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ANALFABETO POLITICO

"El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio de los frijoles, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios, dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales."



Bertolt Brecha


martes, junio 26, 2012

La Coordinadora Plurinacional manifiesta su preocupación ante los últimos sucesos acaecidos en el país hermano de Paraguay



Quito 22_marzo_119
La Coordinadora Plurinacional por la Unidad de las Izquierdas se pronuncia ante la ciudadanía ecuatoriana y de la región exigiendoal Estado paraguayo el debido respeto al proceso democrático nacional en dicho país. 
En este sentido declaramos: 
1. En los sucesos acaecidos en la región de Curuguaty, donde fallecieron 17 personas, existen responsabilidades compartidas por los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como, por supuesto, de los terratenientes que defienden a como de lugar sus privilegios. Todos ellos son responsables de que, tras casi cuatro años de gobierno del presidente Fernando Lugo, no se hayan recuperado las tierras mal habidas, ni desarrollado la tan anhelada reforma agraria en el país. 
2. Los sucesos desarrollados en la estancia de Campos Morumbí deben ser aclarados cuanto antes y sus responsables punidos conforme a derecho, con la finalidad de que hechos de esta magnitud no vuelvan a reproducirse en el país. 
3. Consideramos que el juicio político sumarísimo desarrollado en apenas 24 horas por el Legislativo paraguayo, propugnado con el conjunto de organizaciones reaccionarias existentes en el mapa político del país hermano, no cumple con el debido proceso para la destitución de un presidente eligido democráticamente, ni soluciona la grave responsabilidad compartida por el conjunto de actores políticos y estatales del país en la situación de pobreza y desigualdad en la que viven nuestros hermanos paraguayos, pero sí constituye una maniobra política que se convierte en un atentado contra la democracia en Paraguay. 
4. Estos acontecimientos en Paraguay nos ratifican en nuestro convencimiento de que solo los pueblos pueden ser los auténticos protagonistas de su liberación y que solo los pueblos en el poder podrán resolver los problemas a su favor. 
Por último, la Coordinadora Plurinacional llama la atención del gobierno nacional ecuatoriano sobre la posibilidad de que se puedan producir en nuestra Nación actos tan graves como los sucedidos en Curuguaty, dada la persistencia en ignorar las demandas sociales, en especial la reforma agraria, que, con sobradas razones, a partir de claros mandatos constitucionales, exige el sector campesino e indígena. 
Gustavo Larrea, Participación; Luis Villacís, Movimiento Popular Democrático; Rafael Antuni, Pachakutik, Coordinador Coordinadora Plurinacional; Gustavo Vallejo, Corriente Socialista Revolucionaria; Paul Carrasco, Poder Popular; Marta Roldós, RED; Nivea Vélez, Convocatoria; Alberto Acosta, Montecristi Vive

Quito, 22 de junio de 2012

Tres tendencias, dos opciones electorales



Coordinadora Izquierda
por Remo Cornejo Luque
Se avecina el proceso electoral presidencial, de asambleístas nacionales, provinciales y de parlamentarios andinos y se van alineando las fuerzas políticas configurando claras tendencias.
Una tendencia demarcada es la derecha del siglo XXI, la que nos gobierna con concentración de poderes, que viola los derechos humanos, insulta a quienes piensan diferente y judicializa a los luchadores sociales; que no es de “manos limpias” ya que la corrupción inherente del sistema y propiciada por altos funcionarios, como el caso de la narcovalija y los chalecos de motociclistas (solo para citar 2 ejemplos) deteriora su imagen y credibilidad, a tal punto que su inclinación es a la baja; maneja doble discurso dependiendo los escenarios, con matices populistas, demagógicos, de izquierda y soberanos, confunde y traiciona a sus electores en la aspiración del cambio social; que los únicos principios que mueve a Alianza País es la voz y autoridad omnímoda de su jefe con rasgos bonapartista y que en provincias como Loja sus “dirigentes”, muchos, muchísimos, cambiados de camisetas, se sacan los ojos, tal cual cuervos, por ser los candidatos de confianza de la dizque “Revolución Ciudadana (RC)”.
 Otra tendencia es la derecha tradicional, la auténtica partidocracia que está en franco desgaste pero no aniquilada y que por los intereses políticos y económicos de los diversos grupos que se inscriben en esta tendencia no logra unificarse. En este ámbito participan CREO, ARE, EQUIPO, SUMA, PRIAN, PRE, MADERA DE GUERRERO, PSP, entre otros. Muchas de estas fuerzas políticas, pese a “discrepar u oponerse” a la RC, de terciar en este proceso electoral jugarían el simple rol de chimbadores, pues no tienen la perseverancia del accionar político ni una amplia base social y electoral que les permita llegar a ser bloque mayoritario legislativo peor llegar a la segunda vuelta presidencial. Esta tendencia junto a la de la RC, aunque aparezcan en diversas listas electorales, ideológica y políticamente es una opción de DERECHA, es decir, de las clases dominantes y grupos monopólicos usufructuadores de la fuerza de trabajo, los recursos naturales, la riqueza generada y la soberanía diversa.  
 Y la tercera clara es la Coordinadora Plurinacional, por la unidad de las izquierdas[1], tendencia democrática y de izquierda que, hasta ahora, está integrada por 8 partidos y/o movimientos políticos: Pachakutik, Participación, Poder Popular, MPD, Montecristi Vive, Convocatoria, Red y Corriente Socialista. A este proceso se han incorporando organizaciones sociales como la CONAIE, el Frente Popular, diversos sindicatos y demás con carácter representativo y de masas, a nivel nacional y en cada provincia. De avanzar y consolidarse este proceso, tal como viene ocurriendo, con seguridad que sería la opción, única de izquierda, popular y democrática, que derrote y sepulte la prepotencia de la RC y señale el camino para el verdadero cambio social que demanda el Ecuador de hoy.
No nos extrañemos que, en este proceso de definiciones y consolidación de la tendencia democrática y de izquierda, puesto que tiene serias posibilidades de entrar a la segunda vuelta presidencial y de captar un bloque mayoritario en la Asamblea Legislativa, el gobierno, la burguesía y el mismo imperialismo pretendan meter mano para evitar que la IZQUIERDA UNIDA se erija en referente y alternativa de poder popular, y para esto, con seguridad, contará con la participación de muchos “felipillos”[2], pseudos revolucionarios, oportunistas y arribistas con lenguaje de izquierda y revisionistas de toda laya, ante lo cual debemos estar ALERTAS y DISPUESTOS para evitarlo.

