Intervención de Marcelo Rivera Presidente Nacional de la FEUE, en el Consejo Nacional de la FEUE realizado en Universidad Estatal Península de Santa Elena

Intervención de Marcelo Rivera Presidente Nacional de la FEUE, en el Consejo Nacional de la FEUE realizado en Universidad Estatal Península de Santa Elena


Ex – Penal García Moreno. Cárcel # 2


POR LA UNIVERSIDAD PARA EL PUEBLO…

HASTA LA VIDA!


Compañeros y compañeras:
Estoy plenamente seguro que en su calidad de dirigentes de la FEUE en los todos los niveles conocen y están informados de los detalles de giran alrededor de la aprobación de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) en la Asamblea Nacional el pasado 4 de Agosto, por ello, me permito realizar algunas consideraciones sobre este tema, entendiendo que el encierro forzado es un gran obstáculo que nos impide tener una apreciación más objetiva de los acontecimientos, sin embargo, cumplo con mi deber de participar en el debate en mi calidad de militante de la gloriosa y combativa organización de los estudiantes universitarios ecuatorianos.

1.Esta ha sido una dura y ardua batalla que hemos enfrentado en todos los niveles y en todos los terrenos, desde el debate con el movimiento estudiantil, pasando por los espacios de unidad institucionales – gremiales, la ofensiva parlamentaria, y por supuesto, la movilización y lucha en las calles del país. Nuestra posición siempre fue la de presentar la PROPUESTA, acompañada de la PROTESTA, esta última, en varios momentos fue la que determinó lo resultados alcanzados. Logramos desde un inicio denunciar los afanes controladores del régimen y alertar a la población en general sobre el peligro que pendía sobre la universidad con el anteproyecto inicial de la SENPLADES.

Salimos de esta pelea en buenas condiciones, la supimos asumir con valor e iniciativa, a sabiendas de que nos enfrentábamos al poder que utilizó todos los medios a su alcance para aprobar la Ley “a como dé lugar”, entonces una primera idea que debemos establecer es que Supimos mantenernos firmes en la defensa de los principios fundamentales que son la esencia de la universidad, la FEUE queda fortalecida y con una mayor relación con el movimiento estudiantil, se profundizó un proceso de UNIDAD de los sectores que forman parte del Sistema Universitario, contamos con un conocimiento más objetivo de la realidad de la universidad, lo que nos permite desarrollar nuestra propuesta de la Universidad que los estudiantes queremos, la Universidad Democrática, Gratuita, de Calidad y al servicio del pueblo.

2. La LOES se aprueba en medio de dificultades, el país entero evidenció que quienes supuestamente combatían a la partidocracia, utilizaron los mismos métodos corruptos y mañosos que dijeron criticar: compraron votos a cambio de crear universidades, se ofertaron puestos y canonjías, por último, el fraude descarado al principalizar al Asambleísta de PAÍS, para con las justas y de forma dolosa, alcanzar los 63 votos para aprobar la Ley. Lo que demuestra la característica demagógica y la clara actitud corrupta del gobierno de Correa; es necesario apoyar las demandas legales que impulsa el bloque de izquierda de Pachacutik – MPD, para que se investigue y se fiscalice las cuentas de los asambleístas que a último momento vendieron su voto.

Por otro lado, la “ingenuidad” en algunos casos, y el doble juego en otros, por parte de algunos de nuestros aliados, permitió que en los momentos definitorios de la aprobación de la Ley no actuemos de forma unificada, tanto así, que en un comunicado del CONESUP se manifestó la supuesta complacencia de “TODO” el sistema universitario y sus gremios respecto a la aprobación de la Ley. Horas previas a la votación, el día 4 de agosto, se hizo pública una serie de “acuerdos” y adendums, que según sus impulsores (Enrique Ayala Mora y los Asambleístas del Partido “socialista”) llegaban al 99% de consensos entre la Asamblea y la Universidad Ecuatoriana, sin embargo, lo famosos acuerdos y particularmente el último adendum no fue tratado en el pleno de la Asamblea, es decir, con el típico manoseo de los textos finales, le tomaron el pelo a algunos rectores y autoridades que cayeron en la trampa, el plan fraguado entre el gobierno y los quinta columnistas dirigidos por Ayala Mora daba sus resultados.

3. Es cierto que hay una diferencia entre la propuesta inicial de la SENPLADES y la Ley aprobada, sin duda, la lucha de la FEUE y del de sistema universitario permitió arrinconar a la Comisión de Educación de la Asamblea dirigida por PAÍS, lo que nos permitió introducir varias propuestas en la Ley (FOPEDEUPO, representación de un estudiante en el Consejo de Educación, gratuidad para el propedéutico y las excepcionalidades respectivas, entre otros), no obstante, con la prepotencia que le caracteriza, el Presidente Correa anunció que vetará parcialmente varios artículos de la Ley, habrá que estar atentos de cuáles son los cambios que se realicen desde el ejecutivo, en el propósito de imponer la visión que el gobierno tiene de la universidad, es claro, que no se alcanzará los 84 votos para insistir en la propuesta aprobada por la Asamblea, además, es posible que agoten el tiempo para la discusión del veto presidencial con lo que entraría en vigencia por el ministerio de la Ley, en fin, los entuertos politiqueros continuarán.

