La lucha por el derecho a la educaciòn universitaria pùblica en Colombia ha tenido un primer triunfo. Sin embargo, todavìa el camino hacia la gratuidad y la dignificaciòn de la misma es largo. 
Lo imposible hoy es la realidad de mañana. Intentando Desmontar el Bazar
Continuidad de la lucha estudiantil por el derecho a la educación en Colombia
Alberto Rojas Andrade
¿Por qué temen educarnos?
Cartel estudiantil Latinoamericano 2011
Cuando los burócratas en los países del sur dentro del papel asignado por los gobernantes del norte, propugnan por la privatización de todos los derechos conquistados arduamente por varias generaciones, no tienen en cuenta que su interés en entregar por ejemplo la educación al capricho del capital, surge hace ya casi medio siglo directamente de una gran incoherencia de Milton Friedman, pontífice máximo del pensamiento neoliberal en EE.UU. Pasan cuidadosamente por alto como este gurú de la Escuela de Chicago se vio obligado a reconocer una afortunada situación de la transmisión del conocimiento en su país cuando era estudiante:
“
La calidad de la educación de entonces en EEUU era muy superior a la actual y tanto mi esposa como yo estábamos satisfechos de las escuelas públicas donde estudiamos.[1]”
El prurito de la ‘libertad de escoger’ llevó al tozudo Friedman a denostar irracionalmente de la educación pública de óptima calidad.
En el mismo sentido el propio mentor del liberalismo en Europa Friedrich A. Hayek era abiertamente selectivo respecto a la privatización de todas las actividades del estado:
“
no hay duda de que son muchos los “servicios públicos” que aún siendo altamente deseables, no pueden ser prestados por el mecanismo del mercado, ya que, en caso de ofrecerse, tienen que redundar en beneficio de todos y no sólo de quienes estén dispuestos a pagarlos.[2]”
Las doctrinas neoliberales que fueron tomando aliento dentro del mundillo académico y burocrático de EE.UU. a partir de los inicios de los años setenta se afincaron en los preceptos de Hayek y Friedman, a fin de expandir la depredación capitalista a otras actividades de la sociedad, màs allá de las ya asaltadas. Desde entonces el beneficio del gran capital ha sido definido por el Banco Mundial (BM) realizador de estos dictados mediante sus condicionados préstamos, como un mandato inexorable a ser aplicado por parte de gobiernos satélites:
“El capital mundial que puede trasladarse de un día para otro de un lugar a otro del globo, está buscando constantemente oportunidades más favorables, incluida una fuerza de trabajo bien capacitada, productiva y con un costo atractivo, en un entorno empresarial favorable al mercado y políticamente estable.[3]”
Estos dos últimos aspectos son notables en un país tan mortificado como Colombia. Las políticas neoliberales han pauperizado amplias capas de la población llegando a la clase media, enriqueciendo como en otros lugares de Latinoamérica y el mundo al capital extranjero en primer lugar y a la oligarquía local como subalterna de aquella; a la par, y es difícil establecerlo como una mera coincidencia, el país se encuentra asombrosamente militarizado y particularmente sometido al control violento de diversas modalidades de control paramilitar y sus intrincadas redes que se elevan hasta lo más alto del poder, haciendo heroica cualquier manifestación de oposición a tales políticas por los riesgos mortales que ello representa a los miembros de movimientos sociales. Este es probablemente el tipo de estabilidad del que habla el BM.
Es fácil suponer que se pretende por parte de la ideología que soporta a los gobernantes auspiciadores del gran capital, colocar en la mente de los pueblos a la educación no como un derecho conquistado con muchos esfuerzos a partir de los tiempos del iluminismo y su manifestación revolucionaria de 1789 en Francia, sino mutado en un bien de consumo como cualquier otro ofrecido por las multinacionales de la avaricia y el despojo. Un ‘servicio público’ susceptible del provecho de particulares, una variedad más de la acumulación por desposesión.