El Caso Sarayaku pone a prueba la Democracia y el Estado de Derechos en el Ecuador




Sarayaku warmi
por Mario Melo*
El sábado 21 de abril de 2012, en vísperas del Día Mundial de la Madre Tierra, Alexis Mera, Secretario Jurídico de la Presidencia de la República y portador, según sus palabras, de instrucciones del propio Presidente Rafael Correa, le dijo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al Pueblo Kichwa de Sarayaku, a la Comisión Interamericana y a la opinión pública nacional e internacional, que en relación al caso que sigue Sarayaku contra el Estado ecuatoriano ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos "El Estado reconoce la responsabilidad y está dispuesto a llegar a cualquier acuerdo de reparación".
Esta trascendental declaración fue hecha en el marco de la histórica visita realizada por el Presidente de la Corte, Diego García Sayán y la Jueza Radhys Abreu, al territorio de Sarayaku en la selva amazónica del Ecuador. Era la primera vez en que la Corte Interamericana visitaba el territorio de un pueblo indígena dentro del trámite de una causa sometida a su resolución, por tanto se trataba de una diligencia inédita en la que la justicia interamericana se acercó a las víctimas para escuchar el relato de sus padecimientos de su propia boca y en su propio contexto.
Fue, también, la primera vez dentro del largo proceso iniciado por Sarayaku en 2003 ante la Comisión Interamericana y que sigue ahora ante la Corte Interamericana, en que el Estado ecuatoriano reconoce su responsabilidad respecto a las violaciones de derechos humanos denunciadas por Sarayaku.
Sarayaku denunció al Estado ecuatoriano ante la CIDH porque su territorio fue concesionado en 1976 a la empresa argentina CGC, sin que se le haya informado, consultado, mucho menos obtenido su consentimiento. En 2002 y 2003 la petrolera ingresó al territorio de Sarayaku contra la voluntad del pueblo, resguardada por personal armado del Ejército ecuatoriano y colocó una gran cantidad de explosivos (1.600 kgs.) en más de 400 puntos de la selva sagrada de Sarayaku que luego fueron abandonarlos allí provocando en los miembros del pueblo indígena, zozobra y pérdida de acceso a los recursos del bosque que sostienen su vida.
La presencia petrolera en Sarayaku se tradujo en abuso, prepotencia, destrucción, dolor. A la agresión contra la Pachamama se sumó la violencia contra los miembros del pueblo que fueron detenidos ilegalmente, torturados, amenazados e impedidos de circular por su propio territorio.
Frente a estos atropellos, la respuesta de Sarayaku fue de gran dignidad. Consientes que tenían la razón, apostaron por las reglas de juego impuestas por la sociedad blanco-mestiza y demandaron el cumplimiento de los derechos humanos que el Estado ecuatoriano se ha comprometido a respetar. Esa convicción les llevó a reclamar justica, primero en la ciudad de Puyo donde la justicia local no pudo amparar sus derechos frente a tan poderosos intereses y luego en escenarios tan distantes e inaccesibles para ellos como la sede de la CIDH en Washington DC. y la sede de la Corte Interamericana en San José de Costa Rica.
Ante todos esos organismos Sarayaku demostró una postura digna y clara.
El Estado ecuatoriano, por su parte, a lo largo de los nueve años de litigio del caso Sarayaku, de los cuales cinco han sido bajo el actual gobierno, ha tenido como postura negar los hechos, negar las responsabilidades y denigrar a Sarayaku. Solo el 21 de abril de este año, a un paso de que la sentencia sea dictada, cambia su posicionamiento y se allana.
Es destacable el cambio y Sarayaku lo ha sabido valorar. Ha anunciado, sin embargo, que confía en que la Corte Interamericana hará justicia y solo se sentará a conversar con el Gobierno una vez que la sentencia sea pronunciada y respecto al cumplimiento de las medidas de reparación que disponga la sentencia.
El Estado se ha sometido, por tanto, a que sean los jueces interamericanos los que determinen las medidas reparatorias que deba cumplir respecto a violaciones de derechos humanos cuya responsabilidad ha aceptado.
Siendo plausible el reconocimiento de responsabilidades, el Estado debe estar preparado para asumir, plenamente, sus consecuencias jurídicas. Las medidas reparatorias que dictará la Corte no pueden quedarse solamente en indemnizaciones y medidas de satisfacción, que por justicia merece Sarayaku. Incluirán, sin lugar a dudas, medidas que garanticen que las condiciones que generaron la violación de derechos no se repitan. La más importante medida de garantía de no repetición que ha pedido Sarayaku es que el Estado regule y cumpla efectivamente el derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, frente a decisiones del poder público que afecten gravemente sus derechos.
La Corte deberá ceñirse a sus propias líneas jurisprudenciales de respeto a los derechos territoriales indígenas y profundizará en el Caso Sarayaku, el estándar de respeto al consentimiento de los pueblos ancestrales que ya estableció en la sentencia del caso Saramaka v. Surinam de 2007.
El Estado ecuatoriano deberá ser consecuente con la definición del Art. 1 de su propia Constitución que define al Ecuador como un Estado de Derechos y de Justicia y demostrar al mundo que aquello no son solo palabras al viento. Deberá acatar la sentencia del caso Sarayaku y cumplir las medidas reparatorias, más aún si éstas no harán sino ratificar los compromisos ya adquiridos de respeto y garantía de los derechos de los pueblos indígenas.
Consultar y obtener el consentimiento de las comunidades que sufrirán directamente y en carne propia los impactos ambientales y sociales de los proyectos petroleros, mineros o de cualquier naturaleza que se pretenda realizar en sus territorios es un imperativo ético, lógico y jurídico. Lo contrario, es decir perpetuar la práctica de hechos consumados para entregar concesiones a transnacionales a espaldas y contra la voluntad de los habitantes ancestrales, solo genera conflictos, dolor y pérdidas. La democracia exige que los derechos se cumplan.

