María Torres y Medardo Samaniego acuden junto a sus tres hijos al cementerio de Playas para visitar la bóveda de Matías, quien falleció el 7 de febrero del 2011.
En una de las 500 bóvedas del cementerio Sabino Torbay Zahui, en Playas, están los restos del pequeño Dylan Matías Samaniego Torres. La suya se diferencia por un celeste cielo, un ángel que descansa acurrucado y la inscripción: “Fuiste un detalle de luz que iluminó momentáneamente nuestras vidas, al mismo tiempo nuestros corazones saltaron de alegría al ver que fuiste un regalo de Dios”. Pero también hay un dato en aquella lápida: entre la fecha de su nacimiento y muerte hay tan solo cuatro días.
Sus padres, María Torres, de 40 años, y Medardo Samaniego, de 39, perdieron la cuenta de las veces que, solos o junto a sus otros tres hijos, han visitado el refugio de su pequeño desde que lo enterraron, el 7 de febrero pasado. Su corazón dejó de latir por un shock séptico (síntomas de cuadro infeccioso) cuando estuvo internado en el hospital Francisco de Ycaza Bustamante, en Guayaquil.
Pero Dylan no fue el único que falleció. Fueron doce los neonatos, entre el 3 y 15 de febrero del 2011, que murieron por el brote de la bacteria Serratia marscenses y otras como la Pseudomono aeruginosa, la Escherichia coli y la Klebsiella psumoniae en ese hospital.
María viajó junto a Dylan desde Playas para hospitalizarlo en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) y así conseguir una termocuna y atención médica para sacar el líquido amniótico que su niño había tragado al nacer.
Sentados en el comedor de su vivienda, en el barrio Playas 2, Medardo hace silencio por unos segundos mientras cuenta la historia y las lágrimas comienzan a bajar por sus mejillas morenas que se arrugan por el llanto; su esposa lo mira y también llora. “Su vida fue breve, de cuatro días, pero está en nuestros corazones, lo extrañamos y lo amamos como si estuviera vivo, es nuestro hijo, nuestra sangre, pero para los médicos solo eran los neonatos porque no eran sus hijos”, dice Medardo.
En El Empalme, en el norte de Guayas, otra madre también tiene su historia de dolor. Allí, Lucía Álvarez, de 35 años, lamenta que solo sostuvo por un momento a su hijo Jesús Manuel Cedeño, antes de que lo transfirieran al hospital Francisco de Ycaza, desde Quevedo, donde alumbró. No lo volvió a ver hasta que su pequeño cuerpo regresó para la sepultura.
Jesús nació el 3 de febrero con distrés respiratorio (insuficiencia respiratoria grave) y su esposo, José, viajó hasta Guayaquil para hospitalizarlo. “Yo no pude viajar porque me operaron; me enteré de que mi hijo murió por la televisión. Me dio un preinfarto por la noticia y estuve delicada. Cuando mi esposo regresó todavía estaba con la mirada perdida porque me habían dado muchos calmantes porque una madre nunca espera perder un hijo”, dice Lucía, con voz entrecortada.
Tras la conmoción por la muerte de los neonatos, el Ministerio de Salud conformó dos semanas después una comisión integrada por médicos y miembros de la Organización Panamericana de la Salud, para que determinen la causa de la muerte de los primeros ocho, entre el 3 y 9 de febrero.
El resultado fue que no se logró identificar cuál fue el origen de la Serratia y se libró de culpas al personal del hospital, pese a que el entonces ministro de Salud, David Chiriboga, aseguró que se encontró la bacteria en las griferías y lavabos de la UCIN. Además, un informe del perito médico de la Fiscalía, Alberto Ramírez, asegura que no se cumplieron procedimientos de limpieza.
Para hallar responsables por la muerte de los bebés y conseguir que se adecúen las áreas de Neonatología conforme las normas de bioseguridad, las familias siguen un proceso fiscal desde el 9 de febrero del 2011.
En agosto, la Fiscalía formuló cargos por el presunto delito de homicidio inintencional en contra de Ricardo Alcívar Zambrano, jefe del servicio de UCIN, y de Leuterio Narea Avilés, de Mantenimiento. Luego, en octubre, vinculó a Patricia Parrales Cedeño, directora técnica del hospital, por homicidio culposo por imprudencia.
La fiscal que ha estado a cargo del proceso desde el 16 de febrero, Margarita Neira, deberá dar su dictamen este martes ante el juez 3º de Garantías Penales, Eduardo Díaz, quien decidirá si llama o no a juicio a los implicados en el caso de que el veredicto sea acusatorio.
Los padres esperan que el presidente Rafael Correa cumpla con la promesa que hizo en su enlace del 19 de febrero pasado, que de comprobarse que el desarrollo de esta bacteria fue por negligencia y falta de atención en el hospital, se sancionaría a los responsables. Y que si existiese responsabilidad del Estado, la asumiría.
