Las Palabras - M.Benedetti

No me gaste las palabras

no cambie el significado

mire que lo que yo quiero

lo tengo bastante claro

Si usted habla de progreso
nada más que por hablar

mire que todos sabemos

que adelante no es atrás

Si está contra la violencia

pero nos apunta bien

si la violencia va y vuelve

no se me queje después

Si usted pide garantías

sólo para su corral

mire que el pueblo conoce

lo que hay que garantizar

No me gaste las palabras

no cambie el significado

mire que lo que yo quiero

lo tengo bastante claro

Si habla de paz pero tiene

costumbre de torturar

mire que hay para ese vicio

una cura radical

Si escribe reforma agraria

pero sólo en el papel

mire que si el pueblo avanza

la tierra viene con él

Si está entregando el país

y habla de soberanía

quién va a dudar que usted es

soberana porquería

No me gaste las palabras

no cambie el significado

mire que lo que yo quiero

lo tengo bastante claro

No me ensucie las palabras

no les quite su sabor

y límpiese bien la boca

si dice revolución.

 

Viene lento, pero viene -‏ M. Benedetti

Lento

pero viene

el futuro se acerca

despacio

pero viene

hoy está más allá

de las nubes que elige

y más allá del trueno

y de la tierra firme

demorándose viene

cual flor desconfiada

que vigila al sol

sin preguntarle nada

iluminando viene

las últimas ventanas

lento pero viene

las últimas ventanas

lento

pero viene

el futuro se acerca

despacio

pero viene

ya se va acercando

nunca tiene prisa

viene con proyectos

y bolsas de semillas

con angeles maltrechos

y fieles golondrinas

despacio

pero viene

sin hacer mucho ruido

cuidando sobre todo

los sueños prohibidos

los recuerdos yacentes

y los recién nacidos

lento pero viene

el futuro se acerca

despacio

pero viene

ya casi está llegando

con su mejor noticia

con puños con ojeras

con noches y con días

con una estrella pobre

sin nombre todavía

lento pero viene

el futuro real

el mismo que inventamos

nosotros y el azar

cada vez más nosotros

y menos el azar

lento

pero

viene

el futuro se acerca

despacio

pero viene

lento pero viene

lento pero viene

lento pero viene.

M.Benedetti

OPINIONES DEL BLOQUE DEL MPD SOBRE EL COOTAD

Quito, 9 de agosto de 2010

Oficio N° 00772 AN-MPD-JEZ

Asambleísta

Virgilio Hernández

PRESIDENTE COMISIÓN GOBIERNOS AUTÓNOMOS,

DESCENTRALIZACIÓN COMPETENCIAS

Y ORGANIZACIÓN TERRITORIOS

Presente.-

De nuestras consideraciones:

Como Jefe del Bloque de Asambleístas del MPD, y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 57, 58 y el inciso tercero del Art. 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presento las observaciones al Proyecto de Ley Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización.

El MPD respalda que dentro de este proyecto consten la creación de las Circunscripciones Territoriales Indígenas porque es una conquista y derecho de las comunidades y nacionalidades indígenas, así como el incremento al presupuesto de los organismos seccionales incluidos las juntas parroquiales; sin embargo advierte, que de aprobarse en paquete este cuerpo legal se generalizaría el cobro de tasas, tarifas y contribuciones especiales por mejoras por recolección de basura, agua potable, control de alimentos, pavimentación, aceras, alcantarillado, sistemas de agua, relleno de quebradas, plazas, parques entre otras obras

Sin embargo es pertinente y oportuno antes de que se proceda a votar el proyecto de ley, se analice la reforma propuesta en el Artículo 138 que es inconstitucional porque la Carta Fundamental en su Artículo 262 ,263, 264 y 267 referidos a las competencias establece muy claramente cuales son las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, los gobiernos provinciales, municipales y parroquiales rurales, en las cuales no consta la gestión concurrente de la prestación de servicios públicos como salud y educación; hay una contradicción porque se deja abierto el camino para que las competencias exclusivas y los sectores estratégicos puedan concurrentemente hacerse cargo los organismos regionales provinciales y municipales. Contrariando lo establecido en el Art. 261 y 313 de la Constitución que dispone que los sectores estratégicos sean de CONTROL EXCLUSIVO DEL ESTADO en todos sus ámbitos, no solo en la rectoría y definición de modelo de gestión como pretenden incorporar en este proyecto de Ley.

Expresamos el acuerdo con que los gobiernos autónomos descentralizados contribuyan en las competencias de infraestructuras y equipamiento en salud y educación, pero rechazamos que la prestación de estos servicios pasen a los municipios tal como lo plantea el COOTAD en su Art. 138, estas políticas neoliberales pretenden que la población asuma el financiamiento de los servicios mediante el incremento de tasas municipales. Se mantiene el riesgo de que se municipalice la educación y la salud como se puede apreciar en el Art. 138 del proyecto de ley y hay experiencias negativas de ello, caso Perú y Chile donde han privatizado o elitizado la educación.

Artículo 138.- Ejercicio de las competencias de infraestructura y equipamientos físicos de salud y educación.- Es facultad exclusiva del gobierno central la rectoría y definición de las políticas nacionales de salud y educación; el ejercicio de estas competencias no excluirá la gestión concurrente para la planificación, construcción y mantenimiento de la infraestructura física, y la prestación de estos servicios públicos, así como actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno, en el marco de los sistemas nacionales correspondientes.

Corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, en el marcode la planificación concurrente con la entidad rectora, construir y mantener la nfraestructura y los equipamientos físicos de salud y educación.

Cada nivel de gobierno será responsable de lo que administre.

Así como también es inconstitucional que se establezca como una facultad de los Gobiernos Regionales Autonomos fijar un monto adicional referido a los impuestos a los consumos especiales y al precio de los combustibles, esto es contradictorio a lo preceptuado en el Art. 135 de la Constitución que establece que: “Sólo la Presidenta o el Presidente de la República podrá presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto público o modifiquen la división política administativa del país.”

Por tanto, la propuesta realizada en el Art. 179 del proyecto de ley por la Comisión es inconstitucional.

Artículo 179.- Facultad tributaria.- “Los gobiernos autónomos descentralizados regionales podrán crear, modificar o suprimir mediante normas regionales, tasas y contribuciones especiales de mejoras por los servicios que son de su responsabilidad y las obras que se ejecuten, dentro del ámbito de sus competencias o circunscripción territorial.

Con la finalidad de establecer políticas públicas, los gobiernos autónomos descentralizados regionales podrán fijar un monto adicional referido a los impuestos a los consumos especiales y al precio de los combustibles….”

Continúa la propuesta de que los Gobiernos Provinciales establezcan el fondo de mantenimiento vial como contribución especial en la matriculación vehicular, como se puede apreciar en el Art. 184 del proyecto de ley, lo que se pretende es privatizar la red vial del país. En la línea de grabar con mas impuesto a la población, con el COOTAD en el Art. 184 otorgará atribuciones para que los gobiernos autónomos descentralizados provinciales cobren un nuevo impuesto a todos los propietarios de vehículos, similar al impuesto al rodaje que se pagó en un gobierno neoliberal, ahora denominado “contribución especial por mejoramiento vial”, sobre la base del valor de la matriculación vehicular.

Artículo 184.- Fondo especial para mantenimiento vial con el aporte ciudadano.- “Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales podrán establecer una contribución especial por mejoramiento vial, sobre la base del valor de la matriculación vehicular, cuyos recursos serán invertidos en la competencia de vialidad de la respectiva circunscripción territorial..”

Los Art. 315 y 316 de la Constitución disponen la creación de empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos y prestación de servicios y la posibilidad de la delegación a la empresa mixta. Continúa la política neoliberal al pretender establecer como modalidad de gestión la delegación a la iniciativa privada (art. 283).