*Abogado de Sarayaku. Asesor de Fundación Pachamama

En Ecuador hay presos políticos que necesitan la solidaridad y compromiso de todos y todas



Det politic
El caso de los 10 presos políticos de Luluncoto 
Antecedentes generales
Según informes de organismos de derechos humanos  y de la Defensoría del Pueblo  del Ecuador, en el 2011 existen 129 defensores de derechos humanos judicializados por el gobierno y por empresas privadas, así como 31 activistas políticos que tiene juicios en su contra o están sentenciados. Sus casos son poco conocidos lo que obliga a una acción más firme de parte de quienes se sientan comprometidos con los derechos humanos y la lucha consecuente para que se cumplan en todo el mundo.
Durante los últimos años en Ecuador se vive el deterioro  y vulneración de las garantías y derechos contemplados en la Constitución; el Estado garantista de derechos ha sido afectado por el gobierno de Rafael Correa quien ha instaurado una política estatal de criminalización de la protesta social, violando los derechos humanos, usando normas y disposiciones heredadas de la dictadura militar y que apuntan a intimidar a la población con recursos como las numerosas declaratorias de excepción con las cuales se militarizan zonas enteras con una fuerza desproporcionada a fin de  impedir la acción de los sectores sociales.
Los discursos gubernamentales han reiterado en una ofensiva mediática para deslegitimar las acciones de los defensores de derechos humanos y de la naturaleza, de los líderes populares e indígenas recurriendo  a acciones judiciales con cargos como terrorismo, sabotaje, rebelión  y hasta secuestro. Si antes esas acusaciones las usaban empresas transnacionales, ahora es común que las use el Gobierno. Hay que señalar que en Ecuador no existe ninguna organización de carácter terrorista, sin embargo de tener cerca de 200 acusados.
Esto se da en el contexto de la aplicación de una matriz económica extractivista, de violación a los derechos democráticos, sindicales y de participación; los sectores sociales han recurrido a las tradicionales formas de protesta y reclamo como toma simbólica de plazas, el cierre de carreteras, movilizaciones y marchas, que han sido reprimidas con una desproporcionada fuerza policial y militar. Para el gobierno, según su primera propuesta de nuevo código penal, un poblador que cierra una calle sin permiso merece la misma culpa que un sancionado por tortura.
Antecedentes del caso de los 10 de Luluncoto
En marzo de este año las principales organizaciones sociales del país, como la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), el Frente Popular (que agrupa a las organizaciones de maestros, estudiantes, barrios, pequeños comerciantes, campesinos, mujeres y una central sindical), el Frente Unitario de Trabajadores (que agrupa cuatro centrales sindicales) y muchísimos otros colectivos populares, anunciaron su participación en la Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos que recorrió casi todo el territorio del país desde el 8 al 22 de marzo del 2012. La respuesta del gobierno fue un discurso violento, discriminatorio y racista, de incitación al odio, cargado de ataques y descalificaciones a los diversos actores sociales, a cuyos líderes calificó de “desestabilizadores de la democracia” y  “golpistas”. La enorme campaña publicitaria apuntó a deslegitimar y detener la marcha. Fueron públicas las amenazas direccionadas a organizaciones sociales y políticas de la izquierda y de otros sectores de oposición y a sus líderes, la infiltración policial de la marcha, un operativo de espionaje a las organizaciones populares y de izquierda.
Este discurso tuvo el propósito de crear condiciones para una ofensiva de desprestigio y eventual represión contra las organizaciones sociales como consta en el documento gubernamental titulado “defiende la democracia”.
Sin embargo, como conoce todo el país la  marcha se realizó pacíficamente, mostró su plataforma reivindicativa de derechos y dejó vacio el argumento del gobierno. Los sectores populares organizados se sumaron de distintas maneras y fueron muchos los intelectuales que expresaron públicamente su respaldo, realizaron eventos de análisis de la situación y contribuyeron a desenmascarar el extractivismo y la criminalización de la lucha social.
Allanamiento y detención ilegales
En este ambiente, el sábado 3 de marzo del 2012, diez  ecuatorianos, siete hombres y tres mujeres, profesionales, estudiantes, empleados y trabajadores públicos, líderes sociales reconocidos, se reunieron en actitud pacífica para discutir aspectos de interés público, el Buen Vivir, la Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos que estaba por iniciarse. De acuerdo al parte policial, tenían solo fuentes de consulta como la Constitución de la República, el periódico oficial “El ciudadano”, varios medios de comunicación, libros y folletos sobre filosofía del derecho, el documento “Defiende la democracia” elaborado por el gobierno, entre otros. Esta reunión se realizaba en un departamento del conjunto Casales San Pedro, del barrio Luluncoto, al sur de Quito.
