ANALFABETO POLITICO

"El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio de los frijoles, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios, dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales."



Bertolt Brecha


miércoles, septiembre 07, 2011

MPD CALIFICO DOMO DECRETO DICTATORIAL, EL ESTADO DE EXCEPCION A LA FUNCION JUDICIAL


*detrás de este decreto esta la violentación de la autonomía del poder judicial
*despido intempestivo de funcionarios judiciales que no sean serviles
*la aceleración y violación del debido proceso de juicios que están abiertos contra más de 300 luchadores sociales
*amenaza a la libertad de expresión criminalizaria a quienes lo critiquen
*impunidad a los casos de corrupción

La Directiva Nacional del MPD, denunció como un Decreto dictatorial el texto enviado por Correa en el que declara el Estado de Excepción en la Función Judicial, concretándose así el asalto a la justicia y el atropello a normas constitucionales.
Luis Villacis Maldonado Director del MPD, manifestó que este decreto es inconstitucional e inmoral, debido a que no existen causales para la declaratoria del estado de excepción, ya que según lo que establece el art. 164 de la Constitución este instrumento solo ser hará efectivo “en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural”.

El decreto señala en uno de sus considerandos que “ante la situación angustiante de la Función Judicial…podría generar una conmoción interna”. Villacis declaró que no es posible que se legisle bajo un supuesto; esto no se contempla en ningún sistema jurídico en el mundo, no se puede tomar una decisión por presunción sino por un hecho cierto.

Adicionalmente el art. 168.1, de la Constitución establece que “la función judicial gozara de independencia interna y externa. Toda violentación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley”, señaló el dirigente emepedista. Agregó que lo que estaría detrás de este decreto sería la violentación de la autonomía del poder judicial; el despido intempestivo de funcionarios judiciales que no sean obsecuentes al régimen, la aceleración y violación del debido proceso de juicios que están abiertos contra más de 300 luchadores sociales, amenaza a la libertad de expresión debido a que con una justicia en manos del gobierno sería enjuiciados y sentenciados quienes lo critiquen y la total impunidad a los casos de corrupción denunciados, indicó Luis Villacis.

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