La Ley de Descentralización y Participación Ciudadana de 1997 permitió traspasar competencias a los municipios el manejo de los aeropuertos, recolección de basura, agua potable de Quito y Guayaquil. Lo primero que hicieron fue concesionarlos a empresas privadas; proceso similar ocurrió en Guayaquil con el agua potable, en donde se descubrió la contaminación del líquido con heces fecales. Y en la recolección de basura demostraron “Bachagnon y Quito Limpio” ineficiencia, incapacidad e inoperancia.

Queda al descubierto que la entrega de competencias a los gobiernos seccionales no es con el respectivo financiamiento, sino por el contrario se contempla una serie de impuestos, tasas y tarifas para financiar la entrega de servicios públicos y lo más grave es que cuando no estén en capacidad técnica y económica, que es lo más común que ocurrirá, terminarán delegando las competencias a la iniciativa privada cuando no se tenga la capacidad técnica y económica, ya que en reiteradas ocasiones y es de conocimiento público la falta de recursos económicos para atender las demandas de necesidades insatisfechas y peor aún hacerse cargo de la salud y educación. Por tanto, va a ser común estas dos condiciones establecidas para la delegación.

Artículo 283.- Delegación a la economía social y solidaria y a la iniciativa privada.- “La delegación a la economía social y solidaria se realizará para promover la naturaleza social y solidaria del sistema económico nacional. Se requerirá que se justifique que la organización o el emprendimiento económico corresponde a este sector de la economía y que se establezcan con claridad los mecanismos de solidaridad o redistribución correspondientes.

Sólo de manera excepcional los gobiernos autónomos descentralizados regionales,provinciales, metropolitanos y municipales, podrán delegar la prestación de servicios públicos de su competencia a la iniciativa privada. Esta delegación se realizará mediante acto normativo del órgano competente, cuando el gobierno autónomo descentralizado respectivo no se encuentre en capacidad técnica y económica de gestionar directamente un servicio público o en caso de calamidad pública o desastre natural…”

Se mantiene la política privatizadora, neoliberal de pago del 100% del costo pavimento, aceras, alcantarillado, entre otras.

Artículo 568- Servicios sujetos a tasas.- Las tasas serán reguladas mediante ordenanzas, cuya iniciativa es privativa del alcalde municipal o metropolitano, tramitada y aprobada por el respectivo concejo, para la prestación de los siguientes servicios:

Aprobación de planos e inspección de construcciones;

Rastro;

Agua potable;

Recolección de basura y aseo público;

Control de alimentos;

Habilitación y control de establecimientos comerciales e industriales;

Servicios administrativos;

Alcantarillado y canalización; y,

Otros servicios de cualquier naturaleza.

Artículo 577.- Obras y servicios atribuibles a las contribuciones especiales de mejoras: Se establecen las siguientes contribuciones especiales de mejoras por:

Apertura, pavimentación, ensanche y construcción de vías de toda clase;

Repavimentación urbana;

Aceras y cercas;

Obras de alcantarillado;

Construcción y ampliación de obras y sistemas de agua potable;

Desecación de pantanos y relleno de quebradas;

Plazas, parques y jardines; y,

Otras obras que las municipalidades o distritos metropolitanos determinen me diante ordenanza, previo el dictamen legal pertinente.

Artículo 581.- Distribución del costo de las aceras: “La totalidad del costo de las aceras construidas por las municipalidades será reembolsado mediante esta contribución por los respectivos propietarios de los inmuebles con frente a la vía.”

Artículo 583.- Distribución del costo del alcantarillado: “El valor total de las obras de alcantarillado que se construyan en un municipio será íntegramente pagado, por los propietarios beneficiados…”

Finalmente lo propuesto a través de la octava disposición transitoria demuestra fehacientemente que para calcular el peso de los criterios constitucionales el porcentaje establecido para los GAD’s respecto al esfuerzo fiscal, esfuerzo administrativo y el cumplimiento de metas oscila del 15% al 22%, para la asignación presupuestaria lo cual es muy elevado. Por el contrario, la eficiencia en el manejo de los GAD’s, mucho tiene que ver con la injusta distribución de los ingresos en el pasado; esto hace que las ventajas de los municipios y consejos provinciales con más experiencia, sean superiores a los denominados pequeños, por lo que este hecho marcaría una gran diferencia en la eficiencia que estos puedan conseguir, ampliandose aún más las brechas históricas.

Los criterios referidos a la población, densidad poblacional y necesidades básicas insatisfechas deben ser los principales e inamóvibles para la asignación presupuestaria del Estado Central en un porcentaje que debiera ser fijado en por lo menos el 90% para que la asignación presupuestaria bajo el principio constitucional de equidad sea una realidad.

Prof. Jorge Escala Zambrano

Asambleísta Nacional del MPD

Jefe de Bloque del MPD

¡MIENTEN, MIENTEN, QUÉ FORMA DE MENTIR!

Por Galo F. Benítez

“Tal como entró en vigencia esta semana la ley de reformas a las reglas para hidrocarburos, el Estado recibirá entre el 90% y el 98% de la ganancia del petróleo (renta), luego de los gastos y costos, generados en los 34 contratos con las compañías privadas, y que en 120 y 180 días se renegociarán”[1].

“El ministro de Recursos No Renovables, Wilson Pástor, dijo que la reforma a la Ley de Hidrocarburos es histórica porque el país recupera la totalidad de los ingresos petroleros; por que las empresas petroleras no se beneficiarán del alza del crudo, pues ahora tendrán una tarifa fija”[2].

Como ya lo anunciamos al país, la Reforma a la Ley de Hidrocarburos enviada por el Presidente Rafael Correa, el 24 de junio de los corrientes, fue aprobada por el ministerio de la Ley, ante la complicidad de la Asamblea Nacional, que dilató su discusión, con lo cual se impuso la voluntad del gobierno.

En el Registro Oficial No. 244 del martes 27 de julio de 2010 la “Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario Interno” fue publicada sin debate, para vergüenza nacional.

Confieso que dadas las fuerzas pro gobiernistas, incluyendo a la oposición de derecha (Partidos PRIAN, PRE, ID, PSP, PSC, Madera de Guerrero, etc.) la suerte de esta ley ya estaba echada por la mayoría vendepatria que conforma el Pleno. Vale rescatar la posición patriótica de la minoría de izquierda, integrada por el Movimiento Pachacutik y MPD, quienes al unísono plantearon el archivo del Proyecto, por ser atentatorio al interés nacional.

Poco menos que vergonzoso y poco ético fue la actuación de los asambleístas del Movimiento País, quienes cumplieron al pie de la letra las instrucciones de los emisarios de Carondelet –Alexis Mera y Ricardo Patiño-, al no asistir a la sesión extraordinaria de la Asamblea, convocada para el domingo 25 de julio, a las 19:30 PM. Astuta maniobra de servilismo que al final lograría que no hubiese el quórum necesario para que la Ley sea tratada en segundo debate. Con su actuación estos asambleístas[3] se graduaron de “traidores a la patria” al permitir que se apruebe una reforma privatizadora, inconstitucional e inconveniente para los intereses del país.

El Presidente de la Asamblea Fernando Cordero calificó como un día memorable la aprobación –sin debate- de una ley que lesiona la soberanía petrolera, tributaria y jurídica del Ecuador.

El otrora nacionalista Jorge Glass, hoy encumbrado Ministro Coordinador de los Sectores Estratégicos, elogió la aprobación de la reforma, como si el Ecuador hubiese nacionalizado los hidrocarburos de una buena vez. Por su parte, el Presidente Correa guardó silencio, por cuanto Pastor, Mera y Glass se convirtieron en peones estratégicos del ajedrez mediático neoliberal, al ponderar -en rueda de prensa- los supuestos beneficios de la Ley.