Los siete hombres y tres mujeres presentes en la reunión fueron sometidos violentamente por alrededor de 50 agentes de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado  ULCO y del  Grupo de Intervención y Rescate GIR. Al hacerlo violaron expresas normas legales:
- ingresaron sin orden de allanamiento
- tampoco tenían orden de detención alguna
- a los detenidos no se les leyó sus derechos, ni se les informó la causa de su detención
- no existía ningún delito en marcha (la Policía admite que solo estaban reunidos y conversando), de manera que tampoco podían ser arrestados por delito flagrante
Los miembros de los grupos especiales de la Policía sometieron a los detenidos a tratos degradantes y crueles, pues los esposaron y los sacaron fuera de la habitación hacia una escalera donde permanecieron cuatro horas arrodillados. Fadua Tapia, joven de 18 años en estado de embarazo informó sobre su condición, sin embargo de lo que fue violentamente empujada al piso y luego esposada. Golpearon contra la pared el rostro del  ingeniero afroecuatoriano  Javier Estupiñan, provocando la rotura de una de sus piezas dentales como consta en el peritaje.
Mientras los hombres permanecieron fuera del departamento y las mujeres eran ubicadas en una de las habitaciones, las pertenencias personales de los detenidos: cédulas, celulares, cuadernos y agendas, laptops, billetes y monedas, mochilas y billeteras,  fueron manipulados por los agentes  policiales, quienes fueron increpados por Cristina Campaña quien protesto al ver que introducían material impreso en su  mochila.
Los diez ciudadanos  permanecieron arbitraria e ilegalmente retenidos por cerca de siete horas, desde la 4 de la tarde (hora del allanamiento) hasta las 11 de la noche, hora en la que recién se les traslada a la Policía Judicial, para luego de una hora, es decir, a las 24HOO, supuestamente legalizar la detención, con un parte policial mal forjado, pues tiene la fecha del 3 de marzo del 2011, es decir de una año antes de la detención. De acuerdo con la Ley, todo este procedimiento debió ser inmediato a la detención. Es apenas en ese momento cuando se les leyeron sus derechos y les permiten hacer una  llamada a sus familiares. Todo esto en presencia de la Fiscal Diana Fernández León.
El día siguiente, a las 2 pm., los detenidos fueron sacados fugazmente de los calabozos de la Policía Judicial sin conocimiento de sus familiares y abogados defensores a la audiencia de formulación de cargos a otro lugar, la Unidad de Vigilancia de Carapungo, ubicada al norte de Quito, pretendiendo dejarlos en la indefensión. Pretextando la seguridad del Estado declaran la audiencia reservada y exhiben las supuestas evidencias: cedulas, celulares, billeteras, cuadernos y agendas, billetes, memorias rápidas, laptops, ocultando documentos como la Constitución de la República, el periódico “El Ciudadano”, el documento del gobierno “defiende la democracia”,  y otros medios de comunicación. Los detenidos acusan a la Policía de haber añadido textos supuestamente ligados con los GCP (Grupos de Combatientes Populares). Todo esto con el propósito de distorsionar el motivo de la reunión, pero sin ninguna prueba fehaciente de relación con esa organización.
A esa misma hora se conoció el Ministro del Interior, había convocado una rueda de prensa con el propósito de exhibirlos como los supuestos desestabilizadores de la democracia, lo que no se consumó por la llegada de los familiares y abogados. Incluso antes  de terminar la audiencia, personal policial tenían listo un cartel con el título de “GCP” y las fotos de los detenidos esposados, evidenciando una trama  que tenía el claro afán de crear en la opinión pública una corriente de condena.
Al allanar el departamento la fuerzas policiales no precisaron las razones de su detención, luego en la Policía Judicial se le dice que están acusados de “terroristas”; en la audiencia de formulación de cargos, la Fiscal Diana Fernández, en una incongruente intervención ante el Juez Juan Pablo Hernández, que se mostró distraído en la audiencia, los acusó de delitos contra la seguridad del Estado, según sus palabras “ el delito se halla tipificado en el libro II, del Código Penal, de los Delitos en particular, título I de los Delitos contra la seguridad del Estado, en este momento no podemos individualizar el articulado”; donde existen 54 artículos, que representan un número igual de delitos.
De esta manera la Fiscal dejó sin establecer el tipo penal, violentando los principios de tipicidad del derecho penal, dejando la posibilidad de acusarlos de cualquier cosa, ya que le da los mismo acusarlos de venta de secretos a potencia extrajera o de terrorismo organizado; y, sin considerar su obligación de hacer respetar el debido proceso, el Juez dictó orden de prisión preventiva, por lo cual llevan más de tres meses privados de la libertad. Para más contradicciones de la parte oficial, esa misma noche en rueda de prensa el Ministro del Interior, José Serrano, de profesión abogado estableció que habían sido detenidos en “delito flagrante”.
Allanamientos a las casas de los familiares de los detenidos