María y Medardo entrelazan sus manos para darse valor y suspiran. “Lo amé antes de que naciera, era nuestra ilusión tener un cuarto niño, hoy ya caminaría, lo veo y lo imagino en cada niño que va de la mano de su madre y me digo ‘así cargaría yo a mi hijo’”, dice María, quien evita mirar la poca ropa que tenían lista para Matías y que aún conservan.
Sus padres, María Torres, de 40 años, y Medardo Samaniego, de 39, perdieron la cuenta de las veces que, solos o junto a sus otros tres hijos, han visitado el refugio de su pequeño desde que lo enterraron, el 7 de febrero pasado. Su corazón dejó de latir por un shock séptico (síntomas de cuadro infeccioso) cuando estuvo internado en el hospital Francisco de Ycaza Bustamante, en Guayaquil.
Pero Dylan no fue el único que falleció. Fueron doce los neonatos, entre el 3 y 15 de febrero del 2011, que murieron por el brote de la bacteria Serratia marscenses y otras como la Pseudomono aeruginosa, la Escherichia coli y la Klebsiella psumoniae en ese hospital.
María viajó junto a Dylan desde Playas para hospitalizarlo en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) y así conseguir una termocuna y atención médica para sacar el líquido amniótico que su niño había tragado al nacer.
Sentados en el comedor de su vivienda, en el barrio Playas 2, Medardo hace silencio por unos segundos mientras cuenta la historia y las lágrimas comienzan a bajar por sus mejillas morenas que se arrugan por el llanto; su esposa lo mira y también llora. “Su vida fue breve, de cuatro días, pero está en nuestros corazones, lo extrañamos y lo amamos como si estuviera vivo, es nuestro hijo, nuestra sangre, pero para los médicos solo eran los neonatos porque no eran sus hijos”, dice Medardo.
En El Empalme, en el norte de Guayas, otra madre también tiene su historia de dolor. Allí, Lucía Álvarez, de 35 años, lamenta que solo sostuvo por un momento a su hijo Jesús Manuel Cedeño, antes de que lo transfirieran al hospital Francisco de Ycaza, desde Quevedo, donde alumbró. No lo volvió a ver hasta que su pequeño cuerpo regresó para la sepultura.
Jesús nació el 3 de febrero con distrés respiratorio (insuficiencia respiratoria grave) y su esposo, José, viajó hasta Guayaquil para hospitalizarlo. “Yo no pude viajar porque me operaron; me enteré de que mi hijo murió por la televisión. Me dio un preinfarto por la noticia y estuve delicada. Cuando mi esposo regresó todavía estaba con la mirada perdida porque me habían dado muchos calmantes porque una madre nunca espera perder un hijo”, dice Lucía, con voz entrecortada.
Tras la conmoción por la muerte de los neonatos, el Ministerio de Salud conformó dos semanas después una comisión integrada por médicos y miembros de la Organización Panamericana de la Salud, para que determinen la causa de la muerte de los primeros ocho, entre el 3 y 9 de febrero.
El resultado fue que no se logró identificar cuál fue el origen de la Serratia y se libró de culpas al personal del hospital, pese a que el entonces ministro de Salud, David Chiriboga, aseguró que se encontró la bacteria en las griferías y lavabos de la UCIN. Además, un informe del perito médico de la Fiscalía, Alberto Ramírez, asegura que no se cumplieron procedimientos de limpieza.
Para hallar responsables por la muerte de los bebés y conseguir que se adecúen las áreas de Neonatología conforme las normas de bioseguridad, las familias siguen un proceso fiscal desde el 9 de febrero del 2011.
En agosto, la Fiscalía formuló cargos por el presunto delito de homicidio inintencional en contra de Ricardo Alcívar Zambrano, jefe del servicio de UCIN, y de Leuterio Narea Avilés, de Mantenimiento. Luego, en octubre, vinculó a Patricia Parrales Cedeño, directora técnica del hospital, por homicidio culposo por imprudencia.
La fiscal que ha estado a cargo del proceso desde el 16 de febrero, Margarita Neira, deberá dar su dictamen este martes ante el juez 3º de Garantías Penales, Eduardo Díaz, quien decidirá si llama o no a juicio a los implicados en el caso de que el veredicto sea acusatorio.
Los padres esperan que el presidente Rafael Correa cumpla con la promesa que hizo en su enlace del 19 de febrero pasado, que de comprobarse que el desarrollo de esta bacteria fue por negligencia y falta de atención en el hospital, se sancionaría a los responsables. Y que si existiese responsabilidad del Estado, la asumiría.
María y Medardo entrelazan sus manos para darse valor y suspiran. “Lo amé antes de que naciera, era nuestra ilusión tener un cuarto niño, hoy ya caminaría, lo veo y lo imagino en cada niño que va de la mano de su madre y me digo ‘así cargaría yo a mi hijo’”, dice María, quien evita mirar la poca ropa que tenían lista para Matías y que aún conservan.
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