Los medios de comunicación bailaron al ritmo que impuso el regimen, transformándose en el mejor hilo conductor de la mentira que terminó convertida en verdad, para que el pueblo mire, oiga y acepte ciegamente la versión oficial de las reformas petroleras revolucionarias del Socialismo del Siglo XXI, ignorando a toda luz que:

- Todos los contratos petroleros firmados a lo largo de la historia han sido lesivos al interés nacional (Incluido el actual de Prestación de Servicios aprobado por la Asamblea). Buscar la renegociación con empresas privadas entraña prolongar el perjuicio multimillonario en contra del Estado, que bien pudo haberse subsanado con la reversión inmediata de los campos a manos de Petroecuador, en beneficio del país.

- Si las compañías durante los últimos años han ganado cerca de 20 mil millones de dólares. Considerando que las inversiones efectuadas por todas las petroleras en los campos y/o bloques del Oriente ascienden a +/-1500 millones de dólares, el Estado ecuatoriano no les debe nada. En tal virtud, la sola insinuación del Ministro Pastor de llegar a un acuerdo económico para liquidar los contratos, resulta atentatorio al interés público.

- La pretendida prioridad del regimen de firmar nuevos contratos con las petroleras, desconoce el perjuicio causado al erario nacional por los juicios tributarios por más de 1184 millones de dólares (Período 2000 a 2006)[4] o, las glosas por evasión tributaria (Año 2010) de 620 millones, que aún no han sido cobradas. Solo en este año, el fisco dejó de recibir 66 millones de dólares por la baja en el pago de impuestos de las petroleras[5].

- El Ecuador retrocede en la participación de los ingresos fiscales, al destinar apenas el 25% como margen soberano, cuando en otros países el porcentaje de participación en el sector hidrocarburífero, supera el 75%.

- Mientras fue ministro de Energía el hoy embajador en España, Dr. Galo Chiriboga, ya se adelantó “la renegociación” del precio base a favor de las compañías, el cual se duplicó en promedio de USD. 22 a 45 dólares por barril extraído, tarifa que constituye para las compañías un derecho adquirido.[6]

- Las petroleras no van a ceder ni un milímetro en sus aspiraciones. Si el precio base es 45 dólares, al Estado le queda negociar la diferencia, es decir de USD 80 el barril –menos el castigo por calidad de +/-10 dólares- quedaría $. 70. Restemos el 25% de margen soberano que fue aprobado en la Ley, quedando tan solo USD.17,5 por barril de ingresos para el Ecuador.

- Las Cías quedan exentas del pago de regalías y si esto fuera poco, se les baja el impuesto a la renta del 44 al 25%. Con total cinismo, las autoridades intentan convencer a la opinión pública de que será duro alcanzar la renegociación con las petroleras, cuando el gobierno les ha otorgado concesiones que rayan en el entreguismo más escandaloso.

- En pleno Siglo XXI, se aprobó las reformas petroleras transgrediendo la Ley de Hidrocarburos en los Art. 1, 2 y 74; violando –como nunca antes- un conjunto de leyes de la Carta Magna aprobada en Montecristi, como el Art. 133, 136, 313, 318 y 408 de la Constitución.

- Las privadas obtuvieron en 2009 ingresos por cerca de USD 3000 millones, de los cuales 440 millones se destinó para el pago de utilidades a sus dorados trabajadores[7]. Con estos 440 millones se pudo incrementar la producción en los campos de Petroecuador sobre los 90 mil barriles adicionales durante los próximos cinco años.

- Al país le interesa contar con trabajadores estatales, que no cobran un solo centavo de utilidades, que le entregan el ciento por ciento de la producción al Estado, al más bajo costo del mercado petrolero local. Tratar de renegociar con empresas privadas implica el riesgo de tener que pagar utilidades -entre 55 mil y 200.000 dólares por año- al técnico privado que hoy labora en las petroleras, operando campos con los más altos costos de producción y haciendo el mismo trabajo de un técnico estatal.

- Las petroleras bajan la producción de 105 a 75 millones de barriles por año. El país pierde entre 2008 y 2009 más de 332 millones de dólares. Así y todo el gobierno pasa por alto las pérdidas y apuesta a la renegociación con el sector privado.

- La Asamblea y el regimen permiten que sigan lucrando las empresas que manejan los Contratos de Campos Marginales, cuando se ha comprobado que sus ganancias superan el 1500%. Por ejemplo: la petrolera PETROSUD invirtió aproximadamente 1’200.000 dólares en habilitar un pozo y recuperar dicha inversión -con creces- obteniendo más de 19 millones de dólares al año[8].

En tres años y medio de gestión se han privatizado varios campos petroleros estatales, violentando el marco legal vigente. Los campos marginales entregados desde 1999 y los contratos suscritos por el actual regimen son ilegales, pues se entregaron bloques y campos a dedo y/o en plena producción, cuyas instalaciones estaban dentro de las áreas de Petroproducción. Se privatizó campos con crudo liviano, hecho que contraviene flagrantemente la Ley de Hidrocarburos.

Finalmente, como diría nuestro pueblo: “Esto no va a quedar así”. Sectores progresistas como el MPD, Polo Democrático, Pachakutik, etc, han impugnado la publicación en el Registro Oficial de este legajo infame, presentando sendas Denuncias de Inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, entidad pro gobiernista que nada hará sino hay la presión en las calles para exigir su pronunciamiento.

No es posible que se continúe jugando con el hambre y la necesidad de nuestro pueblo, en nombre de la ECONOMÍA DE LIBRE MERCADO y al servicio de la EMPRESA PRIVADA. El petróleo debe ser rescatado de los privatizadores del mal llamado Socialismo del Siglo XXI.

DIME A QUIÉN NOMBRAS Y TE DIRÉ A QUIÉN SIRVES…

Para desgracia del país, Rafael Correa, aparente sepulturero de la partidocracia, nombró al Eco. Wilson Pastor Morris como Ministro de Recursos Naturales No Renovables. Recordemos brevemente su pasado en el sector petrolero:

P Gobierno de CORREA: Pastor nombra como flamante Secretario de la Agencia Pública de Control y Regulación Hidrocarburífera (ex DNH) al Ing. Carlos Loor, cuñado de Alberto Dahik. Loor fue el principal de la DNH en los gobiernos de Borja y Sixto; fue también miembro del Consejo de Administración en el gobierno de Durán Ballén. Antes de ser posesionado como Secretario de la Agencia, fue gerente de la cadena de gasolineras ‘Petróleos y Servicios’ y, además fue Director de la Asociación de Comercializadoras de Combustibles[9].

P Gobierno de CORREA, año 2009, Wilson Pastor es Gerente de la Sociedad Anónima Petroamazonas a cargo del Bloque 15, con una remuneración estimada de USD. 16.000 mensuales.

P Pastor, mientras fue Gerente de Petroamazonas, agilitó la contratación de la firma Gaffney Cline de EE.UU. (ex contratista de Petrobrás), para que haga la auditoria del contrato campo unificado Palo Azul[10], cuyo informe permitió desechar y archivar el pedido de caducidad del contrato, en claro perjuicio para el país. Casualmente en aquel entonces, el hermano de Wilson, Santiago Pástor fue gerente de Operaciones de Petrobrás.

P Gobierno de CORREA: Evidente conflicto de intereses que le impediría ocupar el puesto de Ministro a Wilson Pástor, en razón de que su hermano Santiago ocupa el cargo de Vicepresidente de Operaciones de Ivanhoe, contratista del campo Pungarayacu. Al mismo tiempo, el hermano del ministro fue Gerente de Perenco, empresa que abandonó el país adeudando al Estado más de 327 millones de dólares en impuestos y, que nos planteó una demanda internacional por 424 millones ante el CIADI[11].

P Gobierno de GUTIÉRREZ, año 2003: Pastor figura como gerente de la empresa CBPE, filial de Petrochina, beneficiaria de sendos contratos de exploración sísmica.

P Gobierno de MAHUAD, año 1999: Pastor fue Presidente de Petroecuador y miembro del Directorio Político[12].