El día 26 de abril, es decir 53 días después del ilegal apresamiento, en horas de la madrugada se producen allanamientos simultáneos a las casas de los familiares de los detenidos en varias ciudades del país, violentando nuevamente los derechos humanos, usando una cantidad desproporcionada de fuerzas policiales fuertemente armados y enmascarados que irrumpieron en los domicilios creando terror entre niños, mujeres y ancianos, convirtiéndose  en un recurso de amedrentamiento hacia los familiares que vienen haciendo público el pedido de libertad.
La fiscal Diana Fernández justificó este atroz acto diciendo que se encontraron nuevas evidencias. Estas son: libros de derecho constitucional, folletos de varias organizaciones sociales, cuadernos de la Universidad Central, libros de ciencias sociales de autores como Agustín Cueva y otros, la Enciclopedia Universal Ilustrada, CDs de películas como “El Último Emperador de Escocia”, “el Exorcista”, CDs de música protesta como las del cantautor ecuatoriano Jaime Guevara, fotos como la de la hija de uno de los detenidos que tenía al fondo la imagen del Che Guevara y computadoras instrumentos para el trabajo y el estudio de otros miembros de las familias. Este absurdo y extemporáneo hecho fue rechazado por los familiares e impugnado por los abogados defensores. 
Injerencia del gobierno en las Cortes
Este proceso, que nació contradictorio, atropellado y violatorio, se presenta como un justificativo de que en la marcha indígena y popular de marzo estaban desestabilizadores de la democracia y encontraron en la reunión de estos profesionales y jóvenes estudiantes la oportunidad para hallar un “chivo expiatorio”. La enorme campaña publicitaria del gobierno para deslegitimar la marcha por el agua, la vida y la dignidad de los pueblos terminó saturando a la población y no tuvo los efectos esperados.
Sin embargo, y pese a lo inconstitucional e ilegal del proceso, la injerencia del gobierno sobre la Fiscal y los jueces se notó desde el inicio: en la audiencia de formulación de cargos se hizo presente el Viceministro del Interior, Javier Córdova; una semana después de la detención, el presidente Correa fustigó a la prensa por no haberle dado la importancia que según él tenía este caso; en la contramarcha organizada por el gobierno el día 22 de marzo el Presidente hizo referencia a los detenidos en 6  discursos, ubicándolo como “desestabilizadores”; lo mismo hizo en una de sabatinas emitidas desde Murcia, España; en declaraciones del Ministro José Serrano a la revista “Vistazo”,  realza amenazas a quienes han asumido la defensa de los detenidos. Todo esto muestra el interés por lograr una condena por un  crimen inexistente el que no han sido capaces de probar. 
De ahí que durante la instrucción fiscal se puede constatar el esfuerzo de la Fiscalía por intentar, sin contar para ello con ninguna prueba efectiva, involucrar a los detenidos con el denominado Grupo de Combatientes Populares (GCP) y relacionarlos forzadamente con la instalación de bombas panfletarias firmadas con el nombre de otras organizaciones no conocidas en el país. Es más, la fiscal Diana Fernández ha violado procedimientos, ha entorpecido la labor de la defensa, no ha tramitado numerosas diligencias solicitadas por los abogados de los detenidos, como, por ejemplo, no entrega el listado de quienes participaron en el allanamiento del  3 de marzo, lo mismo sucede con las solicitudes de las pericias informáticas a las computadores de la fiscal y del juez. Por esto y por el abuso de poder fue denunciada ante el Consejo de la Judicatura de Pichincha Transitorio. Paradójicamente y casi al mismo tiempo, abandonaba el caso antes de terminar el tiempo de la instrucción fiscal y entró a concursar para el puesto de jueza. Cabe señalar que el proceso de reestructura del sistema de justicia impulsado por el Gobierno tiene constantes críticas por anular en los hechos la independencia y por haber nombrado jueces sin transparencia.
Solo por acción de los abogados defensores que solicitaron al juez el cierre de la instrucción fiscal, esta se produjo el día 7 de junio cuando el período determinado por la Ley finalizaba el 1 de junio. Sin embargo, hasta el 15 de junio no existe el dictamen fiscal.
La defensa ha sostenido que jurídicamente no hay motivo para la prisión en la que se encuentran los detenidos. Por ello formularon ante la Tercera Sala de la Corte Superior la apelación al auto de prisión preventiva que fue negada aduciendo peligro de fuga, posteriormente se solicitó la sustitución de la prisión preventiva y es negada por el juez décimo de lo penal, aduciendo peligro de fuga, la misma suerte siguió el pedido de libertad ante la Corte Provincial. De nada valieron las pruebas de la forja de documentos por parte de las autoridades y las argumentaciones que demostraron el inconstitucional e ilegal allanamiento y apresamiento.
Conclusión
Estas detenciones se muestran como ilegales y violatorias de los Derechos Humanos y la Constitución del Ecuador que garantiza  el derecho de todos los ecuatoriano a participar en el espacio público como ámbito de deliberación; en los asuntos de interés público como es el caso del Buen Vivir, la educación, la salud, el trabajo, la vivienda; el derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas; que garantiza la libertad de conciencia, de asociación, de reunión y movilización en forma libre y voluntaria. El ejercicio de estos derechos no puede constituirse en delito contra la seguridad del Estado. Lo que hacían estos jóvenes estudiantes y profesionales es ejercer sus derechos.