La Ley se aprobó y el gobierno cree haber triunfado, por ahora, la LOES entrará en aplicación sumamente debilitada, por lo que debemos ahondar esa condición, de tal forma que en un momento coyuntura! adecuado podamos echar abajo la Ley impuesta por gobierno, habrá que analizar en el camino los mecanismos legales y políticos a ser adoptados. En estos momentos la movilización y la lucha cobran mayor vigencia, en el objetivo de golpear la Ley del Gobierno y continuar denunciando la forma tramposa como fue aprobada la Ley.

Más allá del análisis necesario que habrá que hacer artículo por artículo de la LOES, debemos tener en cuenta el objetivo hacia donde se dirige la Ley del Gobierno, buscan imponer un tipo o modelo de Universidad Meritocrática, Excluyente y Elitista. Basta analizar como en varios artículos de Ley se transforma el DERECHO a la educación superior, en el MÉRITO para el acceso a la educación superior, según la visión del gobierno, LA UNIVERSIDAD NO ES PARA TODOS. ES PARA LOS MÁS APTOS Y ELEGIDOS, en esa línea se introducen varios conceptos que tergiversan totalmente el carácter de la universidad del y para el pueblo:

- Los derechos se convierten en méritos

- Se accede a las becas por méritos y no por estar en una situación deficitaria o de bajos recursos

- Los recursos que el Estado distribuirá a las universidades, será de acuerdo a los criterios de eficiencia, al nivel de sometimiento al plan nacional de desarrollo, y no a la necesidades que requieren las universidades

- Se clasifica a las universidades, habrá universidades de primera, de segunda y tercera

- El ingreso a la universidad ya no será un derecho de todos, será para quienes cumplan con el sistema de admisión guiado por los principios de mérito y capacidad

- Se van a eliminar y depurar las extensiones universitarias que permitían un mayor acceso de los jóvenes que habitan en regiones y localidades apartadas

El gobierno insistirá que la Ley aprobada tienen artículos buenos, pero en el fondo la confrontación que existe es entre la Universidad meritocrática, excluyente y elitista que quiere imponer por la fuerza el régimen, y por otro lado, la Universidad Democrática, Gratuita, de Calidad y para el pueblo que los estudiantes impulsamos.

Los ejes centrales que contienen la Ley de Gobierno y que debemos debatir con el movimiento universitario son los siguientes:

- La ley somete a la Universidad al Gobierno y al Plan Nacional de Desarrollo que apunta al establecimiento de un modelo económico extractivista que beneficia a las transnacionales.

- Se mantienen la inconstitucional Secretaria Nacional de Educación Superior

- El gobierno ejercerá el control a la universidad a través del Consejo de Evaluación y Acreditación, órgano presidido por un delegado del ejecutivo.
- Se crean los Consejos Regionales Consultivos que tendrán poder de decisión en la creación de carreras a nivel local.

- Se mantiene el Examen de habilitación y el Examen para los estudiantes de último año, atentando al derecho adquirido durante la carrera para ejercer la profesión

- Se establece las pasantías sin remuneración y que en algunos casos aumentará el tiempo de duración de la carrera (caso jurisprudencia), se eliminan los títulos intermedios, y la presencia de los gremios de estudiantes, docentes y empleados es excluida de todas las instancias.

- Se debilita el cogobierno, so pretexto de establecer una “mayor democracia” a través de la elección de autoridades mediante el voto universal, se desaparecen los espacios reales de cogobierno (Juntas de Facultad y Escuela)
Compañeros, la lucha no termina con la aprobación y la entrada en vigencia de la LOES, este es un episodio más en la larga lucha por la universidad que los estudiantes anhelamos, por la libertad y la soberanía de nuestro pueblo. Los derechos que nos arrebatan por la fuerza de la imposición, los alcanzaremos con la fuerza de la movilización, nada detendrá la marcha histórica y las transformaciones sociales que obra serán de la juventud y los pueblos organizados.

Seguimos de pie y con la frente en alto!

Viva la FEUE y el movimiento estudiantil universitario!

Patria Nueva y Socialismo. Venceremos!

Marcelo Rivera

PRESIDENTE NACIONAL DE LA FEUE

A 8 meses de injusta detención.