P Gobierno de SIXTO DURÁN BALLÉN, 1995: Ocupa el cargo de Coordinador para la concesión de los Campos petroleros Marginales, dentro del Comité Especial de Licitaciones[13]. Asimismo, mientras estuvo en el cargo agilitó la firma del contrato con la petrolera Santa Fe, para más tarde ingresar a la nómina de la empresa privada[14].

P Gobierno de BORJA, 1991: Fue Gerente de Petroamazonas, implantó el modelo de la Texaco en la contratación privada y servicios petroleros tercerizados para anular la capacidad de autogestión de los técnicos de la desaparecida CEPE.

P Gobierno de FEBRES CORDERO: Fue Jefe de Contratación Petrolera. Manejó las negociaciones de las cinco rondas petroleras de privatización.

Así las cosas, amigo (a) lector, la Patria se avergüenza con todo lo que está sucediendo, la paciencia tiene un límite, la dignidad de todo un pueblo no puede ser burlada. La decencia y el decoro se ha perdido, reina el doble discurso, la mascarada tiene mil caras, hoy pintadas de verde que hace agua. Entre tanto, la verdad es una sola, que brilla en este espacio, antorcha de las causas populares y sus luchas.

PRENSA ALTERNATIVA

¿Lucha social criminalizada?

Tomado del Universo
http://www.eluniverso.com/2010/11/25/1/1363/lucha-social-criminalizada.html?p=1362&m=260

El debate sobre la criminalización de la lucha social en Ecuador reaparece luego de la sentencia dictada contra el dirigente estudiantil Marcelo Rivera, por la supuesta comisión del delito de “agresión terrorista”. A Rivera le imputan los desmanes ocurridos en diciembre del 2009 en el interior de la Universidad Central, que resultaron en lesiones al rector y destrozos en las oficinas de la universidad.

Por un lado, el Presidente Correa afirmó que los actos de Rivera constituyen terrorismo. Otras voces advierten que esta sentencia constituiría un ‘precedente negativo’ que criminalizaría la lucha social. Una tercera corriente sostiene que el fallo no criminaliza la lucha social per se, sino la manera y medios utilizados en ella; esto es, no se sancionó la acción de protestar o el ejercicio de la libre expresión, sino la forma en que se llevó a cabo, que ocasionó destrucción de propiedad pública y lesiones a la integridad de personas.

El artículo 164 del Código Penal (y el calificativo de “terrorista”) aplicado a Rivera, requiere un análisis de los elementos jurídicos, necesarios para establecer si la sentencia emitida por el órgano judicial está apegada a derecho.

El mencionado artículo (aprobado durante la época dictatorial de la década del 70) enuncia que la agresión terrorista perpetrada contra funcionarios o empleados de instituciones públicas o contra propiedades de los mismos, será sancionada con reclusión y multa. Sin embargo no define el delito de terrorismo. Simplemente establece la sanción sin mencionar los elementos constitutivos del delito.

La definición del “terrorismo” ha evolucionado en casi todas las latitudes del mundo [p.e. los artículos 144 y 139 del CP Colombiano y Mexicano respectivamente; artículo 1(b) de la Ley Contra el Terrorismo en Inglaterra] y en paralelo con los esfuerzos de codificación penal, algunos órganos de Naciones Unidas (ONU) han propuesto varias definiciones incluyendo, inter-alia, las contenidas en la Resolución 1566 del Consejo de Seguridad (2004), la Declaración complementaria a la Declaración de 1994 sobre las Medidas para Eliminar el Terrorismo Internacional; y, el Proyecto de Convenio General sobre Terrorismo Internacional.

Estas definiciones manifiestan generalmente un elemento objetivo y otro subjetivo. El primero está detallado en la enumeración de delitos comunes contra la vida, integridad, libertad y/o propiedad. El segundo está manifestado en la instrumentalización de atentados a bienes-jurídicos con el objeto de intimidar, aterrorizar, alterar gravemente el orden público y la seguridad colectiva, etcétera. La concurrencia de estos dos elementos diferencian al terrorismo de los delitos comunes. Esto confirma que no toda agresión contra un funcionario público ni toda destrucción de propiedad pública puede ser etiquetada como acción ‘terrorista’.

En este contexto, el Fiscal debió probar ante los jueces, que los actos de Rivera no fueron meros delitos ‘comunes’, porque tuvieron el objetivo de atemorizar a la población, ajustándose así a la conducta tipificada como agresión terrorista. Si el Fiscal no logró probarlo y los jueces “lo pasaron por alto”, entonces sí cabría especular que la figura penal fue usada en Rivera, para satisfacer los deseos de persecución de ciertos grupos.

Coletilla: En abril del 2007 una turba integrada por miembros de la FEUE, entre otros, irrumpió en el Tribunal Constitucional y agredió a sus miembros. Fueron circunstancias similares a las del caso Rivera. Cabría preguntarse si tales actos constituyeron también “agresión terrorista”.

TERRORISMO DE LA LISTA DEL GOBIERNO EN ELECCIONES A FEUE

Sabemos que estamos en el camino correcto y más temprano que tarde la verdad y la justicia se impondrán, encargándose de colocar a los insultadores, traidores y oportunistas en el sitio en que se merecen, en el fondo del tacho del basurero de la historia.



AL LUCHADOR INVENCIBLE

Por Manuel Vera Castro

Me apenan los cobardes engreídos de poder.

...Alzan sus brazos victoriosos y sonríen,

Reflejando sus tímidas y efímeras alegrías

Claro… han encadenado al que los asusta.

El luchador está encerrado… pero sus ideas están libres

Libres como el aliento que levanta al pueblo oprimido

O como la convicción que busca una patria nueva.

Revolucionario valiente, te temen

Intentaron mutilar tus alas, pero aún sigues volando.

Veo a Marcelo en el grito de cada estudiante,

En el puño de cada obrero privado de sus derechos

Retumba tu voz tras las rejas

Arengando a tu pueblo y atemorizando a quienes te persiguen.

 

LOS UNIVERSITARIOS, NO LE TENEMOS MIEDO AL PRESIDENTE Galo Mindiola desde la clandestinidad

GALO MINDIOLA, DESDE LA CLANDESTINIDAD 15 DE NOVIEMBRE DEL 2010

FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DEL ECUADOR FEUE DIRECTIVA NACIONAL

LOS UNIVERSITARIOS, NO LE TENEMOS MIEDO AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Hoy, a 88 años de la masacre del 15 de noviembre de 1922, cuando el pueblo se levantó contra el gobierno tirano de José Luis Tamayo, desde la clandestinidad y ante las declaraciones vertidas por el Presidente de la República en su última cadena sabatina que, como de costumbre, se caracterizaron por ser un conjunto de insultos y mentiras para desprestigiar la imagen de las organizaciones sociales y populares, los estudiantes universitarios de la Estatal de Guayaquil, organizados en la FEUE respondemos lo siguiente:

Las elecciones de la FEUE filial Guayaquil, llevadas a cabo el 19 de julio, se desarrollaron con la más absoluta normalidad, legitimidad y transparencia; fue un proceso democrático que dejó como resultado la contundente victoria de la lista A, Unidad Estudiantil por la U de Guayaquil, la cual obtuvo 23 mil votos por encima de los 18 mil votos obtenidos por la lista B, promovida por el Gobierno, diferencia de más de 5 mil votos con los que se derrotó las pretensiones del régimen de tener una FEUE dirigida por partidarios serviles al ejecutivo y sumisa a sus protervos intereses.

El Presidente de la República y su séquito de incondicionales en nuestra Alma Mater, han hecho evidente su pobreza y miseria humana al querer utilizar el lamentable fallecimiento de Edwin Pérez como un recurso político para que se convoque ilegalmente a nuevas elecciones con el claro objetivo de favorecer a la lista perdedora, constituyéndose esto en una nueva agresión a la FEUE y una más de las violaciones a la autonomía universitaria, pretendiendo burlar la voluntad mayoritaria de los estudiantes universitarios expresado en la urnas.