Los 10 detenidos en el Luluncoto, son presos políticos a quienes se les ha causado un grave daño en todos los órdenes, varios de ellos han perdido sus trabajos, han sido truncados en sus estudios, separados injustamente de sus familias y amigos, impedidos de hacer una vida normal.
Los familiares han acudido a los organismos de  derechos humanos y a la defensoría del pueblo, ha conversado con el juez Baltasar Garzón a fin de que en sus condiciones contribuyan a que se lleve un proceso justo y libre de las claras presiones políticas del gobierno que busca una condena a como dé lugar.
Acción inmediata
La condición de un preso político demanda la respuesta de la comunidad internacional, pueblos y personas democráticas y comprometidas con los más elevados valores humanos. Por ello, los familiares de los 10 presos políticos de Luluncoto solicitamos la acción inmediata dentro y fuera del país que impida la continuación de esta injusticia y la amenaza de una prisión de años que destruiría la vida de este grupo de jóvenes y sus familias.
En sus manos está tomar toda iniciativa posible, expresarse ante las embajadas del Ecuador, enviar cartas a las autoridades del país y tomar acción. Lo que demandamos es justicia, cumplimiento del debido proceso y de las leyes del país, suspensión de la persecución y amenazas del gobierno, fin del uso de la prensa para justificar un “linchamiento mediático” y que el sistema judicial actúe con independencia. Si la justicia se expresa, nuestros familiares víctimas de este montaje saldrán libres de manera inmediata y se impedirá que casos como este se repitan una y otra vez.
¿Quiénes son los detenidos?
ANA CRISTINA CAMPAÑA SANDOVAL, CI.  1722463799 de 23 años de edad, con instrucción superior, de profesión auditora.  Es una joven de gran capacidad y liderazgo, que le permitió  ocupar varios cargos en su vida estudiantil en la Facultad Administración y Auditoria de la Universidad Central del Ecuador: fue vicepresidenta de la Asociación Escuela de Contabilidad y Auditoría, candidata a presidenta de la misma Asociación, representante al Consejo Directivo de la Facultad. Por su trayectoria y calificaciones fue promovida como candidata al Honorable Consejo Universitario de la UCE, candidata a la presidencia de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, filial Quito FEUE-Q, fue miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación femenina Universitaria, AFU. Participó en el Encuentro Mundial de Mujeres de Base en Venezuela, y por sus méritos estudiantiles fue delegada a Nicaragua.
FADUA ELIZABETH TAPIA JARRÍN CI.1722136086, tiene 18 años, inicio sus estudios en Derecho en la Universidad Central del Ecuador, realizó su bachillerato en Ciencias en el Colegio Benalcázar y el bachillerato Internacional, participó en grupos de danza de dicho colegio. Realizó acciones comunitarias; junto a sus compañeros de colegio construyeron una guardería infantil en el Chamal, provincia de Orellana. Estudió inglés en el Centro de Educación Continua (CEC), de la Escuela Politécnica Nacional, y dio clases de inglés en el Centro Infantil Carolina Terán. Como estudiante universitaria participó en el Campamento Internacional Antifascista y Antiimperialista de la Juventud, realizado en Turquía en el año 2010, evento en el cual se destacó como traductora de la delegación ecuatoriana. Vive con sus padres en Quito.
YESCENIA ABIGAIL HERAS BERMEO CI. 0301940235, tiene instrucción superior, es abogada, de 28 años de edad, nació en Azogues, está casada, vive en Cuenca, en la parroquia Ricaurte. Se graduó de Bachiller en Ciencias Sociales, estudió Teatro en la Casa de la Cultura, Núcleo del Azuay; fue integrante del grupo de teatro “Sonrisas”. Ha realizado obras sociales, como “Clown”, en SOLCA, en el área de niños y en el Hospital Vicente Corral Moscoso, de la ciudad de Cuenca.
Tiene un niño de 3 años, que se encuentra sin su madre.
Fue ganadora del concurso realizado en la Escuela de Derecho de la Universidad de Cuenca, para participar en calidad de Asistente en el IV Encuentro Internacional de Estudiantes de Derecho del Cono Sur, “EECOSUR”, en las áreas de Derecho Constitucional, Filosofía Jurídica y Derechos Humanos; Derecho Penal y Derecho y Procesos de Integración realizado en el Departamento de Cochabamba–Bolivia los días 19, 20 y 21 de Septiembre de 2007, con un valor curricular de 72 horas académicas.
Ha asistido a varios seminarios académicos como: Seminario Nacional  “LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS”, celebrado en Cuenca – Ecuador, del 29 de mayo al 1 de junio de 2006, con un total de 20 horas presenciales.
Asistente al SEMINARIO TALLER NACIONAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, realizado en la ciudad de Cuenca–Ecuador, en la semana del 20 al 24 de mayo de 2008, con una duración de 42 horas académicas.
Integrante de la Asociación Femenina Universitaria (AFU) de la Universidad Estatal de Cuenca, año 2006.
Asesora en el Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad de Cuenca, de octubre de 2007 a octubre de 2008.