El retorno de los cadáveres insepultos

“No son una revolución, sino un trastorno”

Por: Fernando Villavicencio V.

fevillavi@yahoo.es

Dos mil cuatrocientas palmas agitaron el ambiente, cuando el Presidente Rafael Correa, cerró su informe a la nación, pidiendo amnistía para el gerente del neoliberalismo, prófugo de la justicia, Alberto Dahik. Tres años atrás ya lo hizo para su padre espiritual, Gustavo Noboa; simultáneamente, los tribunales de justicia controlados por él, levantaron la orden de prisión contra Jamil Mahuad, responsable del salvataje bancario, hoy profesor de ética económica en EEUU.

Cuando escuché amnistía me acordé de las creativas escenas de la democracia común, perdón, de la delincuencia común: la gresca callejera, el pueblo se arremolina, la policía llega, el cuento, el chisme, mientras a dos cuadras, los capos de la banda están asaltando la joyería.

La oposición boquiabierta y hasta algunos paisistas no salen del asombro, el pueblo anda enchufado al tema, mientras nadie se preocupa de los negociados, de la corrupción que ahoga al sector público y del gran asalto a las joyas de la corona.

Con la llegada de la democracia a inicios de la década de los ochenta, se estrenó la película el retorno de los muertos vivientes, en la cual salían de sus tumbas, olorosos seres descompuestos en busca de alimento; pese al maquillaje y a los efectos especiales, por cada grito de susto, la cinta provocaba un rosario de risas y en algunos casos la compasión del espectador.

Treinta años después, el Presidente Rafael Correa, inspirado en la aludida comedia de terror, con su bronco humor del siglo 21, acuñó la expresión “cadáver insepulto”, al ex Presidente Osvaldo Hurtado, homologando el término a los demás representantes de la denominada “partidocracia”, que han morado desde entonces en la morgue de la democracia, acusados de ser los creadores de la maloliente Teoría Económica Zombie (TEZ), más conocida en los cementerios occidentales como neoliberalismo.

Nadie logró escapar del fuego sentencioso de su verbo: Febres Cordero, Blasco Peñaherrera, Sixto Durán, Alberto Dahik, Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad, Fabián Alarcón, Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez, muertos de pelo alto y hasta muertos de medio pelo, todos bien muertos bajaron a la tumba a acompañar a Osvaldo Hurtado.

Cual orden de Thule, la revolución correísta levantó del sepulcro al Ché, para testimoniar el selló definitivo e histórico del sepulcro neoliberal, para que luego el legendario guerrillero, pueda morir por siempre, en paz.

Chávez hizo lo propio con Bolívar, pero se llevó una gran sorpresa al encontrar el cadáver del héroe antiimperialista, cobijado con la bandera del imperio británico.

Del Carchi al Macará, del Pacífico al Curaray, todos los géneros y todas las especies instruidas en las sabias lecciones del “Escolar Ecuatoriano”, festejaron el fin de la prehistoria, el guiño encantado del cambio, la Patria compartida en 14 milloncitos de pan.

Los tecnócratas jóvenes de la teoría zombie, jamás descendieron al mausoleo junto a sus progenitores, permanecieron al frente de los negocios del Estado, mutados en zurdos camaleones; aprendieron rápido “hasta siempre comandante”, siguieron cursos intensivos de socialismo para principiantes, en las escuelas de RIUS, PCE, PSE, MIR y demás cofradías buscapuestos.

Así, mientras duraba el efecto narcótico de la pócima revolucionaria, ellos ejecutaban eficientemente el proceso postergado durante décadas. Solo hay que repasar el manual del CONAM del gobierno de Sixto Durán Ballén, y podrán decir, trabajo cumplido. La diferencia es imperceptible, ahora en vez de “yankee go home”, se dice “chinese wellcome”.

El cuerpo del poder correista, donde se cuecen los grandes negocios: petróleo, electricidad, telecomunicaciones, aduanas, obra pública y los estelares mandos del Estado, se ha mantenido infestado de correligionarios de la pestífera partidocracia: parientes, amigos, amantes, afectos, socios, accionistas, áulicos y cortesanos del funeral populista y neoliberal de los últimos treinta años: y unos cuantos izquierdosos, decorando el marco teórico y tendiendo alfombra roja al paso de la corte.

El efecto de la morfina populista empieza a ceder, el sepulturero de la partidocracia, muta en profanador de tumbas, liberador de mortajas de los extintos lapidados, que se levantan como lázaros, a mirar, aprender y aplaudir la obra completa, pensada con la diestra y ejecutada con la siniestra, bien hecha, en nombre de todos, con equidad de género y derechos de la naturaleza, sin machismos y musicalizada con sonetos de la nueva trova en tercera edad.