Expreso a nombre de la FEUE, Directiva Nacional, nuestra solidaridad con el Rector y el Consejo Universitario de la Universidad Estatal de Guayaquil, mismos que fueron calificados por el Presidente de la República como “cómplices silenciosos” de la muerte de Edwin Pérez, en su afán de desprestigiar al máximo organismo del gobierno universitario y su cabeza dirigente, para así justificar la imposición de la Ley de Educación Superior impuesta por Correa al sistema universitario.

Rechazo las temerarias e infundadas declaraciones del representante de Rafael Correa en la Provincia del Guayas, el Gobernador Roberto Cuero, quien pretendió utilizar la muerte de Edwin Pérez para continuar con la cacería de brujas en contra del movimiento estudiantil universitario, declaraciones que han sido debidamente desmentidas incluso por los propios coidearios de Pérez y en base a las cuales procederemos a demandarlo por el delito de injuria calumniosa grave.

Los Universitarios de la Estatal de Guayaquil ya le hemos demostrado al Presidente de la República y al gobierno de la represión ciudadana, que no le tememos, porque sabemos que Correa no es invencible; prueba de ello están: la Victoria de la Unidad Estudiantil en las elecciones de FEUE, las jornadas de resistencia universitaria, la huelga de hambre por la libertad de Marcelo Rivera. Por ello, la persecución política de la que estamos siendo victimas no nos atemoriza, más bien nos alienta a seguir luchando, porque sabemos que estamos en el camino correcto y más temprano que tarde la verdad y la justicia se impondrán, encargándose de colocar a los insultadores, traidores y oportunistas en el sitio en que se merecen, en el fondo del tacho del basurero de la historia.

Atentamente.

Galo Mindiola German

PRESIDENTE (E) FEUE NACIONAL

SALA DE PRENSA FEUE



Marcelo, un ejemplo de revolucionario

Once meses ha permanecido ya en prisión Marcelo Rivera, y el interés del gobierno y de las principales autoridades de la Universidad Central es mantenerlo 25 meses más. Con su prisión, Correa, Samaniego y otros enemigos del movimiento estudiantil universitario y popular en general creyeron que doblegarían el accionar de un joven dirigente estudiantil, pero se equivocaron. Marcelo, como dice J. V. Stalin, es de aquellas personas “hechas de una trama especial”.

La cárcel no ha cortado sus alas, sus sueños y anhelos por cambiar el mundo; no ha enmudecido su palabra, ni ha encadenado su espíritu y rebeldía; tampoco ha apagado su alegría y el amor por la vida, no obstante en este momento la pone en juego en una nueva batalla por la verdad y la justicia, a través de una huelga de hambre que ha despertado la solidaridad en todo el país.

Marcelo ha hecho de la prisión una nueva trinchera de lucha. Desde ella continúa denunciando el contenido político del proceso seguido en su contra y alienta a sus compañeros a persistir en el combate; más de una vez, con la gallardía propia de los revolucionarios, ha pregonado su militancia en la izquierda y sus anhelos de conquistar la patria nueva y el socialismo. La cárcel no ha podido, ni podrá, cambiar su pensamiento político; en las varias comunicaciones y en las comparecencias ante los jueces ha demostrado valentía y vitalidad para enfrentar el proceso.

¿Qué hace posible a un hombre o a una mujer resistir a la presión y al encarcelamiento? Su convicción política, su afirmación en los principios, su amor al pueblo y a la causa revolucionaria. Sin duda alguna Marcelo ha dado muestras de ello. Resiste porque está convencido en lo que cree, y porque sabe de la transitoriedad del momento que vive. Resiste porque, a su vez, ha visto que sus compañeros siguen junto a él y cada quien combate en la trinchera que las condiciones exigen y permiten.

Para él la cárcel es un nuevo frente de lucha. La ha tomado como recomienda el poeta turco Nazim Hikmet:

Has de tomar en serio el vivir.

es decir, hasta el punto y de tal manera

que aun teniendo los brazos atados a la espalda

y la espalda pegada al paredón...

... has de saber morir por los hombres

Sucede

que estamos en la cárcel

... Sin embargo, hemos de de seguir viviendo con los de afuera,

con los hombres, los animales, los conflictos y los vientos,

es decir, con todo el mundo exterior que se halla

tras el muro de nuestros sufrimientos;

es decir: estemos donde estemos

hemos de vivir

como si nunca hubiésemos de morir.

 

Nefasto precedente

Por: Guido Proaño A.

Opción

La Dra. Gladys Terán ha asegurado que su nombre quede escrito en la historiografía jurídica ecuatoriana. Mérito logrado con bastante esfuerzo por pocos profesionales del derecho, pero en este caso alcanzado con desfachatez. Su fallo en contra de Marcelo Rivera –el primero de esa naturaleza en la vida del país- no solo puso cerrojo a la prisión en la que él permanece desde hace casi un año, también abrió otras puertas para que nuevos dirigentes populares y activistas sociales copen las cárceles bajo la acusación de acción terrorista, sabotaje o desestabilización. La criminalización de la protesta se ha oficializado y, para estar a tono con la “revolución ciudadana”, ya es de todos.

Hasta hace poco tiempo en Ecuador no se hablaba de esto. Escuchábamos denuncias de procesos penales seguidos en contra de dirigentes sindicales o populares en Argentina, Colombia, México o Chile y nos solidarizábamos con sus víctimas, pero de pronto aquí también empezamos a ver que desde las esferas gubernamentales se daba un tratamiento distinto a la protesta popular y brotaba un nuevo lenguaje en su contra. Los paros, los cortes de carretera empezaron a ser calificados de sabotaje y a sus líderes se los motejó de ineptos, incapaces, terroristas. ¡Cuidado, se está criminalizando la protesta y la acción de las organizaciones populares! –advertían algunos líderes sociales y dirigentes políticos de izquierda. Y no exageraron.

La criminalización de la protesta se produce cuando el Estado otorga preeminencia al Código Penal sobre el resto de leyes para juzgar, tipificar y sancionar el comportamiento de las organizaciones sociales y sus líderes. De esa manera un reclamo o una acción de protesta, hasta ahora considerados como derechos, se convierten en acciones punibles, es decir, en delitos.

En la práctica niega los derechos de expresión y organización, ahoga la voz de quienes más necesitan ser escuchados y vuelca la actividad sindical, estudiantil, política, social en general en desestabilizadora del régimen. En donde hay un reclamo salarial, una exigencia por el respeto al medio ambiente, un llamado de atención para que la educación llegue a todos, una movilización en oposición a la privatización del agua o a la entrega de nuestros recursos naturales a las transnacionales extranjeras o una crítica a la conducta del Presidente el Estado ve un delito o un intento de delinquir, a sus protagonistas como delincuentes y a las organizaciones que les amparan como asociaciones ilícitas.

Los propósitos de una política de esta naturaleza son claros: hostigar, perseguir y reprimir a quienes ejercitan una actividad política en distintos frentes del quehacer social-popular y, de esa forma, inhibir la lucha de las masas. Como política de Estado, para su ejecución actúan en unidad de acción gobernantes, funcionarios de alta responsabilidad, jueces, aparatos represivos, medios de comunicación, políticos de derecha, etc. siendo por lo tanto una forma de gobernar y de ninguna manera un comportamiento circunstancial.

Por supuesto que no todos son víctimas de esta violencia institucional, se la aplica sobre aquellos sectores a los que el gobierno no ha podido cooptarlos para su política, o para frenar los conflictos sociales que las medidas clientelares no pueden evitarlos.

Y a pesar de señalar que la criminalización pone bajo la óptica de la ley penal el comportamiento del movimiento popular, no toda acción encaminada a lograr los objetivos de esta política de Estado se mueve por los caminos de la legalidad, pues su ejercicio incorpora –en determinados momentos y circunstancias- la acción de aparatos “paraestatales” (paramilitares), como ocurre en Colombia o en Centroamérica.

