de la corrupción.

[1] Índice de Percepción de la Corrupción 2011 de Transparency International. La Puntuación del IPC correspondiente a un país o territorio indica el grado de corrupción en el sector público según la percepción de empresarios y analistas de país, entre 10 (percepción de ausencia de corrupción) y 0 (percepción de muy corrupto). Ecuador tiene 2,7.

[2] Semanario En Marcha, Corrupción tiñe al gobierno de Correa, 23 de febrero de 2010.

[3] El 14 de marzo de 2011, la compañía Genssapiens Asesores, de Quito, vinculada con familiares del entonces ministro de salud David Chiriboga, recomendó al MSP la adquisición de hospitales móviles.

[4] Denuncia realizada por el Asambleísta Jorge Escala, Bloque del MPD.

[5] En esta red está implicado el hermano de la ministra del Ambiente Marcela Aguiñaga, el señor Juan Aguiñaga, encargado de legalizar las nacionalizaciones en la Subsecretaria del Litoral del Ministerio de Relaciones Exteriores.