En el siglo diecinueve el valeroso impugnador de tiranos, bogotano y alfarista, José María Vargas Vila, en su obra “La muerte del cóndor” pintó la tragedia de su pueblo en los rostros de los “cadáveres insepultos” eternizados en el ataúd de la historia. Los tiempos pasan pero a veces como que no pasan, se repiten crueles, con otros nombres, pero solemnemente infames, como nos recuerda Vargas Vila a la falaz revolución o regeneración de Núñez en Colombia: “No iluminan como los sabios; pero engañan como los farsantes. No son una revolución, sino un trastorno. Todo lo derriban, y no edifican nada. Es un pillaje, no un gobierno. No saben qué quieren, ni para dónde van. Aquello es: la locura de las medianías, la embriaguez de las nulidades, el desenfreno del crimen. Esta agrupación híbrida, que como un miasma pestilencial, se ha alzado de la corrupción de todos los partidos; esta avalancha de hombres de todos los bandos, que ha caído sobre la República, como esas invasiones de bárbaros, que todos los cuatro puntos del horizonte cayeron un día sobre Roma, ni es un partido, ni tiene bandera, ni obedece a principios, ¿De dónde ha surgido? De abajo, del fondo de todos los partidos. Hombres y tendencias, todo ha brotado de la sombra. Grupo genesíaco, en que todos han salido de la nada no sabiendo quiénes son, de dónde vienen, ni para dónde van.”

Continúa persecución a líderes indígenas en Ecuador, denuncia dirigente shuar

Tomado de: Red de Comunicadores Interculturales

El pasado 5 de Agosto el Presidente del Federación Shuar FICSH, Pepe Luis Acacho, fue llamado a comparecer ante la Fiscalia de Mendez de la provincia de Morona Santiago por la denuncia presentada por el Dr. Navarrete, Subsecretario Juridico del Ministerio de Gobierno del Presidente Correa, por el delito de instigacion para delinquir y por apologia del delito, en el marco del proceso que se sigue por plagio y avigeato en contra de los socios del centro shuar Pupunas de la asociacion Etsa del canton Limon Indanza.

Pepe Acacho acompañado de dirigentes y socios de la Federación Shuar se presentó a las nueve de la mañana con su cedula de identidad ante la Fiscal en compania de sus abogados ante quien indico que se acoge al articulo 76 numeral 7 literal f) de la Constitucion Politica del Ecuador, que en su parte pertinente dice:

“SER ASISTIDO POR UNA TRADUCTORA O TRADUCTOR O INTERPRETE, SINO COMPRENDE O NO HABLA EL IDIOMA EN EL QUE SE SUSTANCIA EL PROCEDIMIENTO”, de igual manera dijo acogerse al Art. 77 numeral 7, EL DERECHO DE TODA PERSONA A LA DEFENSA INCLUYE, literal a) que dice “SER INFORMADO, DE FORMA LIBRE Y DETALLADA EN SU LENGUA PROPIA Y EN LENGUAJE SENCILLO DE LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS FORMULADOS EN SU CONTRA Y DE LA IDENTIDAD DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE LA ACCION Y PROCEDIMIENTO”

Con estos argumentos legales en el marco de la Constitución el denunciado argumento que no entiende que significa instigación para delinquir y apología del delito como tambien que significa plagio y avigeato, por lo que solicito se le traduzca en su idioma para de esa manera proceder a su defensa en su propio idioma, por lo que la Fiscal acogió el pedido y suspendió la indagación.

“Con estas acciones se deja en claro que hay una persecución política a los líderes y dirigentes indígenas especialmente a los shuar que han luchado en defensa de sus territorios y que no han permitido el saqueo de los recursos minerales que se encuentran en territorio shuar”, dijo Acacho.

Se reafirma la impunidad

Hacia la impunidad y favorecimiento del accionar conjunto de militares y paramilitares

El pasado 4 de agosto de 2010, el Juzgado Segundo Especializado de Antioquia dictó sentencia en el proceso que se adelantaba en contra de 10 militares integrantes del Batallón Vélez de la Brigada 17 del Ejército Nacional, en razón de la masacre ejecutada el 21 de febrero de 2005 en contra de integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

En dicha decisión la Juez Catalina Henao Rendón, decidió absolver de toda responsabilidad a los TC Orlando Espinosa Beltrán; MY Jose Fernando Castaño López; Teniente Alejandro Jaramillo Giraldo; SS Ángel María Padilla Petro; C1 Sabarain Cruz Reina; ST Jorge Humberto Milanes Vega; SS Henry Agudelo Guasmayan Ortega; C3 Ricardo Bastidas Candia; ST Edgar García Estupiñán y el Sargento Darío José Brango Agamez.