Criminalización de la protesta y linchamiento mediático

La criminalización de la protesta social no podría aplicarse a plenitud si previamente no se trabajara en lo que se conoce como “linchamiento mediático”. Este último crea las condiciones psicológicas en la población para que acepte una política represiva aplicada en contra de otros, a quienes previamente se los muestra como violentistas, peligrosos, enemigos de la sociedad y el país, saboteadores o terroristas. La lista de calificativos puede ser extensa.

Al linchamiento mediático se lo conoce también como la satanización de una persona u organización, en cuyo proceso los medios de comunicación juegan un papel fundamental. Sin dar derecho a la defensa, envilecen a quien se ha convertido en objetivo político lanzando en su contra todo tipo de juicios de valor negativos; lo juzgan y sancionan ante la sociedad sin otorgarle el derecho a la defensa. Así, todo lo que el Estado haga en su contra es poco, e inclusive faltaría fuerza en la ley para reprimirlo.

Antes de que los Estados Unidos lancen sus misiles en contra de Irak y luego sus tropas pisen el territorio de ese país, ¿quién dudaba de que Saddam Hussein era poseedor de armas de destrucción masiva y que, por su culpa, el mundo tenía los días contados? Antes de que el ejército yanqui invadiera Afganistán ¿quién ponía en tela de juicio que en sus montañas se escondía Osama Bin Laden? Tras varios años de invasión militar, los yanquis retornan a su país sin siquiera una prenda de vestir del “terrorista más peligroso del mundo” y sin un tubo de ensayo que demuestre que en Irak se fabricaban armas químicas. Sin embargo Hussein ya fue colgado, miles de iraquíes y afganos inocentes asesinados, quedan millones de dólares en pérdidas materiales… pero, por supuesto, las ganancias de las petroleras gringas son enormes. En estos casos el éxito político del imperialismo fue rotundo: lograron engañar a todo el mundo para posesionarse en esos puntos estratégicos, la maquinaria mediática funcionó a la perfección.

En nuestro país el linchamiento mediático a la izquierda revolucionaria es una realidad. Sin prueba alguna, y en base a la repetición de ideas y frases pre elaboradas, los grupos de poder han logrado que un importante sector de nuestro pueblo esté convencido que aquella no tiene propuestas sólidas, e inclusive que ni siquiera tiene propuestas; han podido persuadir de que además es responsable del pésimo sistema de salud, de la crisis educativa o de que los sindicatos son los causantes del atraso del país y de que el movimiento indígena quiere apropiarse del agua. De esa manera el Estado tiene ganados espacios en el combate al movimiento popular; golpearlos le resulta más sencillo, pues la represión tiene más campo de acción cuando existen ciertos niveles de consenso social.

Marcelo Rivera es el caso típico de la persona víctima del linchamiento mediático y de la criminalización de su actividad de dirigente estudiantil universitario. Los medios de comunicación privados y públicos y el mismo Presidente de la República trabajaron durante mucho tiempo para desfigurar la personalidad del presidente de la FEUE presentándolo como un joven violento, con pésimo rendimiento académico, itinerante en varias facultades de la universidad, peligroso para la sociedad, representante de una organización antidemocrática, etc. Cuando fue apresado el 8 de diciembre de 2009 el rector de la Universidad Central lo acusó de acción terrorista y ya sabemos el curso y los resultados de ese proceso infame.

En el caso de Marcelo Rivera cada institución y cada uno de los personajes cumplieron un papel: Correa al calumniarlo en varias ocasiones y pedir su detención un mes antes de los sucesos del 8 de diciembre; la Policía que introdujo provocadores en la protesta de los universitarios en aquella fecha; el rector y otros miembros de Consejo Universitario (entre ellos un abogado de filiación “socialista”) que presentaron el juicio en los términos antes señalados; los medios de comunicación que sancionaron la acción de Marcelo mucho antes de que cualquier autoridad legal se pronuncie; la jueza del Tercer Tribunal de Garantías Penales de Pichincha que sentenció a Marcelo como responsable de acción terrorista a pesar de no existir prueba alguna de su culpabilidad. Es muy claro: la institucionalidad coaligada en el propósito de criminalizar la protesta popular y dejar un nefasto precedente.

Marcelo Rivera pide que se levante la Huelga de Hambre Nacional

Desde el Hospital Eugenio Espejo de Quito Marcelo Rivera, pidió a sus compañeros que se estaban en el 23 Día de Huelga de Hambre que levanten la medida, a propósito de que sufrió un quebranto en su salud. La recomendación del cuerpo médico del Servivio de Emergencia del Hospital Eugenio Espejo fue de suspender la medida de hecho, de no hacerlo significaría poner en alto riesgo su vida.

Marcelo señaló que continúa firme con su compromiso de defender los derechos de la juventud y el pueblo, que la sentencia dictada por el Tribunal Tercero de Garantías Penales de Pichincha, confirma la persecución política del gobierno de Correa, de la que es víctima. Es la máxima expresión de que por hoy la justicia esta secuestrada por el gobierno del presidente Correa, los Jueces y Fiscales responden a la orden del régimen, y todos somos testigos de la presión política que publicamente ejerció sobre el aparato judicial.

El presidente de la ”revolución ciudadana” es hasta la fecha el primer mandatario que ha utilizado las leyes elaboradas en la dictadura militar, el Código Penal, especialmente el capítulo IV de Terrorismo y sabotaje, para criminalizar la lucha social y popular. Vale recordar que ni siquiera en el gobierno reaccionario del extinto León Febres Cordero se acuso a nadie de terrorismo.

La persecución política se ha expresado en contra de Marcelo Rivera ,pero además en contra de su familia que no tiene ninguna razón para ser afectada. La señora Norma Toro, madre de Marcelo que trabajaba desde años atrás en la Universidad Central, fue despedida por el rector Samaniego luego de identificarla. El hermano menor de Marcelo estudiaba en el Colegio Odilo Aguilar fue amenazado de expulsión al finalizar el ciclo lectivo pasado por lo que se vio obligado a cambiarse de colegio.

A pesar de que el acusador princial rector Samaniego en declaración juramentada en la audiencia de juzgamiento, sostuvo que Marcelo Rivera no lo agredió el 8 de diciembre, la Dra. Gladys Terán presidenta del Tribunal Penal, lo declara culpable de agresión terrorista. Además conociendo que Marcelo proviene de un hogar humilde y que perdió su empleo por encontrarse once (11) meses detenido en la Cárcel 2 de Quito, se le impone un pago de tres cientos mil (300.000) dólares.

Por el grave estado de salud de Marcelo se levanta la Huelga de Hambre, pero las organizaciones sociales y populares agrupadas en el Frente Popular continuarán desarrolando varias acciones a nivel nacional e internacional hasta lograr que se haga justicia en el caso de Mardelo Rivera.

Marcelo Rivera es internado de emergencia en hospital Eugenio Espejo

Quito, 10 de noviembre de 2010. 23h20.- Marcelo Rivera, presidente nacional de la FEUE, encarcelado por casi un año en la cárcel 2 del ex penal García Moreno bajo la acusación de agresión terrorista, fue llevado de urgencia al hospital Eugenio Espejo debido a un grave quebranto en su salud, a consecuencia de la huelga de hambre que desde hace 27 días lleva adelante, en protesta al manejo político que ha tenido el curso del proceso judicial llevado en su contra.

Personal de emergencias del 911 se trasladó a la Cárcel 2 y luego de examinar a Rivera tomó la decisión de llevarlo de inmediato para que reciba atención especializada. El Defensor del Pueblo de Pichincha, Dr. Jaime Hernández, estuvo presente junto a los paramédicos y acompañó a Rivera al hospital a fin de garantizar las mejores condiciones posibles para el detenido.