A su vez es notable como la intensificada privatización o más concretamente comercialización de tipo mercachifle del derecho a la educación, es una herramienta política procurante de la despolitización de la educación, a la cual se le saca ganancia económica; es decir una explotación más empero destinada específicamente para el embrutecimiento colectivo. Esta sería la respuesta adecuada a la pregunta ¿Por qué teme educarnos?
Este proceso de despojo de los derechos conquistados paulatinamente desde hace más de dos siglos es expuesto en la mente de los destinatarios como la manifestación de unos hechos emergidos de la nada y de carácter ineludible, como una situación climatológica más allá de la voluntad humana, cuando es un resultado intencional del arrebato de una ideología:
“
La Intervención del sector privado en la prestación de servicios de educación… vuelve a ser importante y se está ampliando.[4]”
Naturalmente no se puede decir a los afectados que se les va a disminuir los conocimientos a transmitir y que de allí sacará lucro indecible el capital nacional y fundamentalmente extranjero, empobreciendo en mayor medida a las familias de los educandos. Es indispensable hacer digerible la ignominia de la usurpación privada de un derecho de colectivo sin generar sospechas conducentes a la movilización. Los subterfugios provenientes de la jerga neoliberal se encuentran al orden del día para tal efecto; la ‘
ampliación de las oportunidades’, y ‘
alta calidad’ e ‘
investigación’ funcionan como pretextos huecos para llenar el ambiente con la forzada necesidad de inversión privada, denominada en su conjunto como ‘
Reforma Educativa’, junto con el ya desgastado epíteto orweliano de ‘
modernización de la educación’[5].
Si observamos con un mínimo detenimiento, dichas instrucciones del organismo instrumento de los intereses del gran capital BM, son expuestas mañosamente como meros fenómenos sociales espontáneos
[6], obscureciendo el hecho de que es impulsado el pillaje de la educación a través de diversas formas de chantaje y coacción directa de parte de aquel banco, llegando en no pocas ocasiones para tales efectos a la instauración de gobiernos dictatoriales violadores paradigmáticos de los DD.HH, como fue el caso de Chile de 1973 a 1990, de otros formalmente democráticos pero intensamente represivos como en el propio caso colombiano, o mediando la ocupación militar directa como en Puerto Rico.
En el texto mismo del proyecto de reforma a la ley de educación nacional colombiana (Ley 30 de 1992) retirado por el gobierno por la movilización estudiantil, se guardaban estas formas de ocultamiento de las verdaderas intenciones, declarando verbigracia, que ‘la educación es un derecho y bien público’, empero en el contexto del proyecto se le aplicaba en la práctica un trato de servicio público susceptible de ser objeto de la especulación de unos pocos e incluso de ser negado a la mayoría.
Sabemos bien que una cosa es un derecho, y otra cosa muy distinta un servicio público. En las normas internacionales sobre derechos humanos la educación es uno de estos derechos, no es una graciosa caridad de entes públicos, o un filón de acumulación de despiadados capitalistas
[7]. Es un derecho que se ejerce por el mero requisito de ser ciudadano, habiendo sido conquistado no mediante gentiles concesiones de la plutocracia, sino a través de múltiples luchas anteriores bañadas en sangre, sudor y lágrimas.
De su parte la ley vigente reguladora de la educación superior ya de por sí dispuso en tiempo del gobierno abiertamente neoliberal de César Gaviria Trujillo (1990-1994), restringir los recursos estatales para le educación universitaria pública en Colombia limitando su crecimiento y deteriorando sus finanzas. Con el tiempo esta ley se ha evidenciado como la primera parte del proceso de privatización y por ende de disminución de la transmisión del conocimiento necesario para la sociedad colombiana, el cual con la reforma detenida por el estudiantado, arriba a su segunda fase de implementación.
En la primera junto con el ataque directo a la universidad pública (manifestado expresamente en que los estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de Colombia carezcan de donde hacer sus prácticas debiendo suspender sus actividades académicas), se alienta el surgimiento de una gran variedad de empresas productoras de títulos, instruyendo en un copioso número de carreras y programas, sin que formalmente aquellas tengan ánimo de lucro. En la segunda fase, el ánimo de enriquecimiento se desenmascara y se busca directamente la bancarrota de las universidades públicas (el proyecto de reforma contemplaba tal posibilidad de quiebra).