En relación con la acusación por el delito de actos de barbarie, la Juez valoró que debería considerárseles inocentes, pues en su sentir la teoría de la autoría mediata por conformación de estructuras de poder organizado aplicadas por la comunidad internacional en el caso de los criminales de guerra nazis, de Alberto Fujimori y las juntas militares en Argentina no pueden ser no puede ser aplicadas pues “aunque dicha teoría tuvo su origen en el marco de irregularidades cometidas por agentes del Estado esta judicatura encuentra graves inconvenientes en trasladarla a la situación concreta, como lo demanda el actor popular, ya que aunque el Ejército Nacional tiene una estructura jerárquica en la que opera el principio de mando y subordinación, es una estructura legítima, formalmente regulada en la cual rigen reglas de la obediencia debida, por lo que no puede esperarse, contrario a lo que ocurre en los grupos irregulares, que el mando sea arbitrario, sino todo lo contrario, se trata de una organización que en principio obedece a unos fines constitucionales de protección de la paz, del orden justo y la efectividad de los derechos fundamentales de acuerdo al artículo 2 CN”.

La jurisprudencia nacional e internacional ha ido evolucionando en el sentido de impedir que actos que comprometen los derechos humanos y constituyen crímenes de lesa humanidad, puedan quedar en la impunidad. Es sumamente preocupante que en esta sentencia, las consideraciones partan de hacer un rechazo a la aplicación de teorías construidas en el derecho penal, bajo la consideración que se presume que el Ejército Nacional no actúa arbitrariamente, dejando de lado la existencia de abundante material probatorio que da cuenta del accionar conjunto de militares y paramilitares y que miembros de la Fuerza Pública se deslindaron del ordenamiento jurídico, en una empresa criminal conjunta con paramilitares, en desarrollo de la cual ejecutaron crímenes de lesa humanidad.

Sumado a ello, ha decidido la Juez Segunda absolver a todos los militares del delito de concierto para delinquir argumentando que “no fue demostrado por parte de la Fiscalía General de la Nación la existencia de un acuerdo entre militares y procesados, con proyección de la organización en el tiempo y ánimo de permanencia, tendiente a la comisión de delitos determinados”. Adicionalmente ha precisado que el patrullaje conjunto es anormal, pero no es suficiente “para probar el vínculo”, en donde concluye que militares y paramilitares “señalan de manera concordante que únicamente realizaron diálogos encaminados a la realización de desplazamientos conjuntos, más no a la ejecución de ningún delito”, por lo que en sentir de la Juez “la conducta de concierto para delinquir resulta ser atípica”.

Estas consideraciones resultan ser sumamente preocupantes para el contexto de violaciones a los derechos humanos y la impunidad en Colombia. Considerar que las reuniones previas, contar con guías paramilitares, patrullar conjuntamente y dormir en los mismos lugares no constituye delito, se erige como una invitación a la consolidación de la asociación criminal entre militares y paramilitares. Estas posiciones conceptuales conllevan a la impunidad de estos actos, así como a una impunidad generalizada en la repudiable y necesariamente punible asociación criminal entre miembros de la Fuerza Pública y paramilitares. El dominio del hecho que tenían los militares, quienes conjuntamente operaron en la masacre del 21 de febrero de 2005, es inequívoco.

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de Perú en la sentencia contra el ex presidente Alberto Fujimori en el Expediente N° AV 19-2001, del siete de abril de 2009. Casos Barrios Altos, La Cantuta y sótanos, concluyó que: “Por tanto, no será indispensable que exista una disposición expresa y que esté contenida en un documento, por la que el nivel superior estratégico ordene directamente el cumplimiento de una función específica al ejecutor inmediato”.

En relación con la responsabilidad atribuible a miembros del Ejército Nacional por la ejecución de la masacre, ha sido rechazado el testimonio del Capitán Guillermo Armando Gordillo, quien confesó su participación en estos hechos y fue condenado por un Juez de la República a 20 años de prisión. En relación con su testimonio considero la Juez Rendón Henao que “pretende incriminar de manera falaz a sus subalternos e inclusive a sus superiores”. Es sumamente inquietante observar como la versión del Capitán Gordillo es válida y suficiente para condenarlo, pero no para analizar la responsabilidad de los hombres que dirigía. Más alarmante es observar como se concluye que “el único miembro del Ejército Nacional que participó en ellas fue el Capitán Gordillo”, con lo cual de tajo la Juez limpia la responsabilidad de quienes acompañaron al capitán, en la ejecución de dicho designio criminal.

La Juez considera que “en el plenario obran suficientes medios de conocimiento para dar por probado sin lugar a dudas que los autores materiales de los hechos fueron un grupo de paramilitares del BLOQUE HEROES DE TOLOVA que se encontraban patrullando conjuntamente en la zona con los pelotones B1 y A1 de la compañía ANZOATEGUI”.