El pasado día lunes, la Dra. Gladys Terán, del Tercer Tribunal de Garantías Penales dictó sentencia en contra de Marcelo Rivera, imponiéndole una pena de tres años de prisión correccional y el pago de 298.665 dólares por “daños y perjuicios por la infracción”. En solidaridad con Marcelo Rivera alrededor de cien personan cumplen también con huelgas de hambre en varias ciudades.

Al momento varios compañeros de Marcelo Rivera se concentran en las afueras del hospital para llevar adelante una vigilia.

Correa ordena, la jueza cumple

Tomado de En Marcha

El Tercer Tribunal de Garantías Penales, presidido por la Dra. Gladys Terán, ha dictado sentencia en el juicio penal seguido en contra de Marcelo Rivera, presidente de la FEUE Nacional, imponiéndole una pena a tres años de prisión correccional y el pago de 298.665 dólares por “daños y perjuicios por la infracción”. Fallo ilegal y con un claro contenido político, pues, durante el proceso que hasta el momento dura once meses no se ha presentado prueba alguna de la acusación planteada en contra de Marcelo; y, por la naturaleza del juicio planteado, evidencia el interés del régimen de crear un precedente para atemorizar a los luchadores populares.

Marcelo es un detenido político, no hay duda de ello. El gobierno públicamente anunció su persecución el 14 de noviembre de 2009 en una de las cadenas sabatina realizadas por Rafael Correa. Un mes después, el 8 de diciembre, el gobierno aprovechó las protestas efectuadas en el interior de la UCE para apresar al presidente nacional de la FEUE y, en complicidad con el rector Edgar Samaniego, iniciar un juicio por terrorismo, que luego fue modificado a agresión terrorista. Para Pablo de la Vega, dirigente del Centro de Derechos Humanos Segundo Montes Mozo, “el caso de Marcelo ha rebasado el ámbito y las competencias del sistema de administración de justicia en el país (y) preocupa el uso político de términos como el de terrorismo, además del uso de un Código Penal anacrónco; nos demuestra también que hasta ahora no hemos sido capaces de construir un verdadero estado social constitucional de derechos y justicia”.

Arturo Quizhpe y María Hamlin, coordinadores en Latinoamérica del Movimiento para la Salud de los Pueblos, afirman al respecto que “convertir a la protesta legítima en crimen es una de las estrategias de los sectores de poder, a la hora de contener las luchas sociales, y minimizar la respuesta a sus demandas. Esta estrategia es aún más efectiva cuando cuenta con el concurso de los medios de comunicación masiva, que se prestan a desacreditar a los actores y minimizar el apoyo de la opinión pública” Y eso es justamente lo que desde hace algún tiempo efectuaron, en unidad de acción los medios burgueses de comunicación y el gobierno, presentando a Marcelo como violentista, agresivo, mediocre, en una práctica conocida como linchamiento mediático, es decir, desfigurando su verdadera personalidad para justificar cualquier acción en su contra.

Detener a Rivera para debilitar el movimiento

Con la detención de Marcelo Rivera el gobierno eliminó la presencia pública de un indiscutible líder estudiantil que encabezaba las importantes movilizaciones estudiantiles que, en ese entonces, se realizaban en contra de la Ley de Educación Superior (LOES), violatoria de principios constitucionales y atentatoria a las conquistas universitarias. Sin embargo no pudo frenar la efervescencia de la juventud universitaria, las protestas continuaron y Marcelo, desde prisión, continuó pronunciándose a favor de una universidad gratuita y para el pueblo. Como continuación de esta política represiva en contra de la FEUE, hace pocos días se ordenó la detención del presidente encargado de la FEUE, Galo Mindiola, por organizar manifestaciones estudiantiles sin autorización de la Intendencia de Guayaquil.

A pesar de la intención de los grandes medios de comunicación por desfigurar la lucha de Marcelo Rivera y silenciar el proceso judicial seguido en su contra, el juicio ha concitado la atención y la solidaridad de organizaciones populares, de derechos humanos, políticas de izquierda del país y a nivel internacional, que han rechazado la intervención del ejecutivo en la función judicial y el proceso de criminalización de la protesta popular que está en curso en el país.

Tras conocerse el fallo, Marcelo Rivera ha manifestado que la lucha por desenmascarar el contenido político del proceso, y su abogado defensor ha anunciado que pedirán la ampliación y aclaración del fallo y, luego, apelarán el dictamen. La lucha por la libertad de Marcelo continúa.

Justicia secuestrada

Editorial del semanario En Marcha

La resolución adoptada por el Tercer Tribunal de Garantías Penales de Pichincha en el juico penal entablado en contra de Marcelo Rivera, Presidente Nacional de la FEUE, es una clara evidencia del sometimiento de la justicia a la voluntad del Presidente de la República. Sin duda alguna, Correa tiene secuestrada a la Función Judicial.

No es difícil ver aquello. Sábado a sábado Rafael Correa ordena ya sea al Fiscal, a jueces o a gobernadores tomar medidas para enjuiciar o encarcelar a quienes él considera son un peligro para su gobierno. Durante las jornadas de lucha que los estudiantes universitarios llevaron adelante en defensa de la educación gratuita y la autonomía universitaria, Correa ordenó la detención de Marcelo Rivera y, tiempo después, se instauró en su contra un juicio penal que ha desembocado en una condena a tres años de prisión. Correa también ordenó medidas contra varios dirigentes populares, entre ellos Mery Zamora y William Pazmiño, presidenta de la UNE Nacional y de la UNE del Guayas, respectivamente, lo que los obliga a mantenerse en la clandestinidad; igualmente pidió que se tomen medidas en contra de los Acalde y Prefecta de Esmeraldas. En general, más de un centenar de luchadores populares enfrentan procesos judiciales en su contra por el delito de protestar.

Siempre se consideró a la protesta como un derecho, la misma Constitución de la República reconoce el derecho a la resistencia y una serie de cartas e instrumentos legales internacionales reconocen el derecho al reclamo, a la libre expresión, a la movilización tanto individual como colectivas, pero en el Ecuador eso se ha convertido en delito.

Con la resolución del Tercer Tribunal queda claro que Correa ordena y los jueces cumplen, pero además que la criminalización de la protesta popular toma cuerpo. Si el movimiento popular permite que esa se enseñoree, la voz y la acción de los movimientos populares y sociales en general serán ubicados como llamados y medidas desestabilizadoras, conspiradoras. Así calificó ya Correa a la lucha de los campesinos en contra de la Ley de Agua o a la resistencia a la explotación minera a gran escala y a cielo abierto. Criminalizar la protesta social equivale dar el rango de delincuente común a los protagonistas de acciones de protesta o lucha y a las organizaciones que las impulsan como asociaciones ilícitas. Calificativos de ese tipo ya hemos escuchado en boca del Presidente.

Moción de rechazo a la represión a los movimientos sociales en Ecuador

La Unión Nacional de Estudiantes - UNE Brasil, en la reunión de su Directorio Ejecutivo, realizada el 9 de noviembre en la sede de Sao Paulo, en la que se analizó con gran preocupación la persecución a los movimientos sociales en el Ecuador.

Ya que no sólo es la condena injusta de Marcelo Rivera, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, que ha sido condenado por terrorismo, a pesar de que todos los testimonios de los testigos en su juicio encontraron que no había ningún acto de agresión por parte de Marcelo, a ello se suma la orden de aprehensión en contra de Mery Zamora, presidenta de la Unión Nacional de Educadores UNE, por cargos de incitar a una manifestación estudiantil, acusaciones semejantes han recaído sobre casi un centenar de dirigentes populares, trabajadores indígenas, amenazados por una ley fascista que los acusa de terrorismo y que esta vigente en el país, como si fuera poco, el gobierno emitió una orden de detención de Galo Mindiola, presidente encargado de la FEUE, por organizar una manifestación no autorizada.

