Tras una tarde convulsionada, por el hallazgo de un policía armado e infiltrado en la "Marcha por el agua, la vida y la dignidad" que el 8 de marzo pasado salió de Zamora, y ahora atraviesa la sierra central rumbo a la capital, unos 300 integrantes de organizaciones indígenas, sociales y campesinas salieron a las 16:30 de ayer del cantón Cañar, en la provincia de igual nombre, hacia Chunchi (Chimborazo).
El infiltrado, que vestía camiseta blanca y jean, se identificó como Édison Maurisaca, cabo segundo de Policía de la delegación de Azogues (Cañar). Se le encontró una pistola cargada, unas esposas y las llaves de un carro. También una credencial que lo identificaba como miembro de la fuerza pública. Apareció con una libreta y una cámara, fotografiando a dirigentes indígenas que acababan de leer el Mandato de marcha plurinacional, elaborado la noche anterior.
De inmediato, el policía de estatura mediana y rasgos indígenas, fue cacheado. Todo ocurrió en la casa comunal de la Unión Provincial de Comuneros Campesinos Cañaris (UPCCC), donde los marchistas habían pasado la noche.
"Sabiendo que nosotros no contamos ni con una astilla, sin embargo estamos acompañados con agentes armados, nadie puede negar que alrededor de nosotros está la fuerza pública… pero en medio de nosotros que esté con una arma cargada incluso con esposas para detenernos a los dirigentes, esto se llama atropello a los Derechos Humanos", reclamó el presidente de la Ecuarunari Delfín Tenesaca; pidió al policía descubierto llamar a sus superiores para que acudan a retirarlo y a dar una explicación.
"No pude dejar (el arma) es dotación", dijo Maurisaca en voz baja, a la vez que trataba de explicar de que su única misión era "sobreguardar la seguridad de la marcha".
"Aquí está la muestra de que se utiliza bienes públicos comprados con nuestra plata para perseguirnos", dijo por su parte el vicepresidente de la Conaie, Pepe Acacho. "Se quiere enfrentar pueblo contra pueblo", añadió.
Poco después, llegó una delegación de la Policía de Azogues, que intentó justificar la presencia de su efectivo para fines de seguridad. También llegó Hugo Gangotena, comandante de Operaciones de la Policía, quien se encontraba en la provincia.
"No es aceptable su respuesta. Con todo respecto pero ustedes saben que su función es de las puertas hacia afuera", reclamó enérgicamente el prefecto de Zamora y dirigente de la marcha, Salvador Quishpe.
Quishpe reveló que durante su estadía en Cuenca recibieron, en mensajes de texto, advertencias sobre presuntos incidentes fraguados por el gobierno para detener la marcha. Los leyó en voz alta. "Hola Marcelito, sé de fuentes fidedignas que el Gobierno está planeando provocar un muerte para disolver la marcha pretextando inseguridad para los ciudadanos", decía el primero. "Ha sido cierto" comentó el prefecto, antes de seguir con el siguiente que decía: "tengan bien abiertos los ojos porque hay infiltrados que llevarán a cabo la acción".
"Vamos en el séptimo día de la marcha y de nuestra parte no ha pasado nada, más allá de que el señor presidente y su Gobierno estén diciendo que aquí van marchando los chumados y los borrachos", añadió Quishpe y los responsabilizó de cualquier desmán o víctima. La denuncia la hizo frente al fiscal de Cañar Javier Cárdenas, que llegó al sitio.
Antes del incidente, Manuel Guamán, presidente de la UPCCC leyó 19 peticiones al Gobierno consensuadas por las organizaciones sociales que participan en la marcha, entre los que se destacan: exigir la plena vigencia de la constitución; no a la minería de gran escala; suspensión de explotación del bloque 31 y la suspensión de la construcción del oleoducto Pascuales-Cuenca; no a los megaproyectos hidroeléctricos con créditos extranjeros y suspensión del proyecto multripopósito Chone; la aprobación de Ley de aguas y de Tierras; no a la firma de TLC; eiminación de impuestos verdes, y otros. Ese documento fue entregado a unos chasquis (mensajeros) para que lo lleven a Carondelet.
El documento fue elaborado en el Hotel Cañar, donde se reunieron hasta altas horas los dirigentes indígenas. El resto durmió en colchones en la casa comunal. Al ser consultado sobre ese asunto, Quishpe dijo que su paso por el hotel era "la comidilla" y que el Gobierno lo utilizaría para desacreditarlo.
Los 19 pedidos de la Conaie y los movimientos sociales al Gobierno:
Exigir la plena vigencia de la constitución; No a la minería de gran escala y la exigencia de que la Corte Constitucional resuelva el incumplimiento del Mandato Minero n°6, la derogatoria de Ley minera por ser inconstitucional y la nulidad del contrato con la minera China Ecuacorriete; Suspensión de explotación del bloque 31 y la suspensión de la construcción del oleoducto Pascuales-Cuenca; No a los megaproyectos hidroeléctricos con créditos extranjeros y suspensión del proyecto multripopósito Chone; la aprobación de la Ley de aguas y Ley de Tierras; No la firma de TLC y suspensión de negociaciones de TLC con Europa; Eliminación de impuestos verdes, reforma de equidad tributaria y restablecimiento de impuestos que graben a las grandes economías; Reconocimiento del transporte comunitario y reforma a la ley de transporte terrestre; Derogatoria del Decreto 813 y el reintegro de trabajadores separados por renuncias obligatorias y despidos intempestivos, además de la aprobación del nuevo Código Laboral demandado por las centrales sindicales; Derogatoria de bachillerato unificado y del sistema nacional de nivelación y admisión, una reforma a la Ley Orgánica de Educación planteada y la creación de la Universidad Estatal de Cañar; Democratización de comunicación, construcción de nueva ley que garantice libertad de pensamiento y la distribución equitativa de las frecuencias: 33% para los medos públicos, 33% para los privados y 34% para los comunitarios, también garantías para la libertad de información y opinión que circulan en las redes sociales, derecho a la reserva de la fuente y al secreto profesional; No a la criminalización a la protesta social, archivos de causas y libertada de presos políticos.
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