La Juez afirma que “no existe en el proceso absolutamente ninguna evidencia de que el acuerdo que realizaron Ejército y paramilitares se hizo para cometer delito alguno y mucho menos para matar personas indefensas. Al contrario, todo indica que nadie sabía o sospechaba siquiera que se iban a cometer esas atrocidades. Ni los mismos que dieron la orden directa de ejecutarlas y, menos, quienes las ejecutaron sabían previamente que eso iba a suceder”.

Y no menos alarmante resulta ser la afirmación según la cual: “aunque es claro que los militares infringieron su deber de no patrullar con un grupo ilegal, lo cierto es que éstos no conocían ni debían conocer los riesgos de su conducta”.

El conjunto de aspectos aquí citados indican que a pesar de los esfuerzos de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación para adelantar el proceso, en la fase de juicio las valoraciones y conclusiones a que se arriba, tienen el propósito e intencionalidad de favorecer a los victimarios.

Desde hace varios años la Comunidad de Paz de San José de Apartado había expresado públicamente sus reservas frente a la administración de justicia en Colombia, dado que venía siendo funcional a la impunidad de graves crímenes contra la humanidad. La sentencia que hoy se conoce se erige como uno de los mayores monumentos a la impunidad, en donde para nada importa el testimonio del Capitán Gordillo y siete (7) paramilitares en relación con el accionar conjunto de militares y paramilitares en el operativo que llevo a la muerte de cuatro niños y niñas y cuatro adultos. Hoy debemos decir nuevamente, que la Comunidad tenía la razón: no existen razones, fundamentos, ni pruebas, que permitan creer en la justicia colombiana.

Esto nos plantea que solo queda la opción de acudir ante el Fiscal de la Corte Penal Internacional para pedirle que asuma el conocimiento de estos hechos los cuales son claramente un crimen de lesa humanidad, dado que la justicia colombiana no tuvo el interés, ni la voluntad para hacerlo.

Ficción, no revolución

Editorial del semanario En Marcha

Edición 1501

Alegrar a los sectores populares con pequeñas cosas es la línea de conducta del gobierno. Así hace creer que en el país se están produciendo cambios, que al fin alguien se acuerda de los pobres. En medio de tanta pobreza y miseria acumulada por culpa del inhumano sistema en que vivimos, que alguien se acerque a obsequiarle un foco o que le entreguen unos pocos dólares con la denominación de Bono del Desarrollo Humano provoca, sin duda alguna, agradecimiento.

Así Rafael Correa se contenta también, porque ello le permite mantenerse con altos índices de aceptación y respaldo -según dicen las encuestas- y continuar hablando de una supuesta revolución en marcha. Ficción y no revolución es lo que vivimos. El asistencialismo llega a algunos sectores, pero durante los tres años de “revolución ciudadana” quienes más se han beneficiado han sido los grandes empresarios industriales, agrícolas, banqueros. Estos últimos en el 2008 tuvieron utilidades superiores al 20%, el 2009 fueron del 13%, y para tener una idea de lo que eso significa basta conocer que durante el auge de la especulación financiera la banca en los EEUU tuvo utilidades del 6%.

Los principales grupos económicos del país, entre los que se encuentran La Favorita, Banco del Pichincha, El Juri, Exportadora Bananera Noboa, General Motors, Consorcio Nobis, Proinco, Pronaca…, el año pasado declararon al Servicio de Rentas Internas ingresos por alrededor de 9.800 millones dólares, equivalentes a 1.4 veces más que todos los ingresos tributarios recibidos por el Estado. El 3% de las empresas concentran el 70% de ingresos empresariales totales, el 73% de los activos totales y el 80% del patrimonio. Es decir, la concentración de la riqueza en pocas manos es por demás evidente y no se ha hecho absolutamente nada por combatirla. No es raro, pues, que los empresarios estén contentos con la propuesta de un Código de la Producción en el que se establecen grandes beneficios para la empresa privada.

Opulencia por un lado y miseria por otro. ¿Puede alguien negar que existe una revolución en marcha?

Los paquetazos de Correa vendrán por la vía del COOOTAD

Con algo más de dos millones de dólares invertidos en publicidad gubernamental en el mes de julio, según datos de la ONG Participación Ciudadana, y consecuentemente, con alrededor del 50% de aceptación a su gestión, el gobierno de la revolución ciudadana parece preparar una cadena de paquetazos económicos, que para volverlos imperceptibles, o que no afecten políticamente la imagen del Presidente de la República, estarían localizados por regiones. Esto, gracias a la aprobación del nuevo Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Descentralización y Autonomías (COOTAD).

Según lo ha denunciado el bancada legislativa plurinacional, progresista y de izquierda Pachakutik-MPD, el Art. 179 de este nuevo cuerpo legal, entregaría facultades tributarias a los nuevos Gobiernos Autónomos Descentralizados, entre las que estaría la eventual eliminación del subsidio de los combustibles.

