Por Galo F. Benítez
“Tal como entró en vigencia esta semana la ley de reformas a las reglas para hidrocarburos, el Estado recibirá entre el 90% y el 98% de la ganancia del petróleo (renta), luego de los gastos y costos, generados en los 34 contratos con las compañías privadas, y que en 120 y 180 días se renegociarán”[1].
“El ministro de Recursos No Renovables, Wilson Pástor, dijo que la reforma a la Ley de Hidrocarburos es histórica porque el país recupera la totalidad de los ingresos petroleros; por que las empresas petroleras no se beneficiarán del alza del crudo, pues ahora tendrán una tarifa fija”[2].
Como ya lo anunciamos al país, la Reforma a la Ley de Hidrocarburos enviada por el Presidente Rafael Correa, el 24 de junio de los corrientes, fue aprobada por el ministerio de la Ley, ante la complicidad de la Asamblea Nacional, que dilató su discusión, con lo cual se impuso la voluntad del gobierno.
En el Registro Oficial No. 244 del martes 27 de julio de 2010 la “Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario Interno” fue publicada sin debate, para vergüenza nacional.
Confieso que dadas las fuerzas pro gobiernistas, incluyendo a la oposición de derecha (Partidos PRIAN, PRE, ID, PSP, PSC, Madera de Guerrero, etc.) la suerte de esta ley ya estaba echada por la mayoría vendepatria que conforma el Pleno. Vale rescatar la posición patriótica de la minoría de izquierda, integrada por el Movimiento Pachacutik y MPD, quienes al unísono plantearon el archivo del Proyecto, por ser atentatorio al interés nacional.
Poco menos que vergonzoso y poco ético fue la actuación de los asambleístas del Movimiento País, quienes cumplieron al pie de la letra las instrucciones de los emisarios de Carondelet –Alexis Mera y Ricardo Patiño-, al no asistir a la sesión extraordinaria de la Asamblea, convocada para el domingo 25 de julio, a las 19:30 PM. Astuta maniobra de servilismo que al final lograría que no hubiese el quórum necesario para que la Ley sea tratada en segundo debate. Con su actuación estos asambleístas[3] se graduaron de “traidores a la patria” al permitir que se apruebe una reforma privatizadora, inconstitucional e inconveniente para los intereses del país.
El Presidente de la Asamblea Fernando Cordero calificó como un día memorable la aprobación –sin debate- de una ley que lesiona la soberanía petrolera, tributaria y jurídica del Ecuador.
El otrora nacionalista Jorge Glass, hoy encumbrado Ministro Coordinador de los Sectores Estratégicos, elogió la aprobación de la reforma, como si el Ecuador hubiese nacionalizado los hidrocarburos de una buena vez. Por su parte, el Presidente Correa guardó silencio, por cuanto Pastor, Mera y Glass se convirtieron en peones estratégicos del ajedrez mediático neoliberal, al ponderar -en rueda de prensa- los supuestos beneficios de la Ley.
Los medios de comunicación bailaron al ritmo que impuso el regimen, transformándose en el mejor hilo conductor de la mentira que terminó convertida en verdad, para que el pueblo mire, oiga y acepte ciegamente la versión oficial de las reformas petroleras revolucionarias del Socialismo del Siglo XXI, ignorando a toda luz que:
- Todos los contratos petroleros firmados a lo largo de la historia han sido lesivos al interés nacional (Incluido el actual de Prestación de Servicios aprobado por la Asamblea). Buscar la renegociación con empresas privadas entraña prolongar el perjuicio multimillonario en contra del Estado, que bien pudo haberse subsanado con la reversión inmediata de los campos a manos de Petroecuador, en beneficio del país.
- Si las compañías durante los últimos años han ganado cerca de 20 mil millones de dólares. Considerando que las inversiones efectuadas por todas las petroleras en los campos y/o bloques del Oriente ascienden a +/-1500 millones de dólares, el Estado ecuatoriano no les debe nada. En tal virtud, la sola insinuación del Ministro Pastor de llegar a un acuerdo económico para liquidar los contratos, resulta atentatorio al interés público.
- La pretendida prioridad del regimen de firmar nuevos contratos con las petroleras, desconoce el perjuicio causado al erario nacional por los juicios tributarios por más de 1184 millones de dólares (Período 2000 a 2006)[4] o, las glosas por evasión tributaria (Año 2010) de 620 millones, que aún no han sido cobradas. Solo en este año, el fisco dejó de recibir 66 millones de dólares por la baja en el pago de impuestos de las petroleras[5].