El retiro presidencial de última hora del ‘ánimo de lucro’ del citado proyecto, en términos reales no variaba para nada el sentido de acabar con las instituciones universitarias públicas y su gratuidad. La opción de las universidades mixtas, regladas por las implacables leyes del mercado, dentro de las cuales prevalecerá el interés privado de unos pocos frente al público de la mayoría, así mismo reforzaba el desmonte del carácter público de la educación superior.
En consecuencia, en la primera etapa de la privatización educativa ha aparecido una proliferación incontrolada de entes de educación ‘universitaria’ no estatales (206 en todo el país) operando impasiblemente en precarias e inadecuadas instalaciones, ofreciendo programas académicos infinitos (10.772), y escaso nivel pedagógico; ello ha conducido a que dichas instituciones precarias hayan sido calificadas comúnmente en Colombia de ‘
universidades de garaje’, por su mediocridad. Esta ha sido la política auspiciada por la desregulación de los entes educativos generada hasta la fecha por la ley 30 de 1992
[8].
Prueba de la intención de generalizar el mercado de las baratijas educativas es que de 206 centros educativos de nivel universitario privado, sólo
13 cuentan con acreditación institucional del ministerio de educación; solo 646 de los 10.772 programas académicos poseen acreditación de alta calidad del mismo ente gubernamental
[9]. Todo ello funciona como si fuera un avance en la elevación de vida de la sociedad colombiana, cuando las decisiones gubernamentales al respecto han procurado nivelar la educación por lo bajo, para favorecer la aparición de empresas educativas (teóricamente sin ánimo de ganancia), que inflan las cifras de estudiantes universitarios.
El gobierno neoliberal colombiano afirma que estos bazares educativos deben tener la autonomía suficiente como para ofrecer lo que deseen a los clientes (estudiantes), dejando de lado las necesidades de la sociedad al respecto, en una evidente deformación del sentido de la autonomía universitaria para favorecer exclusivamente al capital. Lo cual indica la continuidad ya mencionada del plan de erigir miles de mercadillos educativos brindando lo que les plazca por supuesto de acuerdo a su rentabilidad, con variados barnices de pedagogía; en un ambiente como este la bisutería educativa es el bien corriente por comprar por parte de los clientes-estudiantes, que deberán endeudarse para adquirir tales baratijas a precio de metal precioso, con créditos de banca privada fundamentalmente.
En consonancia con lo descrito, en las capitales de departamento debido a la aumentada capacidad económica por una legalidad favorecedora de la acumulación, las universidades desreguladas han realizado en sectores cuidadosamente establecidos de aquellas verdaderas reformas urbanas con la adquisición acelerada de predios muchos de los cuales son dedicados básicamente a aparcaderos; la pedagogía, la investigación y el debate científico, naturalmente no van de la mano de tales demostraciones de opulencia en finca raíz.
De su parte, el tema de la investigación en los centros de educación superior en Colombia es penoso. Con unas realidades sociales tan álgidas como las correspondientes en una nación en crónica situación de violencia y pauperización generalizada, las universidades colombianas han, prácticamente cerrado los ojos ante los hechos, y han abandonado la indagación sobre la realidad que les rodea
[10]. Es bien sabido que sin investigación no hay avance en las ciencias ni se posibilita cambio social alguno.
Por tanto no es de extrañar como Colombia únicamente acoge a una universidad dentro de las primeras quinientas en el mundo (Universidad Nacional de Colombia, pública).
La solución al bajo nivel concurrente a la soterrada privatización, es para el gobierno justamente más neoliberalismo educativo y facilidades de enriquecimiento para unos pocos, más negocios; el estudiantado resalta con certeza, como la ministra de educación María Fernanda Campo, proviene del empresariado comercial privado, siendo su experiencia con el sector mercantilista y no en el académico.
Los actores patrocinantes de este pillaje social a los colombianos son muy dicientes sobre los intereses en juego. En la elaboración de la Reforma de profundización mercantilizante de la ley 30/92 participaron entidades nada relacionadas con las necesidades del estudiantado nacional ni de la sociedad: el omnipresente BM y la asociación oligárquica desarrollista OCDE
[11] como ideólogos definidos de la propuesta. .