Pasantías estudiantiles en el Consultorio Jurídico del Dr. Patricio Ochoa, de octubre de 2006 a junio de 2007.
CRISTHIAM ROYCE GOMEZ ROMERO, C.I. 0932813753, de 25 años de edad, con instrucción superior, de profesión odontólogo, está casado, tiene un hijo de 5 años. Tiene estudios avanzados de inglés en la Universidad de Guayaquil. Ha participado en eventos como el Tercer Mega Encuentro Internacional Científico y las Primeras Jornadas laser en Odontología. Con su rpofesión de odontólogo ha realizado trabajo social en barrios urbano marginales como el Guasmo, Suburbio Oeste y otros de la ciudad de Guayaquil, vive en la ciudadela los Samanes 2. Manzana 26, Villa 22 de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas.
PABLO ANDRÉS CASTRO CANGAS CI.1718716002, estudiante de derecho en la UCE, tiene 24 años, fue uno de los mejores egresados del  Colegio Universitario Odilo Aguilar, hoy Colegio Menor de la Universidad Central del Ecuador (UCE), participó en varios concursos de oratoria y obtuvo el segundo lugar en Concurso Intercolegial Jaime Hurtado González, realizado en el Teatro Universitario,  su apego a la lectura, su gran interés por ser un líder social lo llevaron desde sus primeros años de estudiante secundario a estudiar los temas de gobernabilidad.
Fue instructor de matemáticas en los cursos de nivelación que se realizaban durante las vacaciones, asimismo fue instructor de bandas musicales juveniles.
Fue presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, FESE, en calidad de tal entregó al presidente Rafael Correa el Plan  “EL ECUADOR QUE LOS JÓVENES QUEREMOS”.
Ha participado en varios eventos nacionales e internacionales de índole estudiantil.
Por su condición de líder estudiantil y presidente de la FESE fue invitado, junto con líderes de otras organizaciones, a formar parte de la comitiva que junto al presidente  Correa viajó a Brasil, al Foro Social de 2009.
Tiene un hijo de 6 meses
LUIS SANTIAGO GALLEGOS VALAREZO CI.1002345856, con instrucción superior, de profesión Ingeniero Agroindustrial, de 30 años de edad, soltero. Realiza una maestría en seguridad y salud en trabajo en  la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE). Funcionario del  área de riesgos del trabajo del IESS. Coordinador de eventos de capacitación y capacitador a trabajadores de distintas ramas en temas relacionados a la seguridad y salud en el trabajo.
VICTOR HUGO VINUEZA PUENTE  CI 1707625016, con instrucción superior, es licenciado en Sociología para el Ecodesarrollo, es empleado público, trabaja en la Universidad Central del Ecuador, en la Facultad de Filosofía, tiene 48 años, casado con tres hijos, desde muy joven se vinculó a varios grupos sociales, culturales y deportivos, fue líder de grupos en los campamentos vacacionales de Asociación Cristiana de Jóvenes, ACJ, de Chimbacalle, participó en equipos de futbol barrial. Es un activista social ocupo cargos como dirigente barrial , fue miembro de la directiva de la Federación de Barrios de Quito, fundador del “Periódico La Esquina” de esa misma organización. Ha sido capacitador en temas como liderazgo barrial, métodos y técnicas de dirección popular. Por su preparación en temas sociales y políticos ha sido invitado a conversatorios y debates sobre la situación del Ecuador. Es miembro de la Asociación de Empleados y Trabajadores de la Facultad de Filosofía, de cuya organización fue su vicepresidente hace dos años.
LUIS MARCELO MERCHÁN MOSQUERA CI. 0927743542, Estudiante universitario de cuarto año de Derecho en la Universidad Estatal de Guayaquil, vicepresidente de sus curso, fue un destacado estudiante del Colegio Eloy Alfaro y candidato a la asociación  estudiantil en dicho establecimiento, fue secretario provincial de la FESE de Guayas, es uno de los impulsores de los debates y movilizaciones por la gratuidad de la educación desarrollados durante la Asamblea Constituyente.
Ha dictado talleres de liderazgo y oratoria en los colegios y sectores barriales, promovió junto a la FESE campeonatos barriales de fútbol y festivales artísticos para promover el derecho de los jóvenes a la recreación y alejarlos de la violencia, alcohol y drogas.
HÉCTOR JAVIER ESTUPIÑAN PRADO CI.  0802907717, instrucción superior, Ingeniero en Sistemas, Universidad Luis Vargas Torres, de 27 años de edad. Es servidor público en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Esmeraldas, Técnico en Desarrollo Comunitario del Gobierno Provincial de Esmeraldas. Docente secundario en la Unidad Educativa Particular Angelita Ortiz. Docente contratado Universidad Luis Vargas Torres, ext. Cantón Muisne.  Apasionado de temas políticos, participó en el Seminario de Derechos y Garantías Constitucionales sobre el BUEN VIVIR.
CESAR ENRIQUE ZAMBRANO FARÍAS CI 0803210246, es estudiante universitario, soltero, huérfano de madre y padre migrante, vive en Esmeraldas, en la parada 11  en barrio Ecuador Libre. Miembro de la Casa de la Juventud, instructor de talleres de formación y capacitación en actividades culturales y sociales.  Participó del Taller de Construcción de Políticas Públicas de la Juventud. Taller de Encuentro Regional por el derecho a la Comunicación Juvenil desde la Radio. 

