Buscan montar pruebas a los 10 del Luluncoto

por Rolando Castro 

El brutal allanamiento de los domicilios de los 10 líderes sociales, profesionales y estudiantes realizadas en la madrugada del jueves 26 de abril constituye un nuevo acto de violación de los derechos humanos, del derecho a la intimidad y a las libertades democráticas, que se inició el 3 de marzo cuando ilegalmente apresaron a las 10 personas que realizaban una reunión en el barrio de Luluncoto, previo a la Marcha por el agua, la Vida y la dignidad de los pueblos. 

Esta absurda y desmedida acción de fuerza, realizada a los dos meses de la detención, corresponde a la desesperación de la fiscal Diana Fernández, quien sin saber cómo probar el supuesto delito de atentado a la seguridad del estado, busca con esta medida crear las “pruebas” que durante estos dos meses de detención no encontró en las libertas, chips, billetes y celulares, que fueron la evidencias encontradas. Cabe recordar que a los 10 presos políticos se les pretende ligar con el estallido de bombas panfletarias y con una supuesta vinculación con el Grupo de Combatientes Populares GCP. 

Esta violenta acción dejó como resultado niños aterrorizados, mujeres y ancianos que entraron en estado de shock, que miraban absortos e indignados, como su intimidad era vulnerados, sus habitaciones y sus cosas revueltas por los miembros de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado ULCO, en busca de “otras pruebas”, mientras entre 20 y 25 efectivos del GOE los resguardaban. Con esto también se busca acallar y amedrentar a los familiares de los detenidos que sostienen junto con sus abogados una férrea defensa y frenar la solidaridad que va generando este caso. 

Por ridículo que parezca las “nuevas evidencias incriminatorias” ahora son las tareas escolares de una menor de edad que escribió un trabajo sobre el Primero de mayo, así como los recortes de la revista “Vanguardia”, de los diarios “la Hora”, “Hoy”, el “Universo” Ecuadorinmediato” que hablan de este caso y que había sido acopiados por la hija de Hugo Vinueza, estudiante de comunicación social, para realizar un trabajo académico sobre análisis de mensajes. O aún más ridículo: se llevaron la película ‘El último rey de Escocia’ (ganadora de un Oscar en 2006), la Enciclopedia sobre la Historia Universal del Siglo XX, un disco de Jaime Guevara, así como una foto de la joven en la consta la imagen del Che Guevara y su computador personal con el que realizaba sus tareas universitarias. 

Si a esto se lo cataloga como un material altamente peligroso no cabe duda que no encontramos frente a la Inquisición del Siglo XXI donde cualquier material de carácter científico, artístico y de cultura general, es considerado evidencia para la desestabilización del Estado. 

En ninguno de los lugares allanados se dejó un acta o constancia de lo que se llevaban, por lo que se puede suponer que cualquier cosa puede aparecer para satisfacer la persistente condena que se realiza desde el gobierno contra estos líderes sociales, profesionales y estudiantes a quienes se les cogió como recurso para justificar el discurso gubernamental de que había “desestabilizadores de la democracia”. Es un escenario de persecución al pensamiento que difieren con las posturas oficiales para lo cual se está armando una estructura policial para intentar controlar cada vez más a los ciudadanos, para silenciar las críticas y las denuncias de corrupción, para continuar criminalizando la lucha social y a los líderes sociales. 

Este y otros hechos que violentan las garantías constitucionales, los derechos humanos, el debido proceso deben ser denunciadas y enfrentadas con al unidad y lucha de pueblo. Estamos frente a un gobierno que conforme se debilita busca imponerse por la fuerza, a esto corresponde el anuncio del presidente Correa de que la Fuerzas Armadas entraran en la “guerra” por la seguridad ciudadana.