Y esto es particularmente demostrable por la información última que se filtró desde el Municipio de Quito, y que fue aceptada como cierta por el vicealcalde gobiernista Jorge Albán, en el sentido de que se estaría pensando en financiar la construcción de 12 nuevas vías en el Distrito Metropolitano de Quito, con la imposición de nuevas tasas, y la elevación de otras que ya existen, como la del impuesto a los consumos especiales, la creación de peajes dentro de la ciudad y la elevación del precio de los combustibles únicamente en la capital.

Según la información del concejal Eddy Sánchez, de la Comisión de Movilidad, el Municipio requiere 573 millones de dólares para la obra. El 60%, es decir, 342 millones, provendría de un préstamo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (tomar como caja chica a esta institución también es una práctica instituida por el gobierno), 50 millones los pondría el Municipio (también como préstamo) y el resto vendría por créditos externos. Todo lo pagaría el pueblo de Quito a través de los impuestos, medidas que indignan por lo antipopulares y por la concepción neoliberal de la que parten.

Adelantándose ya a la aprobación del COOTAD, otro concejal también argumentaba la necesidad de que el Municipio capitalino asuma la competencia total de la educación en la ciudad, lo cual significaría una puerta abierta a la privatización de este derecho.

En realidad, varias políticas se han adelantado ya desde el gobierno, asumiendo la vigencia del COOTAD, aún antes de que lo aprobara la Asamblea. Es la prepotencia y el espíritu antidemocrático en el ejercicio del poder lo que se imprime como sello de esta “revolución ciudadana”.

El COOTAD, sin embargo, incluye aspectos importantes con los que la izquierda no podría estar en desacuerdo. Un ejemplo de ello es la creación de las Circunscripciones Territoriales Indígenas, que son una conquista y derecho de las comunidades y nacionalidades indígenas, así como el incremento al presupuesto de los organismos seccionales, incluidos las juntas parroquiales. Sin embargo, según explica el jefe de la bancada plurinacional y de izquierda, Jorge Escala, con la mayoría de artículos se generaliza el cobro de tasas, tarifas, impuestos y contribuciones especiales por mejoras, por recolección de basura, agua potable, control de alimentos, pavimentación, aceras, alcantarillado, sistemas de agua, relleno de quebradas, plazas, parques, entre otras obras.

Escala expresa su acuerdo con que los gobiernos autónomos descentralizados contribuyan en las competencias de infraestructuras y equipamiento en salud y educación, pero rechaza que la prestación de estos servicios pase a los municipios tal como lo plantea el COOTAD en su Art. 138. “Estas políticas neoliberales pretenden que la población asuma el financiamiento de los servicios mediante el incremento de tasas municipales, ya que estos se convertirán en mercancía de difícil acceso, que solo se beneficiarán los que tengan para pagar nuevos tributos”, afirma el asambleísta.

Para la presidenta de la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador (CUBE), Natasha Rojas, el COOTAD es un instrumento neoliberal porque en el artículo 279 permite la “delegación” de servicios que presta la municipalidad a la empresa privada. “Esto significa privatizar los servicios que la población requiere para subsistir, y significa continuar con modelos de gestión neoliberales como el aplicado por el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, quien privatizó el agua, la recolección de basura, etc.”

Además, sostiene Natasha Rojas, “la potestad que se le entrega al Consejo Nacional de Competencias de disponer la intervención temporal de un nivel de gobierno en la gestión de las competencias de otro nivel, violenta la autonomía de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y se prestará a chantajes del gobierno nacional, ya que la composición del Consejo tendrá la presencia mayoritaria del Gobierno”. Y en esto radica la intención fundamental del gobierno: controlar cada espacio de poder, definir desde la Presidencia de la República quiénes merecen la atención del Estado.