Entrevista a Marcelo Rivera "Rafael Correa emite un criterio malicioso"


"Rafael Correa emite un criterio malicioso"

Marcedlo Rivera_T
Entrevista a Marcelo Rivera
Marcelo, hace pocos días se presentó, en la Asamblea Nacional, un pedido de amnistía a favor de quienes enfrentan juicios por terrorismo y sabotaje y, en tu caso, que enfrentas una condena en prisión …
Este pedido demuestra que la lucha continúa a pesar de la persecución y el encarcelamiento. Estamos luchando a través de todos los mecanismos legales que tenemos a nuestro alcance; en este caso, el pedido de amnistía es un derecho que nos asiste a quienes nos sentimos perseguidos políticos. Tenemos el deber de ejercer ese derecho para enfrentar a un gobierno que persigue a los luchadores sociales y a las organizaciones populares. Es un pedido totalmente legítimo y es un derecho de quienes luchamos por una vida nueva. 
Sin embargo de ello, el presidente Rafael Correa se ha expresado en contra y, de manera específica, ha señalado que en tu caso eso sería una locura porque, según él, tú eres responsable de un intento de asesinato al rector de la Universidad Central, Edgar Samaniego. 
Era previsible que el Presidente de la República y las fuerzas de derecha que dirigen el gobierno se opongan al pedido formulado por las organizaciones populares; una respuesta así la esperábamos.
El Presidente no solo se adelantó a un criterio que debe ser analizado por los organismos competentes, sino que formuló una sentencia a priori. Una vez más se demuestra que en nuestro país no existe independencia entre las distintas funciones del Estado; los órganos de justicia  y la Asamblea Nacional no tienen la libertad para analizar casos y pedidos que –como en el hecho analizado- formulan las organizaciones sociales y populares.
Rafael Correa nuevamente se arroga funciones y de manera autoritaria emite un criterio sin previo análisis. La Asamblea Nacional aún no avoca conocimiento del caso pero el Presidente de la República ya dictamina una sentencia.
Eso es lo que ha ocurrido durante todo este tiempo. Los órganos judiciales no terminan de analizar los casos de persecución política presentados tras la figura de terrorismo y sabotaje en contra de los luchadores sociales pero desde Carondelet ya se adelantan a dictar sentencia. De esa forma se presiona u orilla a la Asamblea Nacional a que niegue este pedido de amnistía, por un lado, y, por otro, una vez más Rafael Correa se convierte en el juez supremo del Ecuador y dictamina un punto de vista errado, fuera de todo sustento legal y jurídico. Es público que en el juicio llevado en mi contra el Dr. Edgar Samaniego reconoció que Marcelo Rivera nunca le agredió, ni me observó en ninguna actitud de agresión a los bienes de la universidad.
Sin embargo el juzgador supremo, llamado Rafael Correa, ya emite un criterio; en forma maliciosa  y malintencionada genera la idea de que se trató de un intento de asesinato. Es una actitud propia de una persona autoritaria, prepotente que miente con el propósito de deslegitimar a Marcelo Rivera como dirigente social y, sobre todo, para deslegitimar el pedido de las organizaciones sociales de amnistía a todos los perseguidos políticos en el país.
Frente a esa declaración ¿hay la intención de responder judicialmente?
Creemos que es importante utilizar todos los recursos legales para enfrentar esta actitud prepotente del régimen y del Presidente Correa. En general todas las organizaciones sociales y populares, frente a ese tipo de expresiones debemos plantear  los recursos legales a los que tengamos alcance. En el caso particular que me compete, cursa una demanda penal por injurias calumniosas graves en contra del Presidente de la República. Rafael Correa está acostumbrado a insultar, a calumniar a cualquier ciudadano y, en este caso, los dirigentes sociales estamos en el derecho y la obligación de avocar a estos recursos legales. No puede ser posible que el Presidente desde el poder lance epítetos de esa naturaleza para deslegitimar a los luchadores sociales.Sabemos que los jueces son sumisos al régimen y no van a dar paso a estas demandas, no obstante tenemos el deber de presentarlas.
En otro tema, ¿cómo miras el escenario político del país una vez que las distintas fuerzas trabajan ya de cara a las elecciones del próximo año?
Miro el escenario político y social con optimismo, estoy muy contento respecto de las noticias que recibo sobre el avance de la unidad de las organizaciones sociales y populares y de las izquierdas.Eso abre una perspectiva muy importante en el país respecto a poner, de un lado, a quienes traicionaron el proyecto patriótico-popular, al imperialismo, a los grupos monopólicos y a la derecha en general y, del otro lado, a las organizaciones populares y a las izquierdas que vienen uniéndose y fortaleciendo su accionar. Esto nos hace ver que en el proceso electoral se producirá una dura confrontación entre la izquierda organizada y la derecha enquistada en el actual gobierno. Existen las condiciones para derrotar al autoritarismo, a la prepotencia y a la derecha del siglo XXI que se encuentra en el gobierno.Obviamente, la lucha social, el enfrentamiento a la derecha que se encuentra en el gobierno se va a profundizar porque el capital internacional, los grupos monopólicos que tienen un proyecto extractivista no solo en el Ecuador, sino en Latinoamérica, no dejarán de tomar medidas de diversa índole para llevar adelante su proyecto. En esa línea están en curso medidas como la aprobación del nuevo Código Penal que institucionaliza la criminalización de la protesta popular. Creo que así como la lucha social tomará más fuerza, la persecución política también se incrementará. Ya hay varios casos que lo demuestran.