- El Ecuador retrocede en la participación de los ingresos fiscales, al destinar apenas el 25% como margen soberano, cuando en otros países el porcentaje de participación en el sector hidrocarburífero, supera el 75%.
- Mientras fue ministro de Energía el hoy embajador en España, Dr. Galo Chiriboga, ya se adelantó “la renegociación” del precio base a favor de las compañías, el cual se duplicó en promedio de USD. 22 a 45 dólares por barril extraído, tarifa que constituye para las compañías un derecho adquirido.[6]
- Las petroleras no van a ceder ni un milímetro en sus aspiraciones. Si el precio base es 45 dólares, al Estado le queda negociar la diferencia, es decir de USD 80 el barril –menos el castigo por calidad de +/-10 dólares- quedaría $. 70. Restemos el 25% de margen soberano que fue aprobado en la Ley, quedando tan solo USD.17,5 por barril de ingresos para el Ecuador.
- Las Cías quedan exentas del pago de regalías y si esto fuera poco, se les baja el impuesto a la renta del 44 al 25%. Con total cinismo, las autoridades intentan convencer a la opinión pública de que será duro alcanzar la renegociación con las petroleras, cuando el gobierno les ha otorgado concesiones que rayan en el entreguismo más escandaloso.
- En pleno Siglo XXI, se aprobó las reformas petroleras transgrediendo la Ley de Hidrocarburos en los Art. 1, 2 y 74; violando –como nunca antes- un conjunto de leyes de la Carta Magna aprobada en Montecristi, como el Art. 133, 136, 313, 318 y 408 de la Constitución.
- Las privadas obtuvieron en 2009 ingresos por cerca de USD 3000 millones, de los cuales 440 millones se destinó para el pago de utilidades a sus dorados trabajadores[7]. Con estos 440 millones se pudo incrementar la producción en los campos de Petroecuador sobre los 90 mil barriles adicionales durante los próximos cinco años.
- Al país le interesa contar con trabajadores estatales, que no cobran un solo centavo de utilidades, que le entregan el ciento por ciento de la producción al Estado, al más bajo costo del mercado petrolero local. Tratar de renegociar con empresas privadas implica el riesgo de tener que pagar utilidades -entre 55 mil y 200.000 dólares por año- al técnico privado que hoy labora en las petroleras, operando campos con los más altos costos de producción y haciendo el mismo trabajo de un técnico estatal.
- Las petroleras bajan la producción de 105 a 75 millones de barriles por año. El país pierde entre 2008 y 2009 más de 332 millones de dólares. Así y todo el gobierno pasa por alto las pérdidas y apuesta a la renegociación con el sector privado.
- La Asamblea y el regimen permiten que sigan lucrando las empresas que manejan los Contratos de Campos Marginales, cuando se ha comprobado que sus ganancias superan el 1500%. Por ejemplo: la petrolera PETROSUD invirtió aproximadamente 1’200.000 dólares en habilitar un pozo y recuperar dicha inversión -con creces- obteniendo más de 19 millones de dólares al año[8].
En tres años y medio de gestión se han privatizado varios campos petroleros estatales, violentando el marco legal vigente. Los campos marginales entregados desde 1999 y los contratos suscritos por el actual regimen son ilegales, pues se entregaron bloques y campos a dedo y/o en plena producción, cuyas instalaciones estaban dentro de las áreas de Petroproducción. Se privatizó campos con crudo liviano, hecho que contraviene flagrantemente la Ley de Hidrocarburos.
Finalmente, como diría nuestro pueblo: “Esto no va a quedar así”. Sectores progresistas como el MPD, Polo Democrático, Pachakutik, etc, han impugnado la publicación en el Registro Oficial de este legajo infame, presentando sendas Denuncias de Inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, entidad pro gobiernista que nada hará sino hay la presión en las calles para exigir su pronunciamiento.
No es posible que se continúe jugando con el hambre y la necesidad de nuestro pueblo, en nombre de la ECONOMÍA DE LIBRE MERCADO y al servicio de la EMPRESA PRIVADA. El petróleo debe ser rescatado de los privatizadores del mal llamado Socialismo del Siglo XXI.
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