El argumento fundamental para intensificar la privatización de la educación superior en Colombia, no puede ser más deleznable: la falta de recursos. Las estadísticas son variables, no obstante, se sabe que en promedio no es destinado ni el uno por ciento del PIB a la educación, cuando para las diversas formas de guerra se emplea con fuertes aumentos anuales cerca del cinco por ciento en promedio, a más de los inefables aportes de EE.UU. en armas y entrenamiento mortífero.
Los números son tan testarudos como las ideas preilustradas de los gurús neoliberales. En Colombia por cada 1.000 habitantes, hay 11.42 detectives, soldados o policías; 8.19 educadores; 1.69 trabajadores de la salud y 0.38 docentes o administrativos universitarios; un soldado cuesta unos 33.300 dólares y la educación de un estudiante universitario 1.900 dólares
[12]. Es un insulto a la inteligencia hablar de falta de dinero con semejante derroche, máxime si tenemos presentes los recursos agrícolas y ambientales a disposición; un ultraje repetido toda la población sin vergüenza por el poder ejecutivo.
La intensión descarada de establecer expresamente universidades con ánimo de lucro, la cual recibió un rechazo total en los sectores del estudiantado y los rectores de las universidades públicas y privadas, fue retirada trapaceramente del proyecto de ley de reforma por parte del presidente Santos, curiosamente luego de su visita a su homólogo chileno Sebastián Piñeira en Santiago, el cual se ha visto avocado a movilizaciones estudiantiles que pretenden establecer la educación como un derecho, el cual fue hurtado por la dictadura. Justamente la lucha a la que se ve empujada la sociedad colombiana es a impedir la plena instauración del modelo educativo pinochetista, y a procurar el establecimiento íntegro del mencionado derecho fundamental.
Empero, es ostensible como esta decisión del presidente Santos de retirar el proyecto ante la presión social es tan sólo una táctica para diferir la puesta en práctica de la mercantilización hasta sus últimas consecuencias:
“Tal vez no es el momento de introducirlo”, dijo refiriéndose al ánimo de lucro de las universidades
[13], lo cual puede hacerse extensivo el conjunto del proyecto de mercantilización profunda.
Es muy posible que este momento adecuado del que habla el mandatario colombiano se refiera a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU., el cual en su capítulo de inversiones contempla específicamente la educación universitaria. Este tratado de vasallaje es desde ya la amenaza central al derecho a la educación y en general para la sociedad colombiana.
Como si fuera poco lo anterior, el órgano encargado de la discusión y conformidad del proyecto regresivo de acuerdo al orden constitucional es nada menos que el congreso colombiano, un parlamento con unos cuestionamientos que en otra sociedad distinta a la colombiana sería catalogado sin ambages como ilegítimo por lo espurio y mafioso en la generalidad de sus curules; se encuentra dominado por paramilitares y demás adjuntos, como lo han determinado más de un centenar de procesos penales del poder judicial. Esperar una discusión en beneficio del país en esta instancia legislativa es una ilusión sin sentido a ser sopesada por el estudiantado y la sociedad.
¿Pero cuál es el supuesto de fondo a partir del cual se impulsa el que se disminuya la calidad en la educación y a la vez se la constituya en una mera mercadería susceptible de ser objeto de apropiación de acuerdo con los caudales?
Esto se relaciona con los nuevos (o más bien el retorno) de los papeles asignados a las naciones del sur por parte de los amos del norte personificados por los oprobiosos entes tecnocráticos como el citado BM, que si se analizan son los mismos establecidos en tiempos de los imperialismos español y portugués hace varios siglos para estas tierras y gentes.