Mery Zamora y Galo Mindiola están en la clandestinidad y Marcelo Rivera en huelga de hambre desde hace más de veinte días. A ellos les expresamos nuestro más sentido solidaridad.

Exigimos también que el gobierno del Ecuador cese la persecución de los movimientos estudiantiles y sociales. Todo proceso de cambio real en un país sólo puede ocurrir en base a la participación y la movilización popular, por lo que es esencial para la libre organización de los trabajadores, estudiantes, indígenas y campesinos.

Exigimos la liberación inmediata de Marcelo Rivera y la revocación de las órdenes de detención de Mery Zamora y Galo Mindiola.

Unión Nacional de Estudiantes

Consejo Ejecutivo

São Paulo, 9 de noviembre de 2010.

NO al miedo a la protesta, al terror a disentir, a pensar y soñar con libertad

Por: Dr. Arturo Quizhpe Peralta*

Dra. María Hamlin Zuñiga*

Marcelo Rivera, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, y aproximadamente un centenar de jóvenes, estudiantes, obreros, maestros, activistas sociales y de derechos humanos, asumieron desde hace 20 días una forma de lucha pacífica, blandiendo como arma su propia vida. Determinación sobrehumana que nunca imaginamos habrían de tomar jóvenes idealistas que soñaron y lucharon por el cambio, en el contexto de un gobierno que traicionó a esos sueños de libertad, justicia y soberanía.

Como profesionales de la salud y como educadores no podemos callar esta situación a riesgo de perder la dimensión ética y humana de nuestras propias convicciones. Nos sorprende que después de 20 días de la medida extrema de protesta asumida por Marcelo Rivera, en calidad de preso político los medios estatales hayan guardado silencio e insensibilidad absoluta.

Criminalización de la lucha social

Las huelgas de hambre han significado un último recurso ante el irrespeto a las leyes, a los derechos de los personas, ante el abuso y el autoritarismo. El caso de Marcelo Rivera, debería ser entendido como la decisión de estar dispuesto a sacrificar la integridad de su propio cuerpo como única arma de protesta, para impedir que en el Ecuador se instaure el miedo a la protesta, el terror a disentir, a pensar y soñar con libertad.

Convertir a la protesta legítima en crimen es una de las estrategias predilectas de los sectores de poder, a la hora de contener las luchas sociales, y minimizar la respuesta a sus demandas. Esta estrategia es aún más efectiva cuando cuenta con el concurso de los medios de comunicación masiva, que se prestan a desacreditar a los actores y minar el apoyo de la opinión pública. Es el caso de Marcelo Rivera, a quién la jueza ha acusado de agresión terrorista a funcionario público.

No existen pruebas materiales para juzgar a Rivera, sin embargo la persecución política del gobierno de Correa ha intervenido en la decisión del Tribunal Penal.

Llamado a los organismos de derechos humanos

Al entrar en la tercera fase de la huelga de hambre, desde el punto de vista fisiológico, caracterizada por el consumo agudo de proteínas corporales, y el deterioro acelerado de las condiciones físicas, emocionales y mentales de los huelguistas, hacemos un llamado a los organismos de derechos humanos, a la cruz roja internacional, asumir el control humanitario, la evaluación y el cuidado de la vida de Marcelo Rivera y de todos las personas que se encuentran en huelga de hambre en las distintas ciudades del país. Llamamos a la sensatez de las autoridades de justicia para respondiendo a la conciencia, a la verdad y la razón y el derecho, procedan a ordenar la libertad del preso político, Marcelo Rivera.

Huelga de Hambre, solidaridad Marcelo Rivera. Cuenca día 16

Por: Patricio Matute

La persecución a los dirigentes estudiantiles de la FEUE, de la UNE, del Frente Popular, de la CONAIE, de los que defienden la naturaleza, ha desenmascarado la realidad social en el tablero político ecuatoriano, "derechizandose", y defendiendo a la institucionalidad y a los grupos oligárquicos que ha maniatado al Ecuador durante los años de su "supuesta independencia" . Hay protestas, hay propuestas. La forma totalitaria y autoritaria de gobernar del presidente Correa no cesa, y recrudece la lucha de los movimientos sociales reclamando por sus justos derechos. La Asamblea Nacional se ha convertido en una sucursal del Ejecutivo que hace lo que su colegislador mayor les ordena, mientras tanto las leyes ya han pasado, desatando el descontento de ecuatorianos, otros sectores han preferido adherirse al modelo de los subsidios y los bonos al puro estilo "paternalista" de las democracias de Europa después de la Primera Guerra Mundial del siglo XX, sin activación económica, con desempleo y subempleo galopantes; con publicidad y propaganda cada treinta minutos, en todos los canales y medios de comunicación masiva, con espectáculos culturales y sus logos, con artistas nacionales e internacionales, todo vale para que se mencione, vea, y piense en el color verde botella del movimiento País del actual mandatario. El secuestro de la simbología de la izquierda latinoamericana es evidente en manos de los más famosos "marketeros" enquistados en el Palacio de Gobierno, ensayando cada semana como cooptar la mente de los ecuatorianos cada ves que una cadena de televisión aparece.

Cuenca 6 de noviembre de 2010.- El edificio de la Unión Nacional de Educadores y su auditorio, sirve para que dos jóvenes mujeres estudiantes, y una maestra emprendan con una huelga de hambre en solidaridad con el dirigente estudiantil Marcelo Rivera, acusado de increpar y agredir a un funcionario de la Universidad Central. Las pruebas han desmentido el hecho, sin embargo Rivera lleva ya 10 meses en la Cárcel número dos de Quito, y hace 19 días ha emprendido en una Huelga de Hambre exigiendo su sobreseimiento. http://libertadmarcelo.wordpress.com/

Afuera hay muchos carteles de solidaridad con la medida; de unos parlantes sale la vos dulce de la "negra" Sosa: //Quien dijo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón//. El ambiente es solidario, justo cuando llegábamos limpiaban el lugar, acomodaban las colchonetas donde descansan; en una mesa se veían implementos médicos, en otro lado una balanza. Un televisor acompañaba con noticias del mundo, también había periódicos y libros. Abajo en las sillas, algunos familiares de los huelguistas, compañeros de la universidad y dirigentes del magisterio ecuatoriano, conversaban. Varios de los que emprendieron la medida que comenzaron en una de las entradas de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca, han sido sacados porque se ha quebrantado su salud.

La estudiante de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca, María Vázquez, lleva 16 días en esta Huelga de Hambre. Camina muy lento, su voz está débil, pero firme. Es admirable su firmeza ideológica. Se ha sumado a esta medida de hecho la estudiante Verónica Rodas; y la maestra de la Unión Nacional de Educadores del Azuay, Marta Roldán.

Sergio Guevara, Subdecano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca, lamentó que una de las huelguistas esta con graves daños a salud, con cuadros de dificultades estomacales y de respiración. Esta institución ha acompañado el proceso por medio de sus docentes médicos y enfermeras, a lo largo de esta medida.

María Vázquez, lamentó que el presidente Correa les siga llamando terroristas y títeres y le responsabilizó sobre sus vidas y las consecuencias de su salud. "Mientras él comía durante las fiestas de Cuenca, nosotros nos retorcíamos en el lecho del dolor, pero jamás ha hecho nada. Hago un llamado a la solidaridad del pueblo y la ciudadanía para que se sumen a nuestra causa, no se puede encarcelar a los estudiantes y perseguir a los profesores por el solo hecho de disentir con la política del actual mandatario".

El profesor Ramiro Maldonado, dirigente de la Unión Nacional de Educadores, Azuay, lamentó que se de la criminalización de la lucha y la persecución a dirigentes como Marcelo Rivera, y la Presidenta de la Unión Nacional de Educadores del Ecuador, Mery Zamora. El presidente Correa, con su política anti popular está haciendo que los jóvenes se unan y protesten, más y más, señaló.