SOMOS FEUE

Luego de la jugarreta de parte del gobierno de Rafael Correa de intentar nulitar las legítimas elecciones para designar las autoridades del principal organismo representativo de los universitarios como es la FEUE realizadas en Guayaquil el 19 de julio, el Honorable Consejo Universitario validó todo lo actuado y ratificó el rotundo triunfo de los candidatos de la unidad estudiantil listas A. Con la asistencia de 55 representantes de las diferentes facultades de la universidad se dio la votación que arrojó los siguientes resultados: 34 a favor de la legalidad del proceso, 16 en contra de los resultados y 5 abstenciones, de esa forma se proclamaron ganadores a Daniel Cuellar Presidente y Andrea Becerra Vicepresidenta de la Feue filial Guayaquil, asi como las demás dignidades de la Lista A. en lo que respecta a la votación de nuestra secuestrada Facultad de Jurisprudencia, una actitud antidemocrática y borreguista de parte de ambos títeres del gobierno como son el Decano y Subdecano al negar con su voto el legitimo triunfo de nuestra lista, que vergüenza¡¡ la Escuela de Derecho robándole derechos a los estudiantes, y todo por cumplir con el “llamado” de la inconciencia, pero la democracia y no la dictadura del omnipotente venció en la Universidad de Guayaquil, este triunfo representa un revés para el dictador pues pretendía acaparar la mayoría de las filiales de Feue, y asi poder tener el control casi total de los organismos universitarios y extinguir la política estudiantil coartando el derecho a la protesta y a la libertad de pensamiento, su idea de una universidad blanca –el color de la quietud-como las de Europa o de Estados Unidos no va a calar en nuestro país mientras existan jóvenes contestatarios aglutinados en organizaciones de lucha frontal de universitarios consecuentes con la historia como el Friu, este gobierno ni ningún otro podrá quitarnos el derecho a luchar por nuestra universidad cuando sintamos que se violentan derechos individuales, o colectivos, la OXY, el TLC, el presupuesto, el libre ingreso, la gratuidad, se consiguieron al fragor de la de las luchas callejeras y esto continúa pues con la fraudulenta aprobación de la nueva ley de educación superior, la universidad de Guayaquil seguirá en pie de lucha por hacer respetar la autonomía y nuestra libertad de elección y de pensamiento, mientras la humanidad tiene la Declaración de los derechos humanos los universitarios tenemos el Documento de Córdova.

UNIVERSIDAD PARA EL PUEBLO Y NO PARA EL GOBIERNO

                                                                                                                tiro-fijo

NUEVO GARROTAZO DE CORREA EN CONTRA DEL PUEBLO

Nuevo COOTAD incrementará precio de los combustibles

El próximo miércoles 11 de agosto el Pleno de la Asamblea Nacional se apresta a aprobar el nuevo Código de Ordenamiento Territorial (COOTAD), al respecto, el MPD respalda que dentro de este proyecto consten la creación de las Circunscripciones Territoriales Indígenas porque es una conquista y derecho de las comunidades y nacionalidades indígenas, así como el incremento al presupuesto de los organismos seccionales incluidos las juntas parroquiales; sin embargo advierte, que de aprobarse en paquete este cuerpo legal se generalizaría el cobro de tasas, tarifas, sobretasas y contribuciones especiales por mejoras por recolección de basura, agua potable, control de alimentos, pavimentación, aceras, alcantarillado, sistemas de agua, relleno de quebradas, plazas, parques entre otras obras, señaló el Asambleísta Nacional Jorge Escala.



Expresa su acuerdo con que los gobiernos autónomos descentralizados contribuyan en las competencias de infraestructuras y equipamiento en salud y educación, pero rechaza que la prestación de estos servicios pasen a los municipios tal como lo plantea el COOTAD en su Art. 138, estas políticas neoliberales pretenden que la población asuma el financiamiento de los servicios mediante el incremento de tasas municipales ya que estos se convertirán en mercancía de difícil acceso que solo accederán los que tengan para pagar nuevos tributos.



Así como en meses anteriores aumentó el precio del litro de leche, Correa prepara un nuevo garrotazo económico en contra de los pueblos del Ecuador al incrementar el precio a los combustibles y los impuestos a los consumos especiales con el COOTAD en el Art. 179 dentro de las facultades tributarias que asumirían los nuevos Gobiernos Autónomos Descentralizados; con esto el primer mandatario estaría cumpliendo su amenaza de eliminar el subsidio a la gasolina, denunció Escala.



El asambleísta del MPD reveló que el gobierno, en la línea de grabar con mas impuesto a la población, con el COOTAD en el Art. 184 otorgará atribuciones para que los gobiernos autónomos descentralizados provinciales cobren un nuevo impuesto a todos los propietarios de vehículos, similar al impuesto al rodaje que se pagó en un gobierno neoliberal, ahora denominado “contribución especial por mejoramiento vial”, sobre la base del valor de la matriculación vehicular. Queda al descubierto que la entrega de competencias a los gobiernos seccionales no es con el respectivo financiamiento, sino por el contrario se contempla una serie de impuestos, tasas, tarifas y sobretasas para financiar la entrega de servicios públicos y lo más grave es que cuando no estén en capacidad técnica y económica, que es lo más común que ocurrirá, terminarán delegando las competencias a la iniciativa privada.



Finalmente señaló que el Bloque de Asambleístas del MPD solicitará que por ser un proyecto de ley que norma las facultades y entrega las competencias de áreas muy complejas y sensibles, la votación debe ser en forma nominal y por artículos, con la finalidad de que se transparenten los resultados y quede nítidamente establecida la posición de quienes están a favor de continuar con la política neoliberal al entregar a la iniciativa privada la prestación de los servicios públicos de calidad que constitucionalmente los debe garantizar el Estado.