El rol de pueblos latinoamericanos como el chileno, puertorriqueño
[14] o colombiano, para referirnos a quienes se abocan en el presente a luchas por la educación, al interior de la mundialización impulsada por el banco de siglas ya conocidas, es el de simples productores de materias primas, sin agregados de conocimiento, o máximo generadores de mano de obra semiesclava en maquiladoras. El conocimiento que debe llegar es uno devaluado y subsidiario de los centros de poder; esa es una división del trabajo mundial impuesta con medios nada pacíficos. El fin último de todo el proceso relatado es confeccionar una republiqueta con educación a fin a esta condición, pero con apariencia de pesado decorado de conocimiento científico de primera categoría. Educación pobre para los pobres, pero disfrazada de saber superior.
Un rector de la Universidad Nacional de Colombia (Marco Palacios) manifestó en un arresto de sinceridad hace unos años: “Quizás estamos enseñando demasiado, entregando profesionales que superan los requerimientos del mercado.” Para el pensamiento neoliberal en las naciones periféricas y clientelares, ¿para qué agrónomos si no va a haber campos para cultivar con tratados de libre comercio (TLC)?, ¿para qué veterinarios sin las bestias llegan como carne del extranjero? ¿Para qué médicos con conciencia social si para eso se ha mercantilizado la salud y la tiene a gusto exclusivamente quien posee dinero? Y con mayor razón, ¿para qué filósofos? ¿para qué sociólogos? ¿Cuál sería la razón de educar historiadores? ¿Y músicos u otros artistas, para que si están los del primer mundo ya domesticados?
No obstante, si de seguir los ejemplos del norte rico y opulento en la materialización de la inveterada fijación mental de las oligarquías latinoamericanas de la imitación de valores eurocentristas, se trata, pues se deben seguir los pasos de la nación con mejores resultados académicos de sus estudiantes en el mundo occidental: Finlandia. Allí la educación es pública, inclusiva, igualitaria, gratuita en todos los niveles, y con una alta calidad, en medio de un ambiente de investigación libre y de compañerismo.
Es evidente que por estos lados no se tienen destinados recursos para estos aspectos, si los hay abundantes para las armas y la contención del descontento. Pero existe una nación en el hemisferio que a pesar de sus limitaciones y sus dificultades tiene los mejores rendimientos en área de la educación y ha decidió que esta sea un sector fundamental en su vida como nación organizada. Allí sean reducido el número de estudiantes por aula, haciendo la enseñanza más personalizada: Cuba; “
aún con recursos inferiores y modelos políticos diferentes, en el proceso cubano se encuentran permanentemente las mismas ideas del modelo finlandés: control y financiamiento por parte del Estado, enseñanza gratuita, sistema muy estructurado, el niño y sus raíces culturales como centro del proceso educativo y la calidad como objetivo irrenunciable”
[15].No obstante sería un deliro pensar que gobiernos como el colombiano, el chileno o el puertorriqueño vayan a tomar en cuenta consejos como este y favorezcan sin una movilización general una clase de educación como la citada.
El esfuerzo de los estudiantes colombianos junto con el profesorado los cuales han detenido la implantación de la segunda fase del desmonte de la educación pública, y se aprestan a plantear al gobierno derechista una reforma en favor del derecho al conocimiento y la investigación en la educación universitaria, necesariamente se encontrará en choque frontal con un modelo social excluyente, en beneficio del capital, conducente al deterioro del nivel de vida de la mayoría de la población. En estas circunstancias, las luchas estudiantiles podrían tender a conectarse con las restantes que se desarrollan, cuyos movimientos mejor organizados y activos sorprendentemente se personifican en los sectores menos escolarizados en Colombia pero con una tradición de solidaridad y organización: los indígenas, afrodescendientes y en general los campesinos.
Si recordamos un poco la historia podemos entender que muchachas y muchachos construirán un nuevo proyecto de educación contemplando la puesta en práctica de un derecho, el cual será seguramente rechazado por el gobierno neoliberal, por impertinente e irrealizable, por supuesto, bajo los estrechos, inhumanos y testarudos cánones del capitalismo más mercantilista, como los que en vida exhibió Friedman.
No obstante, ante ello los estudiantes se han mostrado razonables con esa misma historia, y por tanto es presumible que en ejercicio de su exacerbada imaginación y fuerza se apresten a pedir lo imposible, pues asombrosamente en la realidad actual, no se puede con cierta lógica exigir menos.
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